Avanzar contra las violencias hacia las mujeres y las niñas en México

Por: Fabiola Alanís Sámano

Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)

*Artículo publicado en el Suplemento TODAS.

El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) es un virtuoso instrumento de política pública para avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas en nuestro país. Es también, una herramienta imprescindible para fortalecer las tareas de  prevención y atención en la ruta del acceso a la justicia como aspiración legítima y como imperativo ético en el marco de la Cuarta Transformación.  

El Proigualdad es una construcción colectiva. Fue concebido, analizado y dialogado con cientos de mujeres de nuestro país: con las mujeres de la milenaria cultura maya, de las comunidades indígenas, de las zonas urbanas, las tejedoras de sueños y las guerreras buscadoras de sus hijos e hijas desaparecidos. Por eso es un instrumento virtuoso: porque dialoga con ellas, con nosotras; ahí está su legitimidad, su esencia democrática y pluralista.  

El proigualdad es el resultado de un ejercicio de consulta ciudadana a más de 4,000 mujeres que compartieron sus saberes, necesidades, intereses, experiencias, demandas y propuestas.[1] Lo anterior es particularmente relevante al considerar que históricamente los programas y estrategias vinculados a las mujeres se han insertado en modelos políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales diseñados por y para los hombres. Por lo tanto, PROIGUALDAD constituye una valiosa herramienta al conllevar un proceso enfocado en la experiencia vivida por las mujeres de manera representativa y concreta, más que abstracta, desinteresada y legalista.

Así, fueron las mujeres las que determinaron las problemáticas y metas que buscaban priorizar en cuanto a las violencias contra ellas. Por ejemplo, en el ámbito de atención institucional, enfatizaron los obstáculos a los que se enfrentan en cuanto a la falta de información sobre los mecanismos de atención y denuncia; mostraron su preocupación sobre la falta de sensibilización de algunas personas servidoras públicas en materia de violencia de género, que desconocen los protocolos de actuación y aplican procedimientos inadecuados; el insuficiente seguimiento a las denuncias presentadas en las agencias del ministerio público; y, la prevalencia de violencia institucional, entre otros graves problemas.

Pero el PROIGUALDAD no sólo presenta de manera clara las problemáticas que afectan de manera diferenciada a niñas y mujeres, sino que también las traduce en objetivos prioritarios, con sus respectivas acciones puntuales. En este sentido, el PROIGUALDAD integró siete líneas estratégicas orientadas a avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes: 1) fortalecer el marco institucional; 2) impulsar la transformación de comportamientos y normas socioculturales; 3) mejorar los servicios y los mecanismos de protección que brinda el Estado; 4) fortalecer las acciones del Estado en la atención, impartición de justicia y reparación de daños; 5) fortalecer y promover la autonomía de las mujeres, niñas y adolescentes; 6) generar, difundir e intercambiar conocimiento; y, 7) fomentar la participación activa, corresponsable, democrática y efectiva de los distintos sectores de la sociedad en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Los programas prioritarios del gobierno federal son esencialmente promotores del desarrollo y el bienestar social. Nunca en la historia del país se habían asignado tantos recursos a quienes más lo necesitan, y eso abona a acortar las brechas de la desigualdad entre mujeres y hombres e impacta positivamente en la vida y la seguridad de las mujeres. En esa lógica, el Proigualdad es una hoja de ruta con objetivos y metas específicos, medibles en el corto y mediano plazo, y es también una herramienta operativa que traza líneas estratégicas de respuesta integral. De igual forma, cada acción prevista contempla el señalamiento de las dependencias y/o entidades responsables de instrumentarla y/o coordinarla; y prescribe los parámetros que permitirán cuantificar su nivel de gestión, impacto y éxito.

Así, permite aterrizar y articular las problemáticas identificadas en metas concretas para que cada autoridad, en el ámbito de sus competencias, identifique de manera clara las acciones puntuales a ser implementadas en coordinación y sintonía con otras autoridades. Asimismo, facilita la medición de diversos componentes de las problemáticas de género al incorporar indicadores de resultados que midan dichos objetivos y faciliten su subsecuente monitoreo y seguimiento. Adicionalmente, las estrategias previstas priorizan la atención a grupos con mayor desprotección y desventajas históricas, como las mujeres indígenas, con capacidades diferentes, afrodescendientes, trabajadoras del hogar, pobres y transexuales.

Por esa razón, el Proigualdad es una herramienta esencial para establecer una política nacional que avance en la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres, propiciando las condiciones para que se detone nuestro crecimiento, participación y empoderamiento económico, laboral, social y cultural, así como las condiciones de seguridad suficientes para prevenir y atender todas las formas de violencias que las mujeres sufren día con día.