Un año después, en 2009, se creó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuyo objetivo quedó estrechamente vinculado al del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Así, en 2015 surgió en Colima el primer Centro de Justicia para las Mujeres, que busca vincular al Poder Judicial con asociaciones civiles y a la población para poder responder, rápida y eficientemente con los problemas de vulnerabilidad que sufre el sector.
¿Qué quiere decir esto? Que antes de que el nuevo Sistema de Justicia Penal entrara en vigor, los casos de mujeres y/o sus hijos quedaban a expensas de distintas instituciones.
¿Qué cambió? Desde hace poco menos de un año, las instituciones siguen protocolos. Por ejemplo, si una mujer o un niño llega a un hospital con signos de maltrato, inmediatamente se da parte a las autoridades que envían el caso al Centro de Justicia para las Mujeres para su investigación.
Al tratarse de un sitio con servicios integrales, el Centro dedica todos sus recursos a investigar cada uno de estos casos, de manera coordinada con todas las instituciones.
Desde una Fiscalía que trabaja en contra de la violencia a la mujer hasta asesorías y seminarios que persiguen el mismo fin, las mujeres que sufren violencia de cualquier tipo tienen un espacio de protección.
En Colima, por ejemplo, la violencia contra las mujeres se había incrementado en los últimos años y la necesidad de hacer algo al respecto era apremiante.
A partir de ahora, las mujeres tienen un sitio en el que reciben ayuda médica, psicológica, jurídica y protección para ellas y sus hijos. Sin embargo, todavía hay camino por delante: una capacitación adecuada y, sobre todo, un sistema de evaluación son necesarios para garantizar que el trato a las víctimas será justo y confiable.
