Al participar en el 154º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, D.C., los representantes del Estado mexicano refrendaron su compromiso con proteger los derechos de todas las personas en el país y recordaron que las acciones estructurales que están marcha para el fortalecimiento de las capacidades normativas e institucionales buscan recoger estándares internacionales en la materia.

La CIDH convocó al Estado mexicano a participar en cinco audiencias públicas temáticas respecto de la situación de los derechos humanos en el estado de Guerrero, desaparición forzada, violencia sexual, la reforma energética y los derechos económicos, sociales y culturales, y el acceso a la justicia para migrantes.

En la audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Guerrero, organizaciones de la sociedad civil se refirieron al informe final de la Comisión creada en ese estado para la investigación de violaciones a los derechos humanos durante la llamada “Guerra sucia” de los años sesenta y setenta.

La representación del Estado mexicano reiteró las acciones en materia de investigación y de reparación integral del daño a las víctimas reconocidas por la recomendación 26/2001 de la CNDH, así como su compromiso para continuar la búsqueda de personas desaparecidas durante esa época y el trabajo con la sociedad civil y asociaciones de víctimas para esos fines.

En la audiencia sobre desapariciones forzadas, el Estado mexicano actualizó a la Comisión y a los representantes de la sociedad civil respecto de los avances para actualizar el marco jurídico, incluyendo la iniciativa de reforma constitucional enviada al Senado de la República el 1 de diciembre de 2014 para que el Congreso de la Unión esté facultado para expedir una ley general en materia de desaparición forzada y otra de tortura, así como otros avances en materia de procuración de justicia, particularmente los relacionados con la búsqueda de personas desparecidas, bases de datos genéticas, así como protocolos para la investigación en casos de desaparición forzada y tortura.

Además, se destacó la medida sin precedentes que representó la aceptación por parte del Estado Mexicano del Grupo de Expertos de la CIDH para la valoración técnica de las medidas cautelares dictadas por dicho organismo en el caso Iguala, sobre todo por su capacidad para incidir, a través de sus recomendaciones, en cuestiones estructurales en materia de desaparición forzada.

Posteriormente, en la audiencia pública sobre la reforma energética, se destacó que ésta constituye un cambio de paradigma en el país, en tanto que se encuentra basada en criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad.

Derivado de ello, la legislación secundaria desarrolló instrumentos clave para proteger los derechos de propietarios y posesionarios de las tierras, incluyendo métodos de adquisición de propiedad y mecanismos para evitar asimetrías entre contratantes y propietarios de la tierra, así como el derecho de las comunidades indígenas para ser consultadas de manera previa, libre e informada sobre cualquier proyecto que pudiera afectar sus derechos.

En las audiencias restantes, los representantes del Estado mexicano detallaron el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como los esfuerzos de procuración de justicia para hacer frente a casos de violencia contra la mujer.

Asimismo, en la audiencia sobre migrantes, se destacaron los avances normativos y programas de protección al migrante, acceso a la justicia y atención a víctimas, además de que se hizo referencia al seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en su informe sobre derechos de los migrantes en México de 2014.

Durante las audiencias, los comisionados reconocieron la apertura y compromiso, además que dieron la bienvenida a la buena representación del Estado mexicano.

La delegación mexicana estuvo integrada por representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como por funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y de los estados de Chiapas, Chihuahua y Guerrero.

Con su participación en el 154º período de sesiones de la CIDH, incluidas las reuniones privadas de trabajo sobre casos particulares, el Estado mexicano reiteró su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, así como su determinación para hacer frente a los retos en la materia con el acompañamiento de la sociedad civil y de la propia CIDH.