Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018.- Con el propósito de continuar fomentando en México la innovación a través del impulso del uso de software legal, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la BSA | The Software Alliance refrendaron hoy convenio de colaboración.

El acuerdo fue firmado por el Director General del IMPI, Miguel Ángel Margáin, y la Vicepresidenta Senior y Abogada General de BSA | The Software Alliance México, Jodie L. Kelley, pretende fortalecer al mercado formal para generar las condiciones necesarias para incentivar la innovación y desarrollar nuevas empresas de tecnología en el país, fortaleciendo las alianzas  público-privadas para que las empresas adopten prácticas de negocios que involucren la gestión de software legal como parte de sus activos con el objeto de mejorar su productividad y desarrollo.

Durante la firma del convenio, Miguel Ángel Margáin señaló que “la BSA y el IMPI han sido extraordinarios aliados en la construcción de un México Original. Esta colaboración se mantiene desde el año 2011, lo que habla del compromiso por forjar una cultura de la legalidad en torno a la propiedad intelectual”.

Respecto a las acciones que ha llevado a cabo el Instituto en conjunto con la BSA, hizo mención a que 2017 se realizaron 1,578 visitas de inspección de oficio y se resolvieron 365 procedimientos. “De cualquier modo, se requiere redoblar esfuerzos para atacar este flagelo, proteger a las industrias creativas, y robustecer la cultura e identidad, no sólo de artistas y creadores, sino de México”.

Kiyoshi Tsuru, Director General de BSA | The Software Alliance México, agregó que “la continuidad de estas alianzas contribuye en gran medida a disminuir los índices de software no legal en las organizaciones, lo que se traduce en un mercado formal más fuerte que pueda impulsar a las empresas tecnológicas, pequeñas y medianas, del país”

Según estudios recientes de BSA, alrededor del 52% de las compañías mexicanas usan software no legal, situación que impide vacunar sus sistemas contra posibles ataques cibernéticos, los cuales representan un daño por mil 300 millones de dólares al año en el país.

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