La Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), emitió las Bases para el otorgamiento de becas a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, con el objetivo de promover el acceso, continuación y permanencia de las personas que hayan sido víctimas de delitos del orden federal, y que se encuentren inscritas en alguna institución pública del Sistema Educativo Nacional.

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y el director general de la Asesoría Jurídica y encargado del despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Rubén Vasconcelos Méndez, , se pronunciaron en favor del interés superior de la infancia y la adolescencia, así como del desarrollo integral de las víctimas del delito en el ámbito escolar, personal y profesional, a través de este tipo de mecanismos de operación que coadyuvan a su pronta incorporación a la sociedad.

Las víctimas deberán acercarse a la CEAV con la finalidad de solicitar su apoyo y orientación para inscribirse a través del Registro Nacional de Víctimas, y obtener el folio correspondiente que valide su condición; una vez que la CEAV analice las medidas a implementarse, a fin de resarcir el daño ocasionado, donde si una de éstas es mediante una beca, la CEAV enviará la solicitud que corresponda a la SEP, para que ésta última se encargue de darle la atención pertinente en coordinación --durante todo el proceso de otorgamiento-- con el equipo de la CEAV.

Las becas que se otorgarán consisten en un pago periódico que será determinado por las unidades responsables de la Secretaría de Educación Pública, acorde a las características y particularidades de las becas a otorgarse y que están establecidas en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas.

Cabe destacar, que desde la creación de la SEP en 1921, uno de los objetivos es procurar que la población estudiantil acceda, continúe y concluya sus estudios, donde la creación de apoyos especiales, como las becas, permiten compensar las carencias de las familias mexicanas, y en este caso en particular promueve de alguna manera que la víctima supere las circunstancias que ocasionaron el daño y que continúe con su crecimiento personal y profesional.

El documento que hoy se hace de conocimiento público, en el Diario Oficial de la Federación, representa la materialización del trabajo que el Gobierno Federal a través de ambas dependencias realizan para fortalecer los mecanismos de planeación, coordinación, articulación y evaluación de las distintas medidas de reparación que pueden brindarse a las víctimas del delito y violación a los derechos humanos.