Desde meses antes del proceso electoral del 2018, el equipo del presidente Andres Manuel López Obrador, de Desarrollo Territorial, encabezado por el hoy secretario Román Meyer Falcón, se propuso realizar un trabajo sistemático de diagnóstico de las regiones de México, que partió de identificar los problemas centrales, para proponer soluciones concretas de inicio inmediato pero con la mirada puesta a 20 años. La encomienda fue aportar acciones para disminuir la enorme desigualdad socio territorial de México, agrabada por 30 años de neoliberalismo, recuperando la rectoría del Estado sobre el territorio.

El objetivo ha sido desde el principio lograr un territorio ordenado e integrado, en el que nadie se sintiera excluido. Llevar al espacio físico la consigna del presidente: no dejar a nadie atrás y a nadie fuera. 

El  Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024, publicado en junio de 2020, partía  de un diagnóstico muy duro de la realidad territorial mexicana:  

Es posible afirmar que la planeación del territorio ha sido escasa, excluyente, insostenible y rebasada por la necesidad territorial, urbana, agraria y de vivienda de todas las personas que habitan en el país. El resultado de dejar el uso y aprovechamiento del suelo al libre mercado no fue favorecedor, por lo que las brechas de desigualdad económica se ampliaron, las injusticias sociales crecieron y los impactos negativos en el ambiente se han vuelto, en muchos caos, irreversibles en el territorio nacional.

Habían pasado siete años desde la creación de la Sedatu y se vivían momentos difíciles por los escándalos derivados de la llamada Estafa Maestra, que encabezó la ex titular, Rosario Robles Berlanga. Un complejo proceso legal mostraba indicios de enormes recursos desviados en favor de funcionarios públicos y líderes políticos, en lugar de dirigirse a los temas urgentes que son responsabilidad de la dependencia.

Era necesario poner orden y planear, con base en nuevos principios,  más allá de lo inmediato. En abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que por primera vez en la historia de nuestro país, nos dotó de un instrumento rector del territorio con una visión a 20 años.

La ENOT fue producto de una profunda reflexión colectiva en el seno del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en el que participan más de 40 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas ocho secretarías de Estado; representantes de estados y municipios, de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, así como organismos de la sociedad, especialmente, contamos con la participación de destacados académicos de la UNAM que apoyaron este esfuerzo. 

Hoy contamos ya con nuevas metodologías ya publicadas que son rigurosas y a la vez simplificadas para la elaboración de los planes de desarrollo Urbano Municipal y Metropolitano. Estos documentos nos permiten dar un orden y sentido a la planeación urbana.

Esta nueva forma de planeación territorial ha permitido que los grandes proyectos estratégicos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Proyecto Tren Maya y el Corredor Transismico se sustenten en instrumentos de planeación participativos, integrales y con visión de largo plazo, como son los casos del Programa Territorial Operativo para el AIFA; el Programa De Ordenamiento Territorial Sur-Sureste y los Programas de Ordenamiento Estatales y Municipales derivados de ellos. En 2023 impulsaremos 150 Programas más de ordenamiento municipal, a fin de ordenar el crecimiento urbano en la mayoría de las ciudades de México.

Estos procesos de planeación en los que se conjuntan los esfuerzos de todos los órdenes de gobierno y decenas de dependencias federales, permitieron adquirir por medio del diálogo y el acuerdo, más de mil hectáreas para el AIFA y miles de hectáreas en los otros proyectos estratégicos con un consenso mayoritario de ejidos, comunidades y gobiernos locales. 

Pero no se trata de adquirir tierras para construir megaproyectos, sino dar un nuevo significado al espacio público y para ello hemos contado con el Programa de Mejoramiento Urbano, que  a través de su vertiente Mejoramiento Integal de Barrios, habrá invertido, al terminar 2023, más de 41 mil millones de pesos en más de mil obras y en más de 200 municipios. 

Espacios deportivos, plazas públicas, ágoras culturales, mercados, calles completas, ciclopistas, centros de atención a mujeres, niños, adultos mayores, skate parks, clínicas de salud, estaciones de bomberos, son parte de un intenso trabajo de transformación de las comunidades. En cada una de estas obras lo importante no es el número de metros construidos, sino la capacidad de autoridades y comités comunitarios para llenar de actividad y vida cada espacio. 

La transformación del territorio reside en construir miles de puentes físicos y simbólicos que permitan a personas que viven en lugares que antes eran marginados y excluidos, ser y sentirse parte de toda la ciudad y, por lo tanto, dueños y poseedores colectivos de espacios no solo funcionales, sino tambien dignos, motivadores y cálidos, que motiven a las familias a disfrutarlos, defenderlos y apropiarse de ellos.

Los espacios de este gobierno se construyeron abiertos, con puertas anchas y pocas rejas. Hay quienes piensan que es un error porque están vulnerables al vandalismo y a la delincuencia que tristemente nos afecta en muchos lugares. Sin embargo, nosotros partimos del principio de que en esta vulnerabilidad radica su fortaleza: quienes los usan saben que deben protegerlos cada día. Son espacios que llaman a la acción, a la defensa activa y apasionada, no a la tranquilidad de lo que se da por descontado. Esta será, si tenemos razón, la  transformación fundamental de este periodo.