•   La visita comprendió más de 35 reuniones con alrededor de 99 servidores públicos al más alto nivel de representación de los gobiernos federal y estatal
  •   Juan Méndez agradeció al gobierno de México la invitación e hizo énfasis en el apoyo prestado y reconoció que nuestro país transita por un importante periodo de cambios constitucionales, legislativos, institucionales y de políticas públicas en lo relativo a la promoción y protección de los derechos humanos.
  • El gobierno de México agradeció las recomendaciones y refrendó su compromiso de cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos y de coordinar esfuerzos a fin de dar cumplimiento a tales recomendaciones

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de la Tortura, Juan Méndez, realizó una visita a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014. Esta visita comprendió más de 35 reuniones con alrededor de 99 servidores públicos al más alto nivel de representación del gobierno federal y estatal, entre los que destacan el procurador general de la República y la secretaria de Salud así como funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Cancillería.

También se reunió con el gobernador de Nuevo León y con altos funcionarios de Baja California, Chiapas, Nayarit y el Distrito Federal. Asimismo, mantuvo encuentros con representantes de los poderes legislativo y judicial federal, con organismos autónomos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y académicos.

Antes de la misión de Juan Méndez, la más reciente visita de un mecanismo internacional de esta naturaleza en materia de prevención de la tortura ocurrió en 2008, a cargo del Subcomité para la Prevención de la Tortura, órgano de vigilancia del cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Desde entonces, nuestro país ha generado una serie de condiciones de carácter estructural que implican importantes desarrollos legislativos, judiciales, institucionales y de política pública, que dan cuenta de los avances para garantizar la erradicación de la abominable práctica de la tortura, los cuales fueron reconocidos por el relator.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha dado pasos firmes para garantizar la protección de los derechos humanos y, en ese contexto, una de sus prioridades está encaminada a la erradicación total de la práctica de la tortura. Prueba de ello es la disminución notable de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como resultado también de una disminución notable en las quejas presentadas ante ese órgano.

Durante una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el relator especial dio a conocer sus observaciones preliminares sobre su visita de 12 días a nuestro país, mismas que compartió con todas las autoridades involucradas en la misma. En ella expresó que el mayor número de casos en los que se presume la comisión de este delito ocurren entre la detención y la puesta a disposición del probable responsable.

Juan Méndez agradeció al gobierno de México la invitación e hizo énfasis en el excelente apoyo prestado y por facilitar el acceso irrestricto a los 11 lugares de detención de su elección, tanto a nivel federal como estatal, que incluyó el Centro Nacional de Arraigo. En estas visitas, tuvo todas las condiciones para entrevistarse con personas privadas de su libertad, en los términos de referencia establecidos en su mandato.

El relator especial hizo un amplio reconocimiento al desarrollo de las nuevas estrategias de seguridad pública con perspectiva de derechos humanos, incluyendo la prevención del delito. Asimismo, consideró que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 es el mejor marco para fortalecer la implementación y cumplimiento de obligaciones internacionales sobre la materia, y refuerza el compromiso de México con la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

Asimismo, celebró la adopción del Código Único de Procedimientos Penales y las acciones de implementación de la reforma de justicia penal de 2008 así como la promulgación de la Ley General de Víctimas y el establecimiento de las instancias para garantizar la adecuada reparación de las víctimas en caso de la comisión de este grave delito. Además, celebró la disminución de la utilización de la figura del arraigo en los casos previstos por nuestra constitución.

Méndez destacó, igualmente, la importancia del acuerdo A/057/2003 de la Procuraduría General de la República, que regula la aplicación del Protocolo de Estambul y que responde a los estándares internacionales aceptados. Este acuerdo ha servido de modelo para un número muy importante de procuradurías de justicia estatales y de otros servicios periciales en investigación de presuntos actos de tortura. Por otra parte, hizo un reconocimiento de la existencia de peritos independientes y de las comisiones públicas de derechos humanos como una garantía en la aplicación imparcial de este instrumento.

El relator también reconoció el significativo progreso en México respecto de la restricción de la jurisdicción militar derivada de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la reciente reforma al Código de Justicia Militar, a fin de que los tribunales civiles sean quienes conozcan de casos de presunta comisión de violaciones a los derechos humanos por parte de militares.

Subrayó también que México es el único país en América Latina que ha incorporado a su legislación, a través de la llamada “protección complementaria”, el estándar internacional de non-refoulement, recogido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes así como a la nueva legislación migratoria de nuestro país.

Finalmente, Méndez hizo diversos señalamientos respecto de los importantes desafíos que aún tiene nuestro país a fin de eliminar la práctica de la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, entre las que destacan: fortalecer la figura de la defensoría pública a nivel local; garantizar una adecuada atención de las víctimas, que incluya medidas de reparación integral; realizar investigaciones prontas y expeditas en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos; garantizar el derecho al debido proceso; la homologación del tipo penal de tortura a nivel nacional, de conformidad con los estándares internacionales; la regulación a nivel nacional del uso legítimo de la fuerza pública; la disminución de la utilización de la figura del arraigo; el abatimiento de la sobrepoblación en los centros de detención y la mejora de las condiciones de los mismos, entre otros.

El relator reconoció que México transita por un importante periodo de cambios constitucionales, legislativos, institucionales y de políticas públicas en lo relativo a la promoción y protección de los derechos humanos y que cuenta con una sociedad civil vigorosa y participativa, por lo que se encuentra en las mejores condiciones para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en esta materia.

El gobierno de México agradece las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de la Tortura y refrenda su compromiso de cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos y de coordinar esfuerzos a fin de dar cumplimiento a tales recomendaciones.

El informe final sobre la visita será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2015.