El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) capacitó al personal que evaluará y dictaminará la viabilidad de los 501 proyectos inscritos en el primer bloque de convocatorias del Programa de Coinversión Social (PCS) 2014.

Durante cuatro sesiones de trabajo, los integrantes de los comités dictaminadores se capacitaron en temas como los cambios en las convocatorias de las vertientes de Mejora Alimentaria, Nutrición y Salud; Desarrollo Integral con Participación Comunitaria e Investigación. 

Asimismo, conocieron de los cambios en el acta y en la evaluación para determinar la elegibilidad de los proyectos presentados por más de 800 actores sociales, instituciones de educación superior y centros de investigación del país. 

Entre los cambios más importantes de las reglas de operación del PCS para 2014 destaca la implementación de un sistema de puntos, que bonifica a las asociaciones que cuenten con premios de otras instancias nacionales o internacionales, sin perjudicar a las que no los tienen. 

De este modo, la evaluación de los criterios se basa en una escala de cero a cien que considera rubros como la incidencia e impacto social del proyecto presentado (25 por ciento); trayectoria del actor social en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad civil y en el PCS (15 por ciento); estructura y delimitación del proyecto (20 por ciento); cohesión y capital social (10 por ciento), y estructura financiera (15 por ciento). Con este nuevo sistema se busca garantizar que los proyectos se dictaminen de acuerdo con su labor social y trayectoria, más que por su elaboración teórica. 

Finalmente, se reiteró al personal capacitado la importancia de su participación y de la transparencia en los procesos de dictaminación y evaluación de los proyectos.

De los 501 proyectos inscritos, 262 corresponden a la convocatoria de Mejora Alimentaria, Nutrición y Salud; 185, a la de Desarrollo Integral Sustentable con Participación Comunitaria, y 54 a la vertiente de Investigación.

Las comisiones dictaminadoras se integran por un representante de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), un servidor público federal y un académico, especialista en la materia de revisión.
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