Comunicación Social INPI
Comunicado 15/22
Ciudad de México, a 19 de abril de 2022.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) reconoce a las y los diputados que con su voto hicieron posible la aprobación de la reforma a la Ley Minera, una iniciativa histórica que reconoce el deber del Estado de proteger los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano durante los procesos de exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y sus cadenas de valor.
La iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, establece que el litio y otros minerales estratégicos para la transición energética en México son patrimonio de la Nación, por lo que solo deben ser explotados y aprovechados por el Estado, en beneficio del pueblo y para garantizar la soberanía energética.
Además de evitar que estos bienes sean objeto de concesiones, contratos o actos administrativos para el beneficio del capital privado, la reforma da un paso fundamental en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, como se determina en la fracción X, artículo 5: “En la explotación del litio y de sus cadenas de valor será deber del Estado mexicano proteger y garantizar […] los derechos de los pueblos originarios”.
Asimismo, en su artículo 10 propone que “El cumplimiento de la legislación y tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente y derechos de los pueblos originarios será escrupuloso […]”, por el Organismo Público Descentralizado que determine el Ejecutivo.
Cabe destacar que la Ley Minera expedida en 1992, diseñada por gobiernos neoliberales para garantizar los intereses de empresas privadas, concesionó casi el 60 por ciento del territorio nacional a las políticas extractivistas de las transnacionales, dejando de lado el bienestar del pueblo de México y la conservación del medio ambiente.
La explotación y el despojo consecuencia de esta ley ha perjudicado de manera especial a los pueblos indígenas, quienes han sido desplazados de sus comunidades de origen y han sufrido el saqueo de sus tierras, territorios, bienes y recursos naturales. En muchos casos, la población indígena ha sido expulsada de sus lugares sagrados y ha sufrido daños a su salud debido a la nociva exposición a químicos tóxicos por parte de las mineras.
Hoy el Gobierno de México busca resarcir la deuda histórica del Estado con los pueblos y comunidades mediante acciones concretas; con la adopción de estas normas en la Ley Minera reconoce los derechos indígenas y equipara las leyes nacionales a los instrumentos internacionales en la materia.
El Instituto reconoce el firme principio del gobierno federal de garantizar el desarrollo de la mano del bienestar, así como su compromiso de seguir trabajando por la transformación nacional con pleno respeto a los pueblos indígenas de México.