De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública el término se popularizó con el expresidente estadounidense Barack Obama que en enero de 2009 emitió un documento denominado “Memorando de transparencia y gobierno abierto”, mediante el cual mandataba que su gobierno debía ser:
1. Transparente. La transparencia promueve la rendición de cuentas y permite a la ciudadanía saber qué es lo que hace su gobierno.
2. Participativo. Porque mejora la efectividad y la calidad de las decisiones.
3. Colaborativo. Permite que las personas puedan involucrarse en el trabajo que hace su gobierno.
No hay que dejar de lado que en las democracias de todo el mundo se dio una crisis de representatividad que, junto con una capacidad estatal para la resolución centralizada de los problemas públicos rebasada, trajeron consigo la necesidad de repensar la relación gobierno-sociedad.
El Centro Latinoaméricano de Administración para el Desarrollo, aprobó en 2016 la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, en la que señala que el gobierno abierto es:
“El conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo.”
Aquí encontrarás los compromisos adoptados en los planes de acción primero, segundo, tercero y cuarto de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), con sus respectivos resultados, seguimiento o avances, además de los ejercicios de gobierno abierto con los que cuente la dependencia.
Por el momento no existen compromisos adoptados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
El Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU) 2021-2024, es el instrumento de planeación determinado en la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, que guarda congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040, cuenta con una visión integral y es resultado de un esfuerzo colectivo de planeación sectorial participativa.
La formulación del PNOTDU tiene como base el territorio, que es el elemento transversal de la mayoría de las políticas de la Administración Pública Federal, en el que se encuentran desigualdades y brechas sociales que implican la intervención conjunta de los tres órdenes de gobierno, así como los sectores público, social y privado, con el objeto de contar con un instrumento de planeación que bajo el principio “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, establece la reorientación de los usos, ocupación y aprovechamiento sostenible del territorio; integra las dimensiones ambiental, social, cultural y económica; trasciende los ámbitos rural y urbano al considerar las escalas municipal, metropolitana, estatal, regional y nacional; promueve el cuidado de la biodiversidad y reconcilia a las personas con su entorno natural.
Para la elaboración del PNOTDU, destaca el apoyo de las Unidades Responsables de la SEDATU, así como de los representantes de las entidades del sector: Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Procuraduría Agraria (PA), Registro Agrario Nacional (RAN), Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), cuyas aportaciones enriquecieron la definición de las líneas de acción y las metas para el bienestar.
Para saber más sobre este proyecto que nos involucra a todas y a todos, da click aquí.
Programa Nacional de Reconstrucción.
Ante el rezago de atención a las comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 en la región centro-sur del país, el Gobierno de México vio la necesidad de impulsar el Programa Nacional de Reconstrucción como uno de sus programas prioritarios, asumiendo la responsabilidad del Estado en la protección y garantía de los derechos humanos de las personas y las comunidades afectadas. El Programa contempla la participación de los gobiernos estatales y municipales, así como de todos los sectores sociales, coordinados por el gobierno federal y dentro de un solo programa.
Este proceso de reconstrucción sólo será posible si lo hacemos de la mano con la sociedad, por ello, el Programa Nacional de Reconstrucción promueve la transparencia y rendición de cuentas, para que la ciudadanía pueda verificar que los recursos disponibles sean utilizados en forma adecuada, de manera que todo el proceso se desarrolle en un entorno de corresponsabilidad y cuente con la confianza de todos los participantes.
Para garantizar la participación social, la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de los recursos asignados al Programa Nacional de Reconstrucción, se promoverán acciones para la integración, operación y seguimiento de la Contraloría Social por sector
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La Contraloría Social es el mecanismo de participación de las personas beneficiarias para que, de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de metas y acciones comprometidas, así como la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al Programa Nacional de Reconstrucción, en los sectores de educación, salud, vivienda y cultura.