Recientemente, se ha difundido por algunos medios de comunicación información relacionada con los contratos otorgados por la Secretaría de Gobernación a prestadores de servicios para la implementación de medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y su posible vínculo con personas que estuvieron relacionadas al gobierno federal en el pasado.

Este Mecanismo de Protección tiene la obligación de salvaguardar la vida, libertad e integridad de todas aquellas personas que, con motivo de la labor de defensa de derechos humanos o el ejercicio de la libertad de expresión, se encuentran en riesgo.

Para cumplir con dicho compromiso, conforme a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Secretaría de Gobernación ha llevado a cabo, mediante adjudicación directa, la contratación de servicios con la empresa RCU Sistemas S.A de C.V. y con Servicio de Protección Federal, para implementar diversas medidas de protección a favor de las personas beneficiarias.

Cabe señalar que estas adjudicaciones fueron realizadas con estricto apego a la normativa aplicable, en particular, con lo establecido en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que ordena que: “se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia”, para el caso de RCU Sistemas S.A de C.V. También es aplicable el párrafo sexto del artículo 1º de la citada Ley, para el Servicio de Protección Federal por tratarse de contrataciones entre dependencias.

Asimismo, el Mecanismo, en el ejercicio de los recursos para la implementación de las medidas de protección a favor de las personas beneficiarias, ha sido sometido a diversas auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación y del Órgano Interno de Control, en las que de manera transparente se ha entregado toda la información relacionada a la contratación de servicios con la empresa proveedora RCU Sistemas S.A de C.V. De la revisión de la documentación correspondiente, en ningún momento se ha observado o determinado vinculación con exfuncionarios públicos que hubiesen prestado sus servicios en anteriores administraciones.

Por lo anterior, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, integrada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Consultivo Ciudadano, hace del conocimiento público que los servicios contratados a los entes encargados de brindar algunas medidas de protección han sido realizados dentro del marco de la ley.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reafirma su compromiso de seguir vigilando que los servicios que se prestan en materia de protección cumplan con los más altos estándares de transparencia, idoneidad y eficiencia, a fin de garantizar la seguridad de sus beneficiarios. Estaremos atentos a cualquier tipo de queja que se plantee por parte de quienes se encuentran integrados en el Mecanismo para atenderla y dar el cause legal correspondiente.

Atentamente.

La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.