De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), “el turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales”. Dicho movimiento comprende una serie de procesos derivados de las actividades que realizan las personas a lo largo de sus viajes y estancias temporales. Se trata, por lo tanto, de una materia que tiene relación con múltiples sectores de la administración pública y con una gran diversidad de actores privados.
El desarrollo de la política turística tiene como objetivo ser un motor del desarrollo económico, promoviendo la inversión nacional y extranjera, coadyuvando en el crecimiento económico, generando empleos, contribuyendo positivamente a la balanza de pagos, detonando del desarrollo regional y beneficiando la inclusión social; sin embargo, para que sea sostenible, es fundamental que el crecimiento del turismo y sus beneficios se dé en un marco de pleno respeto al medio ambiente y a los recursos culturales.
En este marco, es claro que por la naturaleza transversal y el grado de complejidad que representa el desarrollo de la política turística, la acción gubernamental, aún en ejercicio de todas sus facultades y recursos, resulta insuficiente. Es decir, el gobierno es un agente de dirección primordial pero que no puede hacer todo por sí solo, requiere necesariamente de las capacidades y recursos de los actores privados y sociales, así como de su alineación estratégica.
En el Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo 2017 del Foro Económico Mundial, de las 136 economías evaluadas, México ocupa el lugar número 22 del ranking global, no obstante, específicamente en la categoría denominada Sostenibilidad del medio ambiente, el país ocupa el lugar 116, muy por debajo de la clasificación de países como Canadá, Chile, Perú o El Salvador.