La Jornada Nacional de Sana Distancia tiene como eje central el cuidado colectivo para controlar la propagación de virus. En esta situación extraordinaria, el Estado Mexicano tiene la obligación de colocar los derechos en el centro de la política y vigilarnos con mayor escrutinio.
Correspode a esta Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración observar que los tres órdenes de gobierno cumplan con los preceptos constitucionales y se respete y garatice el ejercio de los derechos humanos. A partir de la declaratoria de la Fase 3 de la contingencia, es imperante hacer un llamado a las instituciones públicas para reforzar la solidaridad colectiva y atenuar las reacciones de medo e intolerancia que se han presentado ene ste contexto.
Las autoridades federales, estatales y municipales deben aplicar las medidas emergentes con apego irrestricto a los derechos de las personas frenando todo abuso de autoridad, amenazas o castigos a la población. La sociedad en su conjunto debe ser corresponsable y acatar estas medidas de forma solidaria, sin vulnerar los derechos de terceros.
Las medidas deben atender los efectos diferenciados que se presentan sobre poblaciones en riesgo, excluidas o históricamente discriminadas, como personas migrantes y las privadas de la libertad, protefiendo además a grupos agredidos y discriminados, como el personal de salud y personas diagnosticadas con COVID-19; vigilando los efectos de las violencias sobre los derechos de las personas ante el alza en la violencia doméstica y las agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Es obligación de las autoridades combatir la desinformación, garantizando el acceso a la información de forma oportuna, veraz y objetiva sobre los avances de la pandemia, las medidas dictadas y la orientación en temas de salud.
Les invitamos a descargar el siguiente documento en el cual se analizan algunas de estas medidas y actos.