El pasado 25 de octubre, por designación del Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, y con la ratificación del Senado de la República, asumí el cargo de Secretaria de la Función Pública. Sin duda, considerando el contexto actual de nuestro país, las funciones de esta dependencia constituyen una prioridad para el Gobierno Federal y el desarrollo político-gubernamental de México, lo que hace de este encargo una de las más altas responsabilidades que he asumido en mi trayectoria dentro del servicio público.

Consciente de esto, me comprometí ante el Senado y el Presidente de la República a diseñar un plan de trabajo detallado, que respondiera a las necesidades y demandas sociales respecto a los principios y mecanismos del actuar gubernamental. Es así que el 9 de diciembre de 2016 entregué al Senado el Plan de Trabajo Institucional de la Secretaría de la Función Pública, mismo que fue publicado en el portal de la dependencia para su consulta por parte de la ciudadanía y como un esquema que me permita, en acuerdo a mis principios y los principios que deben regir la acción gubernamental, rendir cuentas ante ella.

Este Plan de Trabajo Institucional fue diseñado con un objetivo preciso: fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones gubernamentales. La definición de sus objetivos prioritarios y acciones estratégicas, además, partió de un estudio de la situación actual del país como el momento más importante en la consolidación de una democracia sustantiva. Específicamente, me refiero a un proceso en el que hemos ampliado, sociedad y gobierno, el análisis de la vida política-gubernamental, desde la definición de temas prioritarios para el desarrollo económico y social, hasta el diagnóstico y rediseño de las instituciones públicas, en términos de los principios y procesos que definen su capacidad de acción y la eficacia de las políticas públicas.

Nada resulta más representativo de este momento que la creación, en 2016, del Sistema Nacional Anticorrupción: un sistema que refleja la voluntad y el reconocimiento de la corresponsabilidad entre las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y los sectores académico y privado, en la consolidación del Estado de Derecho y de un gobierno que ofrezca certidumbre a la ciudadanía y responda a las necesidades que su bienestar demanda. En este sentido, la corrupción representa el principal obstáculo para una confianza plena entre gobierno y sociedad, que esté basada en la eficacia gubernamental, en la participación de la ciudadanía en la deliberación y toma de decisiones respecto a lo público, así como en la certidumbre que brinden las instituciones públicas a partir de un actuar enmarcado en la legalidad, la integridad y una sólida ética pública.

Fue a partir de este análisis que se definieron, dentro del Plan de Trabajo Institucional, los tres objetivos prioritarios, como la consolidación de un Gobierno Moderno, un Gobierno Abierto y un Gobierno Íntegro.

Así, hoy a 100 días hábiles de haber asumido el cargo como Secretaria de la Función Pública, y en cumplimiento de mi compromiso asumido frente al Senado de la República, el Presidente Enrique Peña Nieto y la sociedad mexicana de mantener una rendición de cuentas permanente, presento este Informe de Avances y Resultados en el cumplimiento del Plan de Trabajo Institucional de la Secretaría de la Función Pública, que incluye en anexo los detalles específicos sobre los mismos.

Mtra. Arely Gómez González
Secretaria General de la Función Pública