Con el propósito de atender las necesidades y legítimas demandas de las comunidades indígenas y afromexicana que por muchas décadas fueron ignoradas, el Gobierno de México desarrolló un instrumento específico denominado Planes de Justicia y/o Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas que coordina el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Una premisa en la construcción de estos instrumentos es la absoluta coordinación entre los diversos niveles de gobierno con las autoridades tradicionales, los pueblos y las comunidades. En ellos se reivindica la libre determinación y autonomía, porque son ellos quienes trazan la ruta de los acuerdos y soluciones.
En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al encabezar el acto de petición de perdón al pueblo yaqui por agravios cometidos en el pasado, sostuvo que “Nunca más el Estado mexicano debe permitir injusticias contra ningún grupo étnico del país”.
El sector ambiental federal participa en 11 de 17 de estos planes de justicia:
1. Yaqui, Sonora
2. Seri, Sonora
3. Yoreme-Mayo, Sonora
4. Guarijío-Makurawe, Sonora
5. Ralámuli, Chihuahua
6. Yumanos-Cochimí, Baja California
7. Wixárika, Náayeri, O'dam o Au'dam y Mexikan
8. Chichimeca-Otomí, Guanajuato y Querétaro
9. Nación Chocholteca, Oaxaca
10. Xhidza y Xhol, Oaxaca
11. Chinantecas y Mazatecas, Oaxaca
Dentro de cada uno de ellos se instrumentan temas en los que destacan planteamientos de territorios libres de minería, derecho al agua y programas ambientales.
Como principales avances del sector ambiental en los planes de justicia, destaca que no se han otorgado autorizaciones para la minería a cielo abierto, se han realizado estudios de calidad y obras de infraestructura y se han invertido más de 362 millones de pesos para acciones de conservación y reforestación.
La Semarnat participó en los trabajos para la construcción del Decreto por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados y las rutas de peregrinación de los pueblos indígenas Wixárika, Náayeri, O'dam o Au'dam y Mexikan, y forma parte de la Comisión presidencial para su cumplimiento.
De igual forma, la Semarnat contribuyó a lograr el Acuerdo de Solución Amistosa que celebró el Gobierno de México con los gobernadores tradicionales del Pueblo Yaqui.
Con este acuerdo se da atención a la queja presentada en 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a sus derechos territoriales y al agua, entre otros aspectos.
En el caso del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, a través del sector ambiental federal, se creó el Distrito de Riego 018, que fue entregado en diciembre del 2023 para su administración a las autoridades de los 8 pueblos yaquis, convirtiéndose en el primer distrito de riego en ser administrado por un pueblo originario.
Se trabaja también en la construcción del acueducto yaqui, que llevará agua en cantidad y calidad suficiente a 34 mil habitantes de 50 comunidades, con una visión de justicia histórica.
En Sonora se coordinaron acciones de limpieza y educación ambiental con las autoridades tradicionales del pueblo Seri-Comca’ac y los tres órdenes de gobierno con la finalidad atender la problemática del manejo inadecuado de residuos sólidos.
En el gobierno de la Cuarta Transformación, la Semarnat incorporó en su Reglamento Interior el derecho a la consulta previa, libre e informada en materia de impacto ambiental, forestal, suelos, zona federal marítimo terrestre, ordenamiento ecológico y otras susceptibles de afectar a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Se trabaja con una nueva visión, que es proteger la vida. Ahora se pone al centro a las personas, sus familias y comunidades; se promueve el diálogo e inclusión de los saberes tradicionales y ancestrales, y se trabaja de la mano de las comunidades en la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.
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