MODERADOR: Vamos a escuchar a continuación la intervención del maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

MAESTRO LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.

Muy estimado señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Muy distinguidas y distinguidos integrantes del presídium.

Estimadas legisladoras y legisladores.

Amigos y amigas presidentes y presidentas de comisiones estatales de Derechos Humanos; consejeras y consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

A través de los años, los representantes del Gobierno de la República han atestiguado, en estas ceremonias de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, el compromiso y la labor de muchas mexicanas y mexicanos, que han asumido la causa de la dignidad humana como propósito y camino de vida.

Aunque los llamados y denuncias que desde este estrado se han formulado por un mayor respeto a la legalidad, a los derechos y libertades básicas de las personas, así como por la defensa y atención a los reclamos de las víctimas y de la sociedad, no han encontrado suficiente eco, ni obtenido las respuestas integrales esperadas.

Esta ocasión en que la ceremonia de entrega de este premio nacional regresa a la sede histórica del Poder Ejecutivo resulta significativa, en atención al hecho de que México atraviesa por una situación particularmente grave en el ámbito de los derechos humanos.

Como su gobierno lo acaba de reconocer, ante la instancia continental de promoción y defensa de los mismos, y frente a la serie de transformaciones a que hemos sido convocados por su administración.

Su mandato parte de una indiscutible decisión mayoritaria de la sociedad mexicana para buscar un cambio, que nos permita dejar atrás prácticas y problemas que han marcado a México durante las últimas décadas, y que se expresan en los binomios: violencia e inseguridad, corrupción e impunidad, así como pobreza y exclusión.

Las víctimas y la sociedad mexicana acumulan una serie de demandas no cumplidas y otros agravios que deberán ser atendidas y subsanadas, si se aspira a recuperar la confianza y cercanía de la gente con las instituciones.

México demanda un cambio y una transformación. Pero sustentada en el respeto a la Constitución, a las leyes, a los derechos, así como a los recursos y garantías que nuestro sistema jurídico concede y reconoce a todas las personas.

La corrupción viola derechos humanos, al igual que la impunidad, la violencia, la inseguridad y la exclusión.

Todos son factores que han incidido negativamente en nuestra convivencia social y en la calidad de vida de las personas, las cuales, no obstante gozar de un amplio catálogo de derechos, jurídicamente reconocidos desde hace varios años, han visto que los mismos son frecuentemente vulnerados.

De ahí la importancia de las voces que se han alzado para pugnar no solo por el reconocimiento de los derechos, sino también, porque se cuente con mecanismos reales para su garantía y defensa.

Siendo éste tan solo uno de los ámbitos donde podríamos destacar la trascendente labor que ha desarrollado el doctor Héctor Fix Zamudio, quien hoy recibe el Premio Nacional de Derechos Humanos.

Académico, investigador, universitario de excepción humanista y, por derecho principio, uno de los pilares y referentes indiscutibles del desarrollo y consolidación de los derechos humanos y sus mecanismos de garantía en México e Iberoamérica.

Destaco el papel de don Héctor Fix Zamudio como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos periodos, incluso, antes de que México aceptara la competencia contenciosa de dicho tribunal; así como en la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías de las Naciones Unidas. Ejemplo de coherencia y responsabilidad personal y profesional.

Desechó diversos ofrecimientos de cargos públicos y nombramientos, inclusive, para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su convicción y compromiso académico, para seguir formando personas e investigadores dentro de Universidad Nacional Autónoma de México.

En particular, es indiscutible que el doctor Fix Zamudio es, junto con el doctor Jorge Carpizo y otros juristas notables, como Diego Valadés y Sergio García Ramírez, uno de los principales estudiosos de esta figura y responsables en buena medida del desarrollo en Iberoamérica de una cultura de protección y defensa de los derechos humanos.

Al entregar este premio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce la labor y trayectoria de una de las personas que la hicieron posible.

La CNDH es y ha sido una institución del Estado, independiente de gobiernos, partidos, intereses políticos o de cualquier otra índole; cuya vocación y justificación última está en el servicio a México, y a las y los mexicanos. A quienes, durante sus más de 28 años de existencia, este organismo nacional ha acompañado como un contrapeso institucional ante los abusos de poder, siendo una vía para que los derechos de las personas se defiendan y se protejan.

La CNDH siempre ha estado del lado de la ley y de la gente.

Esta Comisión Nacional surge por la necesidad de defender la dignidad humana y los hechos inherentes a la misma, por lo que bajo ningún concepto es producto de un modelo o sistema económico.

Nuestro trabajo de mediación, conciliación, así como nuestras denuncias, exhortos y recomendaciones han sido posibles solamente por una condición inmutable e indispensable para el funcionamiento del ombudsman, su autonomía plena e independencia de todo poder e interés.

La autoridad que pretende vulnerar esta independencia y menoscabar nuestra autonomía, vulnera los principios democráticos y siembra las semillas de un autoritarismo despótico, que contraviene la esencia misma de nuestra Constitución y de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido a favor de la dignidad humana.

En la CNDH defendemos derechos no defendemos privilegios. La base de nuestra actuación, en ese sentido, está en lo dispuesto por la Constitución y por las leyes, al margen de decisiones políticas y coyunturales.

Compartimos la premisa de que la austeridad permee la vida política, y llamamos la atención sobre la necesidad de que, sin violentar derechos, se revisen las estructuras democráticas con un enfoque integral, informado y coherente, que trasciende el ámbito de las cuestiones salariales, y atienda las causas de las ineficiencias y problemas que han prevenido que México cuente con la institucionalidad fuerte que requiere.

No debe estigmatizarse el servicio público. Por el contrario. Debe fortalecerse para que, mediante servicios profesionales de carrera, reales y operativos, sea opción de vida para las y los mexicanos, logrando que nuestro país cuente con la burocracia especializada y profesional, que permita y garantice el normal desarrollo de las instituciones, con independencia de los cambios de gobierno y, a la vez, la preserve de ellos.

La capacidad, integridad y compromiso de los servidores públicos no depende o está condicionada al tipo de cargo que ocupen.

Estamos convencidos de que la necesidad y conveniencia de ajustar, tanto aquellas remuneraciones que resultan excesivas, como aquellas que son insuficientes. Pero tal cuestión debe hacerse siguiendo estándares internacionales, bajo parámetros objetivos y fundados en la Constitución, que no vulneren derechos, precaricen y debiliten el servicio público.

Y que más allá de que utilicemos un discurso que nos polarice y divida, asumiendo la virtud o los vicios de una persona, en razón del tipo de cargo que desempeña, empecemos a hablar de méritos, capacidades y profesionalismo.

Por sus leyes, México indudablemente es un país de derechos. Sin embargo, los cambios normativos no han sido suficientes para alcanzar la vigencia real de los mismos.

La violencia ha marcado la vida nacional en los últimos años, misma que si no ha sido ejercida, no ha podido ser prevenida o contenida por el Estado, algunos de cuyos miembros, inclusive, han llegado a tolerar o ser partícipes de hechos tan graves, como Aguas Blancas, Acteal, Apatzingán, Tanhuato, Nochixtlán o Iguala. Casos en los que el común denominador sigue siendo la impunidad que impera respecto de los mismos.

La reconstrucción del tejido social y la búsqueda de la paz no pueden legitimar la impunidad o promover medidas que desvíen o condicionen la verdad y el que se concrete la justicia.

México y sus víctimas no olvidan. Son muchas las personas que en una lucha histórica han arriesgado, sacrificado su vida por la consecución de una sociedad democrática, donde los derechos sean vigentes y las personas cuenten con instituciones que las protejan de los caprichos y abusos de poder.

En este año la mención honorífica del Premio Nacional de Derechos Humanos va a Tita Radilla, víctima y luchadora social, que desde su dolor ha construido las bases para una labor por la vigencia de los derechos humanos; porque nuestro país no olvide a sus desaparecidos, incluidos los de la llamada Guerra Sucia, porque la verdad, la justicia y la reparación no se diluyan con el paso de los años. Y la lucha de aquellos que hoy no están no se olvide, no sea en vano.

Su labor ante las instancias interamericanas de protección y defensa de los derechos humanos contribuyó a redefinir el ámbito de los derechos humanos en México y sentó las bases para transformar nuestro sistema jurídico con la reforma constitucional del 2011.

No podemos engañar a la historia. El olvido no trae verdad, ni es sustituto de la justicia. Sólo si alcanzamos la verdad podemos aspirar a que la justicia deje de ser una aspiración y se materialice en la práctica.

Sin verdad, no habrá verdadera justicia. Sólo una aplicación parcial y condicionada de las normas, que más que justicia, legaliza la impunidad y la preserva.

Sobre el olvido no se puede construir justicia. El problema de las desapariciones en México no se limita a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Sus alcances son mayores. Hay miles de desaparecidos. No sólo nos faltan 43, nos faltan más de 37 mil mexicanas y mexicanos, que están esperando que el Estado emprenda acciones concretas y efectivas para atender sus casos.

En este sentido, lo hemos dicho: la justicia transicional puede ser una vía que permita solucionar algunos de los retos que enfrentamos como país. Pero no es una panacea o receta única para tales efectos. De hecho, es preciso generar en México las condiciones que posibiliten su implementación y la hagan viable.

Los desafíos en este ámbito no son sencillos. Siendo tal vez uno de los más complejos los términos y condiciones, bajo los cuales puede operar en un entorno de criminalidad y violencia, como el que vive México. Ya que habitualmente se ha aplicado cuando están por superarse situaciones de conflicto interno, tales como dictaduras o guerras civiles, donde se cometieron violaciones a los derechos humanos. Más no es frecuente que se haga frente a las actividades de grupos delincuenciales, como lo es el llamado crimen organizado.

Los mecanismos de justicia transicional no pueden significar una renuncia a la legalidad, un menoscabo de la institucionalidad democrática o el establecimiento de instancias que estén por encima de la ley y de los derechos de las personas; que busquen la aplicación de una justicia discrecional o sesgada, sin rendir cuentas de sus actos o vulnerando sus garantías de defensa y debido proceso.

Suponer que estos mecanismos sean sustitutivos o estén por encima de las instituciones e instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia, es un punto de partida erróneo, que no debemos permitir que se presente.

Desde la CNDH, hemos sostenido que México necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo o no de cualquier tipo.

Requerimos la seguridad propia de un estado democrático de derecho, donde las instituciones civiles no estén subordinadas, ni acotadas a mandos o estructuras militares; donde los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no estén condicionadas a actuaciones autoritarias o discrecionales.

Donde el respeto y la aplicación de la ley, así como la debida investigación y persecución de los delitos, sean cuestiones prioritarias.

Nuestro país no puede permitirse renunciar a la institucionalidad civil y democrática.

Reconocemos que en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, se establecen diversos puntos de carácter preventivo en materia de seguridad pública. Se parte de un enfoque social en la interpretación de la problemática que enfrenta el país en materia de seguridad y justicia; se busca una política inclusiva para todos los derechos, incluidos los vinculados a la seguridad de las personas. Se propone repensar las políticas de uso y consumo de drogas, bajo un enfoque de integralidad, y se incluye una perspectiva multidimensional de construcción de paz que estimule y promueva la convivencia armónica entre las personas, de manera complementaria a las políticas de reducción de la violencia.

Sin embargo, este organismo nacional no puede dejar de llamar la atención, al igual que en su momento lo hizo frente a la Ley de Seguridad Interior.

Sobre los riesgos implícitos en privilegiar las acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza, en particular con el establecimiento de una Guardia Nacional que, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, contraviene lo previsto actualmente en la Constitución; así como por principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, en el sentido de que las tareas de Seguridad Pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse al mínimo indispensable la participación militar en dicho ámbito.

Además, los problemas de seguridad requieren ser abordados de manera integral.

Por mejor capacitada que esté una policía, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad, si no contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles.

De igual forma, como este organismo nacional lo hizo cuando se intentó plantear como salida frente al incremento de los índices delictivos, el aumento de las conductas ilícitas sujetas a prisión preventiva oficiosa, no puede dejar de señalar, ante las iniciativas recientemente aprobadas en este ámbito, que tal cuestión contraviene lo previsto por la Constitución, que establece que tal medida es de carácter excepcional.

Además de que, con el marco normativo actual, con el actual marco jurídico todos los delitos respecto de los cuales se plantea la Reforma Constitucional podrían ser objeto de prisión preventiva siempre y cuando el Ministerio Público así lo solicitara al Juez, sustentando debidamente su petición.

La ampliación del catálogo de delitos que se proponen, no garantizaría de modo alguno el que el Ministerio Público cumpliera con su obligación de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente. Con lo cual subsistiría el problema de que los imputados, aun siendo responsables del delito, pudieran obtener su libertad al término del procedimiento penal como consecuencia de una investigación deficiente.

Sobre este particular, garantizar la implementación y operación de las fiscalías autónomas, con recursos y capacidades pertinentes y suficientes, resulta de fundamental importancia.

Señor Presidente:

La decisión mayoritaria de los votantes, que permitió su elección como Presidente de México, lo volvió representante no solo de quienes sufragaron a su favor, sino de todas las mexicanas y mexicanos.

Usted nos ha convocado a participar y fijado como meta de su administración que sea la cuarta transformación del país, junto con la independencia, la reforma y la revolución en las que se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional; lograr el predominio del poder civil y la restauración de la República, así como la justicia y la democracia, respectivamente.

En esta transformación usted marca como su objetivo convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. Compartimos su propósito y objetivos, y queremos trabajar para lograrlos.

Las tres primeras transformaciones estuvieron marcadas por la división interna, la violencia y la confrontación fratricida. Éstas no deben ser las pautas o características de esta cuarta transformación.

Por el contrario, el ideal de fraternidad marca la necesidad de que este cambio se sustente en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana. Los derechos humanos deben ser el eje de la cuarta transformación.

Esta meta de legalidad y fraternidad hacen necesario, entre otras cosas, que no se condene o estigmatice el legítimo ejercicio y defensa de los derechos; que se respete la pluralidad y el disenso; que no se debilite la institucionalidad democrática, precarizándola o haciéndola administrativamente inoperante.

Que se respete el equilibrio de poderes y las competencias constitucionalmente establecidas; que la ignorancia y la pobreza no sean vistas como virtudes, sino como condiciones que deben superarse, si en realidad se busca el desarrollo del país, partiendo del bienestar de sus habitantes.

Que se respete la Constitución y las leyes, como producto histórico de las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo.

Los diferendos entre los Poderes de la Unión deben dirimirse en el marco de la Constitución y sus leyes. No deben transformarse en confrontaciones que polaricen posiciones y dividan a las instituciones y a la sociedad.

Sobre la necesidad de preservar y respetar la Constitución, así como el respeto a la importancia de los derechos, el benemérito de la Patria dijo: “usaré todos los medios que caben en mis facultades para sostener ese código sagrado, cooperando al desarrollo de los principios humanitarios que contiene, a fin de que eche raíces profundas en los corazones de los mexicanos, y sea en lo sucesivo la salvaguardia de las libertades públicas la única bandera que sigamos para no someternos jamás a la voluntad caprichosa de ningún hombre”.

Es momento de que tomemos en serio los derechos humanos, de que comprendamos que los mismos son el único elemento en el que podemos sustentar los cambios que como país demandamos, para lograr la meta de que alcancemos la legalidad y la justicia en la paz.

Muchas gracias por su atención.

MODERADOR: Invitamos a ustedes a presenciar la proyección de un video que refleja la vida y las actividades del galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, doctor Héctor Fix.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

MODERADOR: Invitamos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que, acompañado del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Consejo de Premiación del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, maestro Luis Raúl González Pérez, tenga a bien hacer entrega de la medalla y diploma a la ganadora de la mención honorifica de este premio, la señora Tita Radilla Martínez.

En representación de la señora Radilla Martínez, recibe este reconocimiento la señora Nancy Jocelyn López Pérez, directora de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

(ENTREGA DE MEDALLA Y DIPLOMA)

MODERADOR:  De igual manera, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos harán entrega de la medalla correspondiente, diploma y cheque al galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, doctor Héctor Fix Zamudio.

En representación del doctor Héctor Fix Zamudio, recibe el premio el doctor Héctor Fix Fierro, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e hijo del galardonado.

(ENTREGA DE PREMIO)

MODERADOR: A continuación, en representación del galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, doctor Héctor Fix Zamudio, escuchemos las palabras del doctor Héctor Fix Fierro, hijo del galardonado.

DR. HÉCTOR FIX FIERRO: Muy buenas tardes.

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Maestro Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Doctora Leticia Bonifaz Alfonzo, representante personal del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales.

Doctora Olga María Sánchez Cordero Dávila, Secretaria de Gobernación.

Distinguidos y distinguidas integrantes de la mesa de honor.

Estimados familiares, amigos y colegas.

Señoras y señores:

Con la ayuda de mi hijo Héctor y por su conducto, deseo dirigir a ustedes unas muy breves palabras de saludo y agradecimiento por el premio, que inmerecidamente se me ha conferido.

En particular, agradezco profundamente la presencia en este acto del Presidente de la República, lo que no solo le da un realce particular y refuerza la importancia que tiene este premio nacional, sino también la causa que éste representa y el compromiso al que convoca al Gobierno, a todas autoridades públicas de nuestro país y a la sociedad mexicana en su conjunto.

Me parece también muy significativo que este acto se lleve a cabo en el día en que conmemoramos el septuagésimo Aniversario de la Aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Me disculpo por no estar presente de manera física en la ceremonia, aunque sí lo estoy en espíritu. He escuchado en repetidas ocasiones a mi muy querido amigo el doctor Guillermo Soberón decir que es malo llegar a viejo, pero que es peor no llegar.

Sin embargo, aunque ya he cumplido 94 años en un estado de salud razonable para esa edad, ya no es me es posible participar en eventos académicos y ceremonias públicas, como sucede el día de hoy.

Lo lamento, en verdad. Y ofrezco disculpas nuevamente.

Como en todas las ocasiones en que se me han conferido premios y distinciones, que me parecen inmerecidos para mis escasos méritos, en esta oportunidad me parece justo reiterar nuevamente que recibo este importantísimo premio en representación y compañía de mis colegas y amigos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, al que ingrese hace más de 60 años como investigador a contrato, mientras me desempeñaba todavía como funcionario en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que renuncié en 1964, para dedicarme de tiempo completo a la Universidad.

Ésta es la casa a la que he dedicado todos mis esfuerzos académicos y la que me ha permitido desarrollar mis modestas investigaciones, sin más mérito que mi perseverancia en ella por tantos años.

Así, pues, mi agradecimiento es, también, para la universidad, para el instituto y para toda su comunidad académica, a la que de manera entusiasta y desde hace muchos años se ha comprometido con el estudio y la defensa de los derechos humanos en nuestro país y en nuestro continente.

Aunque mi interés por la defensa y protección de los derechos fundamentales surgió desde los tiempos en que laboraba como funcionario en el Poder Judicial de la Federación, a través de mi contacto cotidiano con el juicio de amparo, que es el instrumento más eficaz que ha desarrollado nuestro ordenamiento jurídico para lograr esa defensa y protección, fue en el Instituto de Investigaciones Jurídicas donde se inició el Estudio Académico de los Derechos Humanos como concepto más amplio, abierto e internacional que el de las tradicionales garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución de 1917.

Me permito recordar así que, a fines de 1968, hace exactamente 50 años, se había organizado, a iniciativa de nuestro instituto, un curso sobre derechos humanos para profesores latinoamericanos, bajo la coordinación de don Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidida, entonces por el notable jurista mexicano don Gabino Fraga, y con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular era el no menos reconocido jurista, don Antonio Carrillo Flores, pero el conflicto universitario de ese agitado año impidió llevarlo a cabo.

El mencionado curso debía desarrollarse, precisamente, durante noviembre y diciembre de 1968, con el objeto de conmemorar el vigésimo aniversario de la declaración universal de los derechos humanos, pero tuvo que aplazarse por la razón que ya he mencionado hasta los primeros meses de 1969.

Sin embargo, dos de los más prestigiados invitados a impartir sus enseñanzas a los asistentes al curso, los ilustres profesores René Cassin y A. H. Robertson no pudieron aplazar su visita, originalmente programada para el mes de diciembre de 1968.

Debo mencionar que Cassin había formado parte de la comisión que elaboró la declaración universal de 1948, y en 1968, justamente, se hizo acreedor al Premio Nobel de la Paz.

Robertson también se había distinguido en la enseñanza y promoción de los derechos humanos, y por entonces era jefe de la dirección de los derechos del hombre del Consejo de Europa.

La presencia de ambos en nuestro país da cuenta el nivel y la relevancia que tuvo el curso, la mayoría de cuyos trabajos fue publicado unos años después por la UNAM, en el extenso volumen intitulado: 20 años de evolución de los derechos humanos.

A partir de esta obra, nuestro instituto ha publicado un número verdaderamente amplio de trabajos en materia de derechos humanos, los que están fácilmente accesibles en su biblioteca jurídica virtual.

Paulatinamente, lo que parecía un tema de estudio puramente académico y algo exótico en el ambiente de nacionalismo jurídico, que privaba en el país, fue adquiriendo realidad normativa e institucional.

En 1981, el Ejecutivo Federal decidió ratificar tres de los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José.

Estos instrumentos ya habían entrado en vigor unos años antes. Su ratificación por nuestro país los convirtió en parte de la Ley Suprema de la Unión por conducto de lo dispuesto en el artículo 133 de nuestra Constitución.

Otra faceta de la creciente relevancia de los derechos humanos en nuestro país ha sido la participación de numerosos ciudadanos mexicanos en los organismos internacionales de la materia a propuesta del gobierno de nuestro país.

Además, del cargo que tuve el honor de ocupar en la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, y de mi designación como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, menciono entre otros distinguidos juristas a los queridos amigos y colegas del instituto que han desempeñado algunas de estas importantes funciones en años recientes.

El maestro Alonso Gómez Robledo Verduzco, quien fue miembro alterno de la Subcomisión en Naciones Unidas; el doctor Sergio García Ramírez, juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, actual juez y presidente de la misma corte; la maestra Rosa María Álvarez González, quien actuó destacadamente como juez en el caso conocido como Campo Algodonero, ante la propia corte, y el doctor José de Jesús Orozco Henríquez, quien se distinguiera como miembro y también presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otro muy importante hito en la protección y defensa de los derechos humanos en nuestro país fue la paulatina introducción de la institución escandinava del ombudsman, la cual tuvo una difusión extraordinaria en muchos países del mundo en la segunda postguerra, al punto de que se le ha calificado como institución universal, aunque todavía era muy poco conocida y estudiada en nuestro país.

Yo empecé a interesarme en la institución desde los años 60 y desde entonces estuve pendiente de los avances legislativos y doctrinales en otros países. Afortunadamente también logré transmitir mi interés a otros colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en particular a los jóvenes constitucionalistas Jorge Carpizo y Diego Valadez, cuyos propios estudios de esfuerzos por introducir la institución en nuestro orden jurídico rendirían frutos decisivos en los años 80 y 90.

Al ser designado rector de nuestra universidad, Jorge Carpizo dio un importante paso adelante en la instauración de la institución, gracias a su propuesta de creación de la defensoría de los derechos universitarios, cuyo estatuto fue aprobado por el consejo universitario el 29 de mayo de 1985.

El segundo paso fue la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, primero, por decreto presidencial de 6 de junio de 1990, que la estableció como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y luego como organismo autónomo, de acuerdo con las reformas constitucionales de 1992 y 1999. Por cierto, la reforma de 1992 fue la primera que introdujo el concepto de derechos humanos en nuestra Constitución.

Jorge Carpizo no fue solamente el motor detrás de la creación de la comisión, sino que como presidente fundador desplegó una intensa actividad, gracias a la cual la comisión pasó de ser una modesta oficina a un pujante organismo, que se ha vuelto indispensable en nuestra vida pública, capaz de someter a un escrutinio cada vez más riguroso el comportamiento de las autoridades administrativas. Por esta razón, considero justo rendir en esta ocasión un sentido homenaje a su memoria.

Mi proximidad con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se hizo más estrecha al ser designado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado el 16 de abril de 1998, como miembro del consejo consultivo de dicho organismo, función que desempeñé puntualmente durante 10 años.

En esa calidad, propuse al entonces presidente de la comisión, el doctor José Luis Soberanes, y al propio consejo consultivo, la idea de que pudieran expedirse también recomendaciones generales en aquellos casos en que, no obstante haberse dictado varias recomendaciones particulares, no se hubiera corregido la situación y fuera conveniente, por tanto, insistir en la necesidad de dar una solución más amplia al problema identificado por la comisión.

Desde el año 2001, la comisión ha dictado 34 recomendaciones generales. Hace unos meses he publicado un modesto estudio de sistematización de las 31 recomendaciones generales expedidas hasta julio de 2017.

En dichas recomendaciones podrán encontrar ustedes claramente diagnosticados algunos de los principales problemas estructurales de nuestro país en materia de derechos humanos, los abusos de las autoridades encargadas de la seguridad pública en la detención y trato de los presuntos delincuentes; el desorden y la violencia en nuestro sistema penitenciario, y las diversas afectaciones que sufren los derechos de las personas privadas de su libertad; las arbitrariedades en la práctica de verificaciones migratorias; la discriminación y los abusos contra miembros de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los alumnos de las escuelas públicas; los atentados a la libertad de expresión a través de las agresiones a periodistas, comunicadores y personas defensoras de derechos humanos; la violación de los derechos de las víctimas.

Hay otros temas puntuales que quizá irán adquiriendo importancia en el futuro, como la protección del ambiente, el matrimonio igualitario, el derecho a la salud, la violencia contra las mujeres o el salario mínimo.

Aunque las autoridades y los organismos a los que se dirigen estas recomendaciones generales no tienen obligación de darles respuesta, ni de cumplirlas, consideramos que por su trascendencia sí deben darles respuesta e incluso hacer un compromiso explícito que de este modo sería obligatorio de irles dando cumplimiento, pues de ello depende que haya un progreso real y sostenido en la solución de estos graves problemas que aquejan a los derechos humanos en el país.

Sé que el tema de la efectividad de la labor de la Comisión, particularmente en lo que concierne al cumplimiento de sus recomendaciones, es una preocupación constante de los legisladores y de los organismos de la sociedad civil.

En este sentido, advierto que hay iniciativas legislativas bien intencionadas, pero desencaminadas para dotar de obligatoriedad a dichas recomendaciones.

Digo: desencaminadas, porque aceptar la obligatoriedad general de las recomendaciones de un ombudsman lo convertiría en un verdadero organismo jurisdiccional, en un genuino tribunal, lo que implicaría, a su vez, abandonar el carácter informal y sencillo de su actuación en beneficio de los justiciables.

Considero entonces que, si bien se reconoce gran importancia a la labor de las Comisiones de Derechos Humanos, no se ha entendido todavía de manera cabal dónde reside la naturaleza y la fuerza de la institución, que es fundamentalmente de tipo moral, y por ello su labor no sustituye, sino que es complementaria de la protección de los derechos por el Poder Judicial.

Finalmente, es un hecho de que de 1998 en adelante, año en el que nuestro país dio el importante paso de reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha habido una apertura más decidida hacia el escrutinio de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, así como hacia la aceptación de nuevas obligaciones de carácter internacional en este ámbito.

Este proceso culmina con las reformas constitucionales de junio de 2011, las cuales incorporan a nivel constitucional los derechos consagrados en tratados y convenciones internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Y se amplía y perfecciona el juicio de amparo como principal instrumento judicial para su protección.

El día de hoy, nos encontramos todavía en una etapa de estudio y paulatina comprensión de todas las consecuencias que se derivan de estas trascendentales reformas.

No obstante, todos estos avances, los obstáculos y los fracasos, inclusive, que ha enfrentado la lucha por la vigencia de los derechos fundamentales, han llevado a hablar de una crisis de derechos humanos en nuestro país, pero no por ello debemos caer en el desaliento.

Es mi deseo y mi esperanza que el nuevo Gobierno de la República renueve, fortalezca y amplíe su compromiso y su apoyo a la defensa y la protección de los derechos humanos, dentro y fuera de nuestras fronteras nacionales, recordando que para hacerlo no hay otro camino que el de la Constitución, la ley y las instituciones, como lo reconoce el premio que hoy se me confiere.

Muchas gracias.