El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), se constituyó por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 2 de abril de 1981 con el propósito de atender las necesidades de vivienda de la población preferentemente no asalariada y con ingresos menores a 2.5 veces el salario mínimo; del año 1981 hasta el 2006 financió más de 640 mil acciones de vivienda que beneficiaron no sólo a esas familias, sino a las comunidades completas. 

En esta administración, como parte de la reorganización de la Administración Pública Federal, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 2018, referente a la extinción de un conjunto de fideicomisos que fueron creados en administraciones anteriores, y con ello lograr reducir el gasto y hacer más eficiente la aplicación de los recursos públicos mediante la compactación de las áreas en la estructura del gobierno, evitando la duplicidad de funciones, la transparencia y la operación eficiente de los programas sociales, a nivel sectorial, se determinó iniciar los trabajos inherentes a la extinción del Fideicomiso.

En ese sentido, los trabajos del Fonhapo han sido encaminados a lograr su cierre de una manera adecuada y eficiente, para lo cual se han realizado diversas tareas como la obtención del dictamen favorable para dichos efectos; la aprobación del plan estratégico de extinción; la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se autoriza la desincorporación por extinción del Fonhapo; y la emisión de los lineamientos del proceso de desincorporación, mediante extinción.

Es importante señalar, que a la par de la realización los trabajos antes referidos, el Fonhapo de igual forma enfocó sus esfuerzos en la implementación de políticas públicas coordinadas por el sector, con la finalidad de apoyar a sus beneficiarios en la concreción de su derecho a la vivienda, preparando, los procesos necesarios para disminuir la causahabiencia del Fideicomiso a las entidades receptoras ante su cierre. 

Dichas políticas tienen el objetivo de concientizar a las autoridades estatales y municipales que existe una problemática que recae en primer término en su competencia, tratando de que ellos atiendan mediante su adquisición, la cartera local.

Asimismo, la aplicación de programas de descuentos institucionales, cuyo requisito principal es que se acrediten la escrituración individual de la vivienda, libre de gravamen. La búsqueda de alternativas jurídicas, en las que el Fideicomiso pueda adquirir los derechos registrales de los inmuebles, para estar en posibilidad de realizar la regularización de estos, ya que el carácter inicial del Fideicomiso ante los créditos otorgados es de acreedor hipotecario.

Además, la atención y asesoría a los beneficiarios y a los representantes de las asociaciones a través de sus ventanillas de atención al público con personal calificado.

Logrando como resultado la regularización 10 mil 759 acciones de vivienda mediante su escrituración, cabe mencionar, que la reducción en la cartera crediticia ha sido significante ya que al 31 de diciembre de 2018 se tenían 32 mil 746 acciones de vivienda con adeudo y a la fecha únicamente contamos con 23 mil  298.