• Los pasados 2 y 3 de febrero, México sustentó su primer informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en donde dio cuenta de los avances y retos que registra en esta materia, mediante un intercambio técnico con los expertos de dicho Comité
  • México recibe las recomendaciones emitidas el día de hoy por el Comité contra la Desaparición Forzada en virtud de dicha sustentación

El Gobierno de México recibió las observaciones finales y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, en respuesta al informe que presentó sobre la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y a su sustentación, que tuvo lugar el 2 y 3 de febrero, en Ginebra, Suiza. Dicha sustentación tuvo como propósito evaluar el alcance de las medidas adoptadas por el Estado mexicano para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del mencionado tratado internacional desde su entrada en vigor en 2010. México ratificó la Convención en 2008 y es hoy uno de los 44 Estados parte.

Durante la sustentación de su informe, México proporcionó al Comité información relacionada con los avances y retos existentes en el país en materia de desaparición forzada, tales como: i) la armonización del marco jurídico en todo el país, ii) la depuración permanente de los registros de personas desparecidas, iii) la puesta en práctica en todo el país de los protocolos de búsqueda iv) el fortalecimiento de los servicios forenses, vi) la atención integral de las víctimas y, vii) las acciones adoptadas por las entidades federativas en materia de desaparición forzada. 

Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención.