La lucha por la independencia de México –iniciada en 1810– no fue una revuelta o una guerra civil, fue una revolución que pretendió, en primer lugar, conseguir la independencia de México respecto a España y, en segundo, cohesionar el territorio para dar forma a un Estado liberal, constitucionalista y democrático.
Cuatro años después de iniciada la batalla para terminar con la subordinación a la autoridad española, el 22 de octubre de 1814, los insurgentes, acaudillados por el insigne José María Morelos y Pavón, firmaron el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana en Apatzingán. Este documento –considerado como la primera Carta Magna mexicana– fue el resultado del Congreso Constituyente convocado por el generalísimo José María Morelos el 28 de junio de 1813, que inició sus actividades en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813.
Las actividades revolucionarias, y acciones legislativas emprendidas por los insurgentes para dar forma a la nación mexicana, no pasaron desapercibidas para las autoridades peninsulares; un ejemplo de ello es la carta de Juan Álvarez Guerra, ministro de ultramar del Consejo de Regencia de España, al virrey Félix María Calleja, en la que apuntó que en Chilpancingo se realizó una reunión con título de Congreso para que Morelos se hiciera jefe supremo del poder ejecutivo. En la misiva se le pidió a Calleja que a pesar del “carácter de impostura y ridiculez que lleva en sí misma, no dejará de haber producido algunas ilusiones perniciosas y dándole cierto grado de autoridad entre las bandas que acaudillan”, recomendándole tomar todas las medidas para impedir “en lo sucesivo, se verifiquen semejantes conventículos”.
Las autoridades novohispanas también reaccionaron; comentaron que los insurgentes no eran dignos de consideración y se les debía castigar sin misericordia. Asimismo, se prohibió llamar insurgentes a los revolucionarios independentistas, señalándoles como rebeldes o traidores. A pesar de las innumerables vicisitudes padecidas por los integrantes del Congreso de Chilpancingo –y lo azaroso que fue el camino para su construcción y constitución–, estos lograron dar forma al primer corpus legal cuyo propósito fue regir el destino de los mexicanos. Así pues, el Congreso de Anáhuac representó el pacto fundacional de lo que sería el Estado mexicano
Carlos Herrejón Peredo –investigador de El Colegio de Michoacán– relata que “el sábado 22 de octubre se sancionó en sesión pública el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana (…), el domingo 23 el Congreso publicó una exposición de motivos del decreto. El lunes 24 se leyó públicamente la Constitución en misa de acción de gracias, luego del evangelio; le siguió un sermón y, acabada la misa, se procedió a la jura del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana por parte de todos los funcionarios, eclesiásticos, oficiales y vecinos de quince años para arriba”.
Es en la Constitución de Apatzingán –señala Serafín Ortiz Ortiz–, donde se cristalizaron los postulados del constitucionalismo: la soberanía popular, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el gobierno representativo, la democracia, el gobierno representativo, la división de poderes, los derechos fundamentales del ser humano.
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