El Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) organizaron, en la Ciudad de México, un diálogo intersectorial con el propósito de analizar las causas y consecuencias de la violencia y el delito, y su vínculo con el problema mundial de las drogas.

El encuentro reunió a representantes de los gobiernos de la región, organizaciones civiles, organismos internacionales y expertos de distintas regiones del mundo, quienes analizaron medidas para prevenir estos fenómenos y contribuir con insumos específicos en discusiones y negociaciones internacionales sobre drogas.

El diálogo fue inaugurado por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo; y por el subsecretario de Prevención de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Durante los trabajos, se señaló que, a pesar de los múltiples esfuerzos que se han emprendido durante años, el problema de las drogas persiste como un reto global que evoluciona y cuyas consecuencias negativas afectan a los individuos, el tejido social, la salud pública, la economía, el estado de derecho y la impartición de justicia.

Se debatió sobre la necesidad de enriquecer la estrategia internacional vigente y las políticas nacionales de drogas, mediante la atención y prevención de aquellos aspectos como la violencia, la ruptura del tejido social o la exclusión, que se agrupan en la noción de daños sociales, y que hasta hoy no han sido considerados en el marco de las medidas de reducción de la oferta ni de reducción de la demanda de drogas.

Por ese motivo, este diálogo constituye un paso importante para el reconocimiento y la atención de los daños sociales, y abre la oportunidad de alcanzar compromisos internacionales y acciones concertadas en los futuros procesos multilaterales como la sesión especial de la Asamblea General de la ONU que se dedicará al problema mundial de las drogas en 2016 (UNGASS 2016).

Los expertos que participaron en esta reflexión, coincidieron en la importancia de transitar de un modelo exclusivamente punitivo hacia un modelo que haga énfasis en los factores sociales, las oportunidades de desarrollo y la prevención de todas las consecuencias negativas para el individuo y las comunidades.