La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condena enérgicamente el fallecimiento del mexicano Ernesto Javier Canepa Díaz ocurrido el viernes 27 de febrero, por disparos de oficiales del Departamento de Policía de Santa Ana, California, incidente que causa una profunda consternación y molestia, pues se suma a los recientes fallecimientos de los mexicanos Antonio Zambrano Montes y Rubén García Villalpando, en Pasco, Washington y Euless, Texas, respectivamente, que involucran presumiblemente el uso excesivo de la fuerza.

Dado que estos incidentes no pueden verse de manera aislada, el gobierno de México ha hecho un llamado al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que mediante su división de Derechos Civiles, acompañe la investigación de estos tres casos para asegurar que se conduzcan con transparencia y en su caso, se deslinde la debida responsabilidad penal o civil a que haya lugar.  Asimismo, se suma al llamado de diversas organizaciones de la sociedad civil que señalan la urgente necesidad de avanzar en la revisión de las políticas y prácticas de uso de la fuerza.

La cónsul de México en Santa Ana, California, se reunió el domingo 1º de marzo con los familiares del señor Canepa Díaz y sus abogados.  Desde el primer momento el consulado les ha ofrecido toda la asistencia que corresponde, incluyendo el acompañamiento cercano a lo largo del proceso de investigación y de representación legal.  Asimismo, la Cónsul de México entró en contacto personal con el Jefe de Policía de Santa Ana y el Fiscal del Condado de Orange y les dirigió misivas expresando su profunda preocupación por los hechos ocurridos, pidiendo una investigación exhaustiva y la actualización oportuna de los avances, al tiempo de solicitar se tomen las medidas que prevengan la repetición de incidentes similares.

En paralelo a la utilización de los canales diplomáticos ordinarios para solicitar una investigación exhaustiva, el gobierno de México ha solicitado al Grupo de Consulta sobre Derechos Civiles de los Mexicanos en Estados Unidos (MCRAG, por sus siglas en inglés), explorar opciones legales que permitan responder a este incidente y a otros similares, así como estrategias para sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de que se revisen y mejoren las políticas y prácticas de uso de la fuerza de las corporaciones policiacas cuyo mandato es salvaguardar la seguridad física de los miembros de la comunidad y de los oficiales que la protegen.

A la consternación de sumar el tercer caso de un mexicano fallecido por el uso excesivo de la fuerza en menos de un mes, se añade la profunda preocupación por el efecto de fractura de confianza entre la comunidad hispana y las fuerzas policiacas que pudiera derivar de estos hechos, por lo que se hace un llamado a las autoridades policiacas de Santa Ana, a establecer medidas de reconstrucción de la confianza que sienten bases firmes para la seguridad colectiva.

En estos tres lamentables casos, el gobierno de México hará uso de todos los recursos disponibles para velar por el interés de las familias de las víctimas, con el fin de que tengan pleno acceso a la justicia de conformidad con las leyes aplicables.