Por más de cuatro décadas, el Estado Mexicano omitió cumplir con su función de regulador, facilitador, gestor y administrador del territorio y de las ciudades. Se asumió que, resolviendo los problemas del financiamiento de la vivienda y estableciendo un marco normativo respecto a la planeación territorial y urbana, los problemas de las ciudades y los territorios se resolverían como consecuencia de esas políticas. Sin embargo, no asumió otras funciones y mecanismos estratégicos que permitieran traducir lo que se estableciera en la planeación en políticas, instrumentos e intervenciones que tuvieran un efecto real en los territorios.

Las consecuencias de esas omisiones están a la vista de todos. Las ciudades crecieron de forma desordenada, generando una profunda segregación socio-espacial y, en su conjunto, restringiendo sustancialmente las posibilidades de muchas familias mexicanas de tener acceso a los benefactores que ofrecen las ciudades y los territorios ordenados y, por lo tanto, a encontrar un camino hacia su desarrollo. Más grave aun, se generaron condiciones adversas para las personas y familias más vulnerables, empujándolas a vivir en condiciones de alta marginación, generando una brecha cada ves mayor entre los grupos de ingreso bajo, y los de ingreso medio y alto. De ese modo, las ciudades de México se convirtieron en espacios de precariedad y no en espacios de oportunidad, como se esperaba.

En ese contexto se inserta la Política Nacional de Suelo (PNS), impulsada por la Sedatu y el Insus, que tiene en el centro recuperar la rectoría del Estado Mexicano sobre la gestión del territorio, y que busca recuperar también la función social y ambiental de la propiedad del suelo como eje rector para la toma de decisiones. En el fondo, se trata de establecer criterios para orientar la toma de decisiones a nivel local, pero también proveer mecanismos y herramientas prácticas que permitan implementar los criterios generales a través de decisiones e intervenciones locales.

Por lo anterior, mi trabajo al frente del Insus ha consistido en replantear sus funciones, para transitar hacia un quehacer institucional que va mas allá de la regularización de la tenencia de la tierra, con la implementación de la PNS y de los instrumentos de gestión que permitan reducir la presión y el crecimiento de los asentamientos irregulares, haciendo viable el desarrollo urbano. Esta transformación institucional ha sido muy compleja, ya que no solo ha consistido en establecer las bases de política pública, sino también la transformación de las propias estructuras operativas, los procesos y procedimientos internos y, sobre todo, transformar la visión que tiene cada uno de los y las trabajadoras del Instituto respecto a la función que debemos cumplir.

A cuatro años de distancia, el Insus ha logrado ampliar su capacidad operativa, regularizando un número mayor de lotes en cada ejercicio fiscal, pero también ha logrado estabilizar sus finanzas, generando mayores recursos propios, reduciendo sustancialmente la deuda institucional heredada, así como impulsando procesos de litigio estratégico para resolver los asuntos legales que se han generado históricamente.

Desde el punto de vista de la política pública, el Insus logró, por primera vez en su historia, contar con un proyecto de inversión para impulsar el primer proyecto de gestión del suelo en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, que generará una alternativa de suelo y vivienda bien localizada para mas de dos mil quinientas familias, en un proyecto urbano integral con usos de suelo mixto, espacio público, equipamientos y oportunidades de trabajo, bajo un esquema de auto financiamiento sostenible en el largo plazo. El proyecto, además, servirá como base para constituir un modelo alternativo de gestión del suelo en México, que podrá ser replicado en otras ciudades y avanzar hacia un mejor futuro urbano.