La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias de hechos por actos presuntamente constitutivos de los delitos de trata de personas y pornografía infantil.
Una de las denuncias, interpuestas la samana pasada, se relaciona con la trata de personas en su modalidad de explotación laboral, mendicidad y matrimonio forzoso o servil de niñas, niños y adolescentes, que podrían ser cometidos en diferentes entidades del país.
Los hechos denunciados se derivan de una reunión sostenida con las y los 32 Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de México, quienes aseguraron tener conocimiento de que en sus estados existen redes de trata de personas.
De manera específica, los titulares de las PPNNA de Oaxaca, Nayarit, Nuevo León y Campeche detallaron cómo participaron, en diferentes momentos, junto con las Procuradurías de Justicia locales en la detección, rescate y resguardo de algunas víctimas de los tratantes, muchos de ellas originarias de municipios indígenas del estado de Chiapas y de la región mixteca.
Las niñas, niños y adolescentes víctimas de estas organizaciones son enganchados, transportados, transferidos, retenidos, recibidos y alojados en casas insalubres, carentes de lo más esencial para su subsistencia, y son utilizados para la venta informal de diversos productos, como pulseras, rebosos, collares, dulces o cigarros. También son obligadas y obligados a mendigar en calles, parques, plazas comerciales y cruceros.
De acuerdo con información proporcionada por la PPNNA de Oaxaca, durante recorridos recientes por las zonas en que las víctimas eran explotadas, volvieron a encontrarse a niñas que en su momento habían sido reincorporadas a su estado de origen, quienes manifestaron que ahora viven con sus explotadores y que, incluso, han contraído matrimonio con ellos.
La segunda denuncia tiene su origen en un correo anónimo, por medio del cual se exhibe a diversas cuentas de la red social Facebook, en las que se distribuyen fotografías de niñas y adolescentes en ropa interior.
Ante la existencia de una posible red de pornografía infantil y corrupción de menores, se demandó la intervención de la Fiscalía General de la República para que se realicen las diligencias que acrediten la responsabilidad y el tipo penal en el que incurrieron las o los infractores.
De conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, las Procuradurías de Protección, tienen la atribución de denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de este grupo vulnerable de la población.