Con especial atención a los desafíos que se enfrentan en materia de política migratoria, y ante hechos que podrían configurar una criminalización de personas y organizaciones defensoras de personas migrantes en México, la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas realiza un llamado urgente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a reconocer a las personas migrantes como titulares plenos de derechos y sujetos de protección, así como a promover estrategias nacionales que combatan el racismo y la xenofobia, contribuyendo a un tratamiento de la migración ordenado, seguro y regular.

Como lo ha declarado el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes y teniendo en cuenta lo suscrito por México ante la Convención internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares en 1990, “si bien los países tienen el derecho soberano de decidir las condiciones de entrada y residencia en sus territorios, también tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos de todas las personas que estén bajo su jurisdicción”.

La Junta de Gobierno reconoce públicamente la labor de las personas y organizaciones defensoras de migrantes[1]y rechaza categóricamente cualquier acción de descalificación, discriminación, persecución, fiscalización arbitraria u otras formas que puedan ser entendidas como manipulación del poder punitivo del Estado y  sus órganos de justicia con el fin de hostigar u obstaculizar su labor dentro de todo el territorio mexicano.

Como lo ha dicho el Titular del Ejecutivo Federal: los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto sino por necesidad. Comprendiendo la importancia y la magnitud del fenómeno migratorio y los retos que implica garantizar los derechos fundamentales de quienes transitan de manera irregular por México, reconocemos la labor que desde los distintos puntos del territorio desempeñan personas y organizaciones de defensa de personas migrantes para brindar ayuda humanitaria e impulsar la vigencia del Estado de Derecho y detonar transformaciones hacia una sociedad más justa y democrática.

 

Atentamente

La Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo

 

[1] En diciembre de 2018 la Junta de Gobierno emitió un Reconocimiento Público a la labor de personas y organizaciones defensoras de migrantes.