Cuando una persona comete una falta, ésta puede ser calificada de grave o de no grave según estándares comunes: una falta grave sería, por ejemplo, el tráfico de personas y una no grave, algún conflicto relacionado con la tenencia de la tierra. Ambos casos, especialmente constantes en Baja California Sur.
En el primer caso, las implicaciones de la persona imputada de cualquier cosa relacionada con trata de personas necesita una investigación plena; un juicio honesto, que no mire hacia uno u otro lado y, sobre todo que, en caso de que se pruebe la culpabilidad de la persona, se castigue conforme a la ley. Será preciso alejar a un sujeto así de las familias hasta que se logre su rehabilitación.
En el segundo caso, en cambio, las personas que están involucradas en algún conflicto de tenencia de tierra, pueden tener, gracias al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, una opción ágil para resolver los problemas.
Pongamos un ejemplo real: Jorge y Ana le compraron hace unos 20 años un departamento a un amigo del padre de él en Los Cabos. Aunque en los documentos nunca se habló del área de servicio ubicada en la azotea, las dos partes entendieron que estaba incluida en el trato, por eso la asumían como propia. Con los años, Jorge y Ana decidieron vender, como un mini departamento, el área de servicio de la azotea tras hacerle algunas modificaciones.
A principios de este año, el hijo del dueño anterior, tras la muerte de su padre, decidió emprender una querella legal en contra de la pareja que fue atendida en las nuevas Salas de Juicios Orales.
En otro momento, la pelea hubiera sido larga y costosa para las dos partes. Es muy posible que Jorge hubiera terminado detenido y en prisión preventiva, lo que hubiera significado un problema mayor para su familia, ya que él representa la única fuente de ingreso para ellos.
El conflicto pudo haber durado meses o años. En ese tiempo, tanto la esposa como las hijas hubieran tenido que readaptar su vida para hacer frente a esta situación. Sin embargo, la conciliación permitió desahogar en tan solo 15 días el caso.
Jorge fue tratado siempre como inocente y citado a encarar el problema. Si Jorge hubiera preferido esconderse, la presunción de inocencia desaparecería y sería perseguido por un delito del que ya no podría defenderse. Así, al participar de las dos reuniones a las que fue convocado para mostrar los documentos y plantear el caso a un juez en un espacio abierto y público, a Jorge y a Ana sólo les quedaba escuchar el resultado del arbitraje: les fue favorable.
El hijo del dueño anterior presentó un caso que fue sopesado por las autoridades. Las pruebas que ambas partes otorgaron fueron consideradas y el resultado quedó sentado en actas: la división y venta del espacio de servicio no representó un robo. Fue un derecho acordado en la venta del departamento, en primer lugar.
Lo realmente importante en esta historia es que una familia no se desintegró a la espera de que se administrara justicia. Las hijas y la madre no tuvieron que cambiar sus hábitos; nadie dejó la escuela ni hubo ruptura de la relación familiar.
La justicia se impartió sin venganza. El acusador, al participar en un juicio oral, quedó con la responsabilidad de aceptar el veredicto y puede estar seguro que su voz fue escuchada y considerada.
