La creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano vino a concluir un proceso de declinación creciente de la Secretaría de la Reforma Agraria, extinta de facto, a partir de la Reforma Constitucional de 1992 y la expedición, consecuente, de la Ley Agraria.  Fue un tópico recurrente hablar de una “nueva institucionalidad agraria” constituida por los Tribunales Agrarios, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y Fifonafe.

En efecto, lo limitado de las acciones de la secretaría, y al ser la única dependencia con incidencia en el sector que no contaba con atribuciones en la ley, requerían de un ajuste institucional, lo cual quedó plasmado en la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el 2 de enero de 2013. Esto dio lugar al surgimiento de la Sedatu que integró atribuciones de las secretarías de Reforma Agraria y de Desarrollo Social en materia territorial, urbano y de vivienda.

Los objetivos de la reforma significaron la importancia del aprovechamiento integral del territorio, con una base de sustentabilidad, el desarrollo agrario y el ordenamiento de los asentamientos urbanos.  Destaca de ello su alineamiento con el 3er párrafo del Artículo 27 Constitucional que alude a la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el territorio de los núcleos agrarios.  Incluye los recursos forestales, silvícolas y los minerales que no se encuentran en el subsuelo, así como aquellos recursos susceptibles de explotación acuícola, silvícola e incluso para el turismo y la recreación.

La diversidad de ordenamientos jurídicos en materia de equilibrio ecológico, minería, desarrollo forestal, manejo hidrológico, pesca y acuicultura en la actualidad no guardan la debida congruencia con la priorización y ejercicio del derecho por parte los núcleos agrarios. Enfatizamos que, como consecuencia de esta falta de congruencia, la titularidad del derecho sobre la tierra no garantiza el aprovechamiento de esos recursos.  

La posibilidad de dar un sentido de visión del territorio como un “continuum”, que incorpora, de manera cambiante lo rural y lo urbano, requirió del impulso de políticas públicas que dieran un sentido preciso a esta concepción.

Durante el sexenio pasado lo agrario pasó a ser la última prioridad de la recién creada Sedatu y sólo destacó la importancia que se dio a la enajenación de terrenos nacionales desde una perspectiva de especulación.

En el Gobierno de la 4ta. Transformación, se ha trabajado con una visión integral del territorio, en donde lo agrario y lo urbano guardan una adecuada participación en la planeación, ha sido un esfuerzo constante, no exento de dificultades pero resalta la voluntad política para dar un sentido de equilibrio territorial, en donde lo agrario adquiere pertinencia y prioridad para impulsar el desarrollo social a los núcleos agrarios, en lo cual destacan:

  • Que nuestro país no puede prescindir de una política agraria por su importancia territorial (más del 50% del país).

  • Se requieren acciones para garantizar el desarrollo y la paz social.