En el marco del 20º período de sesiones, la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) reeligió a México como miembro del Consejo de Autoridad para el período 2015-2018.

Este consejo es el órgano ejecutivo de la AIFM y establece la política concreta que seguirá la autoridad en relación con toda cuestión o asunto de su competencia, de conformidad a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y la política general establecida por la Asamblea de la AIFM.

Además, el Consejo supervisa y coordina la aplicación de las disposiciones de la parte XI de la CONVEMAR respecto de todas las cuestiones y asuntos de la competencia de la Autoridad, y señala la atención de la asamblea en los casos de incumplimiento de sus obligaciones.

Se encarga además de participar de diversas formas en la composición de los miembros de los órganos de la autoridad, y en la interacción de la misma con otros actores internacionales. Por ejemplo, el consejo está facultado para solicitar al Tribunal Internacional del Derecho del Mar Opiniones Consultivas en nombre de la Autoridad. Adicionalmente, el consejo tiene injerencia en las acciones de la asamblea, sobre todo en las financieras, normativas, y aquellas que puedan afectar a los Estados en desarrollo.

La AIFM es una organización internacional autónoma establecida en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y del acuerdo de 1994 relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La autoridad es la organización mediante la cual los Estados partes en la convención organizan y controlan las actividades que se llevan a cabo en los fondos marinos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional (es decir, en la zona), de conformidad con el régimen establecido en la parte XI y en el acuerdo, particularmente con miras a la administración de los recursos de la zona.

La autoridad, que tiene su sede en Kingston, Jamaica, se creó el 16 de noviembre de 1994, con la entrada en vigor de la Convención de 1982 y empezó a funcionar plenamente como organización autónoma internacional en junio de 1996.

Con esta elección, la comunidad internacional ratifica el reconocimiento a los esfuerzos que realiza México para que las actividades en los océanos se realicen de manera racional y sostenible y con pleno respeto al derecho internacional.