“Religión y Orden, o Muerte”. La intransigencia conservadora de Félix María Zuloaga en los documentos del AGN

Durante las primeras semanas de enero de 1858 las calles de la Ciudad de México se volvieron a estremecer por la guerra provocada por los conservadores encabezados por el general Félix María Zuloaga, quien desde el 17 de diciembre de 1857 sostenía un fuerte movimiento anticonstitucional a través del pronunciamiento del Plan de Tacubaya.

La situación para los liberales no era la más favorable. El entonces presidente constitucionalista, Ignacio Comonfort, no tenía la fuerza moral para ser respaldado por el bando liberal ante su inesperada decisión de secundar el Plan de Tacubaya, mientras que los conservadores lo consideraban incompetente para gobernar ante su “política vacilante”.[1]

En menos de diez días las fuerzas conservadoras logaron tomar todas las posiciones militares de la Ciudad de México obligando la renuncia de Ignacio Comonfort. Éste, días antes de abandonar su cargo, había ordenado liberar a todos los liberales que habían sido detenidos en diciembre de 1857, entre ellos a Benito Juárez, ante el temor de las posibles represalias que tomarían las fuerzas conservadoras.   

Este efímero e infértil triunfo de las fuerzas conservadoras significó desde su primer día un gran retroceso para el Estado mexicano. De tal manera, estas expresiones reaccionarias incluso consideraron volver a llamar al retirado y exiliado general Antonio López de Santa Anna. No obstante, finalmente la Junta de Representantes que se instauró el 22 de enero de 1858 seleccionó como presidente interino al general Félix María Zuloaga.

El gobierno de Zuloaga se caracterizó por su fuerte apoyo al clero y al ejército. No sorprende que sus primeros decretos caminaran en sentido contrario al avance que había representado el proyecto liberal: el restablecimiento de los fueros eclesiásticos y militares,[2] la derogación de la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas del 25 de junio de 1856 y la Ley de Obvenciones Parroquiales del 11 de abril de 1857, así como la derogación de la Constitución de 1857. El gobierno conservador también otorgó cargos públicos al clero, como sucedió con el sacerdote Francisco Javier Miranda y Morfi, quien asumió la dirección del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos.

Aunado a ello, el régimen conservador sostuvo una política de persecución y represión hacia los opositores, en especial hacia los liberales. Estos se habían organizado alrededor de Benito Juárez para sostener los principios constitucionales de 1857, la legalidad y consolidar el proceso de la laicidad del Estado mexicano, aunque fuera a costa de sus vidas.

Entre las medias despóticas que adoptó el gobierno Zuloaga estuvo el decreto del 14 de julio de 1858.[3] El documento declaraba traidor a la patria a toda persona que sostuviera la guerra contra el Supremo Gobierno con la ayuda de extranjeros, estableciendo como castigo la pena capital. De forma tácita, los conservadores buscaban pasar por las armas a todo liberal; pues días antes el gobierno de Zuloaga se había encargado de calumniar, a través de sus medios oficiosos, al bando liberal, asegurando que las ideas políticas que sostenía el grupo opositor eran de carácter extranjero. Con ello se desconocía el movimiento liberal que desde 1854 se había iniciado en Ayutla, Guerrero.

Otra de las polémicas acciones que impulsó el Supremo Gobierno fue la creación de guardias civiles y compañías defensoras de la propiedad y del orden.[4] En el caso de las primeras se buscaba que un grupo de milicia compuesto por voluntario estuviera a cargo de vigilar y guardar el orden dentro de las urbes, mientras que las segundas tendrían su operación en los talleres y campos. En ambos casos se intentaba conformar milicias urbanas y rurales adeptas a las ideas de los conservadores, incluso en El Diario Oficial del Supremo Gobierno se llegaron a elogiar a grupos urbanos intransigentes doctrinariamente que llegaban a sostener la divisa de “Religión y Orden, o Muerte”.[5]

El sectarismo político que había adoptado el gobierno de Zuluaga y su incompetencia de dar paso a la creación de un nuevo Estatuto Orgánico a la República centralista de 1858, fueron causas de su propia destrucción. El 20 de diciembre de 1858 el general Miguel María de Echegaray, uno de los principales generales en la campaña para acabar con Benito Juárez, evidenció las divisiones en el bando conservador pues se pronunció contra el gobierno con el Plan de Navidad. Su objetivo era establecer un nuevo gobierno encaminado a buscar la paz entre liberales y conservadores. No obstante, la intransigencia reaccionaria provocó la llegada del general Miguel Miramón, verdadera figura del retroceso y reacción política.

En el Archivo General de la Nación se resguardan documentos que permiten escudriñar la etapa de gobierno de Félix María Zuluaga. Las fuentes que aquí podemos encontrar, al ser analizadas, muestran el gran retroceso que significó para el pueblo y el Estado mexicano el establecimiento de los gobiernos conservadores a través del pronunciamiento militar y usurpación durante el periodo de la Guerra de Reforma.