El 26 de febrero de 1992 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Agraria, reglamentaria del Artículo 27 Constitucional —que entró en vigor el día 27 del mismo mes y año— mediante el cual se creó la Procuraduría Agraria.
Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada, en sus inicios, en la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
La Procuraduría Agraria es, por excelencia, la Institución del Gobierno de la República, garante de la legalidad en el medio rural.
Tiene, como facultad sustantiva promover la pronta, expedita y eficaz procuración de la justicia agraria para garantizar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y pequeña propiedad.
Es una institución de servicio social creada, por mandato de ley, para apoyar, asesorar, atender y defender los derechos y patrimonio de los sujetos agrarios: ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas; y campesinos en general.
A lo largo de estos 28 años de actividades institucionales, la Procuraduría Agraria ha contribuido no sólo al ordenamiento territorial y otorgar certeza jurídica a ejidos y comunidades, sino que también se ha significado por preservar el orden, la tranquilidad y la paz social en el campo de México.
Hoy, con las directrices establecidas por el Gobierno de México en la Cuarta Transformación del país que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador; la Coordinación sectorial del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, y el liderazgo del titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios Mirón, refrendamos nuestro compromiso en defensa del territorio y de mejorar las condiciones de bienestar para los sujetos agrarios y pueblos originarios.