Defender los derechos, recursos patrimoniales y territorios de ejidos, comunidades y pueblos originarios; promover el desarrollo social y sustentable, así como mejorar las condiciones de vida de la población rural, son objetivos prioritarios de la Política Nacional Agraria del Gobierno de la República.
En esta etapa de transformación que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los organismos del Sector Agrario, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), conjuntan esfuerzos interinstitucionales en defensa del territorio y salvaguarda de la propiedad social, constituida por más de 32 mil núcleos agrarios, en 103 millones de hectáreas del territorio nacional.
Acción directa del Estado Mexicano en la Política Nacional Agraria es el Programa Emergente de Restitución, Resarcimiento y Reordenamiento de los Núcleos Agrarios de la Península de Yucatán, que opera la Procuraduría Agraria en coordinación con el Registro Agrario Nacional (RAN), para detener la especulación, la venta ilegal o el despojo de tierras en núcleos ejidales y comunales del país.
Tras décadas de olvido, pobreza, marginación e injusticia que padecieron los sujetos agrarios e indígenas en el periodo neoliberal, hoy en día el Gobierno federal se ha dado a la tarea de promover una nueva visión que reconoce, visibiliza y destaca la importancia real de los hombres y las mujeres del campo como auténticos actores y partícipes del desarrollo nacional.
En este cometido, las instituciones agrarias impulsan acciones, programas y estrategias, en el ámbito de su respectiva competencia, para favorecer el desarrollo económico, productivo y social del campo, con mejores niveles de bienestar a las familias del medio rural.
Además de las tareas jurídicas esenciales que le dieron origen, la Procuraduría Agraria participa con la Secretaría de Bienestar en el Programa Sembrando Vida; junto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el de equidad de género, para reconocer a un millón de mujeres como titulares de derecho y accedan a programas productivos; así como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, con Becarios Campesinos, al lado de la Secretaría del Trabajo y Bienestar Social.
Asimismo, promueve el programa de relevo generacional en núcleos agrarios, como respuesta al fenómeno de envejecimiento en el campo, a fin de que el adulto mayor que ya no trabaja la tierra y es titular de derechos, los ceda a título gratuito a un familiar joven, a cambio de que éste lo provea de alimentos y que, en su defecto, le sea revocable, por ingratitud.
Como parte de una política nacional agraria que pone en el centro a los más pobres y humildes del país, el Registro Agrario Nacional (RAN) ha entregado de diciembre de 2018 a octubre de 2019, un total de 47,491 documentos agrarios (85,998 Certificados Parcelarios; 25,988 Certificados de Uso Común y 35,505 Títulos de Propiedad).
Se trata de acciones de certeza jurídica y control documental sobre la tenencia de la tierra que acreditan la legitima titularidad de propiedad social, que han beneficiado directamente a 95,770 ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados, que viven en los 32 mil 154 núcleos agrarios del país.
En lo que toca al Fifonafe, contribuye de manera efectiva en la política de defensa del territorio, facilitando gratuitamente a los núcleos agrarios la asesoría en los procesos de reversión de aquellos terrenos que hayan sido expropiados, por causa de utilidad pública, pero que no cumplieron con la indemnización correspondiente o que dicha propiedad se usó para un fin distinto.