INCENTIVOS ECONÓMICOS DE LAS EMPRESAS A PARTICIPAR EN ACUERDOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS

La estructura interna de algunas empresas, así como el contexto que las rodea, les ha permitido aplicar una serie de prácticas corporativas basadas en esquemas de cooperación, los cuales generan mayores beneficios que los que se absorberían bajo un escenario de choque o conflicto. Este tipo de estructuras cooperativas se caracterizan no sólo por beneficiar a la empresa, si no también a unos o todos los agentes involucrados. Una aplicación de este tipo de estrategias es la cooperación con agencias gubernamentales o internacionales, en donde las empresas reciben beneficios en forma de subsidios o capacitación a cambio de un mejor desempeño en materia social y ambiental. Además de los beneficios tangibles recibidos como producto de esta interacción, la empresa se ve beneficiada a través de la publicidad positiva resultante. Este elemento puede canalizarse para entrar en sectores del mercado con
preferencias responsables, satisfaciendo el tipo de demanda mencionada en el párrafo anterior. Dentro de los agentes más importantes para las empresas, destacan las organizaciones internacionales, la comunidad, sus empleados, los inversionistas que la integran, sus consumidores, organizaciones no gubernamentales, y el gobierno. De acuerdo a los objetivos de este estudio, aquellos esquemas integrados por la industria y el Estado, en donde se asume que el primero busca maximizar sus ganancias y el segundo busca maximizar el bienestar de los individuos, son de particular interés. A partir de este tipo de comportamiento estratégico empresarial surgen ciertas interrogantes acerca de los beneficios que reciben los agentes que rodean a este tipo de empresas, en particular acerca de los beneficios que obtiene el Estado al promover esquemas cooperativos, en vez de utilizar sus atribuciones y obligar a las empresas a comportarse de forma que se maximice el bienestar social. La respuesta a esta cuestión puede hallarse en los costos y beneficios percibidos por el regulador. Dentro del objetivo de maximizar el bienestar de los individuos, el Estado tiene que buscar la forma en que se alcance el mayor nivel de bienestar posible, utilizando el menor número de recursos disponibles. Bajo esta óptica, la cooperación con el sector empresarial le será conveniente siempre y cuando el bienestar alcanzado sea mayor al obtenido mediante la aplicación de herramientas coercitivas. En el contexto mexicano, el desarrollo de prácticas corporativas con las características hasta ahora mencionadas ha tenido un lento despegue en los últimos años. Actualmente la responsabilidad corporativa mexicana se encuentra promovida principalmente por corporaciones transnacionales, las cuales han manifestado este tipo de prácticas en la forma de filantropía, dejando a un lado el concepto de cooperación y enfocándose a los beneficios mercadotécnicos que esto le concede. Dentro del marco de este tipo de iniciativas, llama la atención el desarrollo de un programa voluntario encabezado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en donde se intenta incrementar el desempeño ambiental de los participantes a través de una auditoría, la cual permite identificar las fallas en el cumplimiento de la legalidad ambiental vigente. El Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) ratifica el cumplimento en materia ambiental de sus participantes mediante un certificado, el cual es usualmente conocido como Industria Limpia. La naturaleza del programa ha sido muy controversial, ya que en teoría no se debería de premiar con un certificado a sus participantes nada más por cumplir con las obligaciones estipuladas por la ley. Sin embargo, actualmente el programa cuenta con más de 4,000 participantes y es uno de los pilares de la agenda ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Debido a que el programa es voluntario, existe mucha incertidumbre acerca de los incentivos que tienen las empresas a participar en él. En sus inicios, las autoridades ambientales estimulaban la participación de las empresas interesadas al asumir los costos de la auditoría. Sin embargo, con el paso del tiempo esta concesión ha desaparecido, y a pesar de eso en los últimos cuatro años la tasa de participación ha alcanzado niveles nunca antes vistos.