La Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia de política pública fincada en mecanismos institucionales de mejora continua y de construcción colectiva donde participan los tres órdenes de gobierno y la sociedad mexicana. Como parte de estos procesos, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece el mandato de conformar el “Programa Nacional México Sin Hambre”.

El Programa Nacional Sin Hambre no es de carácter presupuestal; es el eje articulador de la estrategia de política pública que orienta las acciones y programas de 19 dependencias federales para alcanzar los objetivos, metas e indicadores de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

En el plano de los tiempos de instrumentación se contemplaron, dos propósitos muy claros. Primero, incluir las acciones de la Cruzada en la programación presupuestal 2013. En segundo lugar, consolidar y fortalecer el diagnóstico y el diseño de la estrategia, a partir, sobre todo, de los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El Programa Nacional Sin Hambre contendrá la información actualizada de la problemática de la pobreza extrema con carencia alimentaria y los resultados de la evaluación de Coneval respecto a la situación 2013 en los 400 municipios de la primera etapa; datos específicos sobre cinco municipios a manera de ejemplificar el desarrollo concreto de las acciones y programas; precisiones en el uso de conceptos como hambre, seguridad alimentaria y desnutrición, y sistematizará la experiencia de aplicación en las zonas urbanas y en las rurales.

Está diseñado para transformarse constantemente de acuerdo a las investigaciones que se realizan y los resultados que se miden constantemente.

En este contexto, ya se realizó la actualización de la estrategia en base a las estimaciones de pobreza 2012 reportadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (Coneval). Esta actualización en la que la población que se encuentra en pobreza extrema y carencia alimentaria, pasó de 7.4 a 7.01 millones de persona, se hizo pública en el Primer Informe de Gobierno. Esta es la población objetivo que se tiene planeado atender en su totalidad durante la presente administración como estrategia de política pública.

Asimismo, para que los programas sociales generen un mayor impacto se ha incluido un párrafo transversal por el que las dependencias se comprometan a encontrar coincidencias en la implementación de su población objetivo, criterios y requisitos de elegibilidad. De la misma forma, se ha establecido una mesa técnica con la participación de INEGI, Coneval y Conapo para abundar en los criterios de inclusión de las subsecuentes etapas de la Cruzada.

En este sentido, para el ejercicio presupuestal 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación prevé la creación de nuevos programas encaminados a aumentar la producción y el ingreso de campesinos y pequeños productores agrícolas.

Por otro lado, el Programa contempla ampliar el objetivo de atender la desnutrición aguda para atender otros tipos de desnutrición infantil.

En tanto, el grupo de trabajo de merma y desperdicio de la Comisión Intersecretarial ha elaborado un indicador nacional que estima el volumen y costo de las pérdidas pos-cosecha dentro de la cadena alimentaria. Este indicador, creado por primera vez, arroja que en promedio en nuestro país se desperdician 37.44% de alimentos incluidos en una lista de 34 productos de la canasta básica. Para reducir estas pérdidas, dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, trabajan en un proyecto piloto que influirá en las cadenas de suministro.

El grupo de trabajo de empleo y opciones productivas, en el que participan las secretarías de Agricultura, la de Economía y la del Trabajo y Previsión Social, entre otras dependencias, establece acciones coordinadas entre los programas para lograr un esquema de inclusión productiva, al tiempo que construye un modelo de atención especial para la población en extrema pobreza.

Como parte del programa de trabajo de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada, más de 2,500 funcionarios han intervenido en una acción conjunta, complementaria y concurrente en el proceso de generación de conocimiento, capacitación y formación de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que intervienen en la CNCH.

Otro de los resultados de la mejora continua es la institucionalización de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La operación y la coordinación de la Cruzada están fincados en acuerdos formales y su cumplimiento cuenta con mecanismo de evaluación y monitoreo.

El decreto de creación de la Cruzada; el reglamento de funcionamiento de la Comisión Nacional Intersecretarial; el reglamento del Consejo Nacional de la Cruzada; el acuerdo de la Comisión Intersecretarial para establecer los mecanismos de evaluación y monitoreo; los Acuerdos Estatales para el Desarrollo Social Integral son, todos ellos, documentos oficiales y públicos que establecen una arena institucional para la implementación de la Cruzada en todos los municipios del país

En 396 de los 400 municipios en donde se implementa la Cruzada en su primera etapa, ya existen comités municipales intersecretariales sustentados, cada uno, con su propia matriz de inversión municipal, instrumento base de la coordinación interinstitucional y del sistema del Tablero de Control y Seguimiento mediante el cual se podrá informar diariamente a la Presidencia de la República de los acontecimientos respecto a los indicadores y objetivos.

De igual forma, la Comisión Intersecretarial acordó un mecanismo de evaluación basado en los indicadores de pobreza extrema asentados en la Ley General de Desarrollo Social y cuya información provendrá de las condiciones reales de vida de la población recogidas por Coneval.

De esta manera, la Cruzada atiende focalizadamente a la séptima parte de la población en pobreza en el país cuyas condiciones son las más emergentes y requieren de una atención inmediata, al tiempo que se inserta en el apartado “México Incluyente” del Plan Nacional de Desarrollo, como una de las medidas que se instrumentarán para la disminución de la pobreza de manera estructural, por ejemplo, el “Programa Sectorial de Desarrollo Social” y el “Programa Nacional de Desarrollo Social”.

Mientras tanto, en el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación 2014 y de la Reforma Hacendaria, se define el inicio de la creación de un sistema universal de seguridad social, que implica una transformación de forma y fondo en la manera en que el Estado mexicano abordará el real cumplimiento de sus obligaciones en el marco de los derechos sociales. La pensión universal para adultos mayores, el seguro de desempleo, el seguro de vida para jefas de familia, la cobertura médica portable, significarán la transformación, y por lo tanto, el pasar de manera efectiva a una política social de nueva generación.

Al mismo tiempo se trabaja en la democratización de la productividad, que implica el rediseño de los programas sociales para dejar de ser meramente asistencialistas y coadyuven en el mejoramiento de los ingresos de las familias a través de proyectos productivos. 

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