MODERADOR: Para moderar esta II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, hace uso de la palabra el Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong.

-SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Con su permiso, señor Presidente.

Muy buenas tardes a todas, señoras y señores Consejeros; invitados especiales que nos acompañan en esta reunión; representantes de los medios de comunicación; señoras y señores.

En virtud de la reciente Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en los próximos días entrará en vigor, no se cuenta con Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que solicito su aprobación, de todos ustedes, para conducir esta sesión.

Los que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo levantando la mano.

Muchas gracias.

De conformidad con el registro de asistentes, se encuentran presentes todos los miembros del Consejo. Por lo tanto, señor Presidente, existe quórum para realizar esta sesión y que sus acuerdos sean válidos.

Me permito presentar, a la consideración de las señoras y señores Consejeros, el Orden del Día para su aprobación, el cual, se encuentra en sus carpetas y se hizo de su conocimiento con anticipación.

Los que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo levantando la mano.

Muchas gracias.

Gracias, señoras y señores Consejeros.

El Orden del Día se ha aprobado.

Y como primer punto del Orden del Día aprobado, me permito hacer los siguientes comentarios.

Con su autorización, señor Presidente.

Por instrucción del señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, y con fundamento en el Artículo 15 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue convocada esta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional.

Esta reunión parte de la necesidad de enfrentar juntos el problema que más lastima a la sociedad mexicana, que es el de la inseguridad. Debemos actuar oportunamente para atacar, tanto sus causas como sus consecuencias. Debemos recuperar la confianza de los ciudadanos en su autoridad. Debemos mover al Gobierno y a la sociedad para el restablecimiento del orden y la paz.

Debemos de reconocer nuestra realidad, para poder actuar en consecuencia. Debemos asumir que existe un gran problema y que su solución conlleva grandes dificultades, pero que todas ellas, podemos superarlas.

Basado en datos y estudios de diferentes instituciones, tenemos, hoy, este diagnóstico:

El país enfrenta un alto nivel de violencia. La población percibe a la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante que hay que resolver. Siete de cada 10 mexicanos se sienten inseguros. En las encuestas de victimización, uno de cada tres hogares reporta haber tenido, al menos, una persona víctima de violencia o de delito.

Los niveles de violencia en las regiones del país están relacionadas con el mercado del narcotráfico y con variables estructurales, con pobreza, marginación, deficiente cultura de la legalidad, falta de coordinación y debilidad institucional.

La captura y abatimiento de grandes líderes de las organizaciones criminales, provocó un proceso de fragmentación de grupos que hoy operan con una lógica distinta. Pasamos de un esquema de liderazgos verticales, a uno horizontal, que los hace más violentos y mucho más peligrosos. Homicidio, extorsión, secuestro y robo con violencia, son algunas de las conductas delictivas que más lastiman a la sociedad.

Aumentaron los recursos destinados a la seguridad en más de dos veces y, desafortunadamente, también, se incrementaron los delitos.

Entre 2006 y 2011 se cometieron 10.6 millones de delitos a nivel nacional. Ocho de cada 100 delitos, son denunciados. Y de esos, el 15 por ciento son resueltos. Se estima, entonces, que sólo uno de cada 100 delitos se castiga.

El secuestro se incrementó en 83 por ciento; el robo con violencia, 65 por ciento; la extorsión, 40 por ciento; los delitos sexuales, 16 por ciento; el robo en carretera, más de 100 por ciento; el robo de vehículos asegurados se ha duplicado.

En 2007, el INEGI contabilizó 10 mil 253 homicidios dolosos, y en el 2011 se cometieron 22 mil 480. El promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes es similar al de países del Continente. Sin embargo, el dato significativo es la tasa de crecimiento de homicidios que nos ubica como una de las mayores del mundo.

En los últimos años, producto de la violencia relacionada al crimen organizado, han muerto miles de personas y, también, se encuentran miles de desaparecidos.

Las ejecuciones son la segunda causa de defunción en México. El 61 por ciento de los policías del país ganan menos de cuatro mil pesos mensuales, y el 60 por ciento, sólo cuenta con educación básica.

La capacidad instalada de los 419 centros penitenciarios del país es de poco más de 188 mil espacios, teniendo hoy 237 mil 580 internos. El déficit de espacios carcelarios es de más de 49 mil.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos registra ocho mil 902 quejas por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en el periodo 2005-2011.

Existe entre la sociedad, la percepción de corrupción e impunidad de que quienes lastiman a la sociedad no son castigados.

Estos son los datos más reveladores con los que hoy nos estamos enfrentando. Son datos que nos obligan a establecer una estrategia integral, cuya base fundamental sea la coordinación.

Por ello, informo a la sociedad mexicana que, por instrucciones del señor Presidente, hace un momento tuvimos una reunión muy productiva con los gobernadores de las entidades, con la representante de los municipios del país y, también, con los Secretarios de la Defensa, de Marina, del Comisionado Nacional, del Procurador, y en la que, también, estuvo presente el Presidente de la República, también, el Secretario de la Defensa Nacional.

Donde no sólo señalamos los problemas, sino, también, ya se tomaron decisiones para poder enfrentarlos con prontitud y eficacia. Además, deberán ser medidas y evaluadas por este Consejo y la sociedad.

Algunas de esas acciones se basan en acuerdos que solicitaremos sean aprobados en un momento. Se trata de compartir objetivos y acciones en la corresponsabilidad.

Una decisión del Gobierno Federal que ha sido bien recibida por los integrantes de este Consejo, es que la estrategia tenga enfoque regional; esto es, que se vea cada una de las partes que conforman el todo. Por lo que se han determinado cinco regiones en las que se dividirá el territorio nacional.

Es importante destacar que no será limitativa. De esta manera, se podrán reforzar acciones específicas desde los municipios, para lograr la cohesión y convivencia comunitaria a través del restablecimiento de los valores sociales.

Los retos son comunes y nuestro compromiso es claro e indeclinable: Vamos a trabajar para recuperar el que los ciudadanos y sus familias vivan seguros y en libertad.

Combatir el delito es, además de un mandato de ley, la determinación de este Gobierno. No creemos en el discurso que reparte culpas, justificaciones, ineficiencias o pretextos. Entendemos que el éxito o fracaso, es responsabilidad de todos.

En sociedades democráticas la seguridad se construye y se conserva con el acuerdo de todos, mirando hacia adelante, aprendiendo de errores y propiciando aciertos.

La política le sirve al ciudadano cuando ofrece resultados. La política y la ley deben seguir siendo el instrumento operador de la estrategia de seguridad del Estado mexicano. Porque ello, nos va a permitir superar diferencias y construir coincidencias más allá de la coyuntura.

No se trata de competir entre quienes tenemos responsabilidad. Se trata de materializar acciones y beneficios para los mexicanos.

Señor Presidente:

Permítame reiterarle a todos, que el ánimo que priva es el de que juntos, sin reservas y sin limitaciones, entreguemos resultados.

Con estas acciones se avanza en los compromisos adquiridos. Los ciudadanos y sus familias pueden confiar que trabajaremos sin descanso, para dar resultado, para cumplir con ellos y con México.

Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias a todos.

Damos la bienvenida al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador Ernesto Cordero.

Como segundo punto del Orden del Día, le damos el uso de la voz al señor Procurador General de la República, licenciado Jesús Murillo Karam.

-PROCURADOR JESÚS MURILLO KARAM: Gracias, señor Secretario.

Con su permiso, señor Presidente.

Señores integrantes e invitados a este Consejo Nacional de Seguridad Pública.

La Constitución General de la República señala que el Ministerio Público de la Federación es el órgano del Ejecutivo encargado de la persecución de los delitos del orden Federal, y al que le corresponde acreditar la responsabilidad de los inculpados, seguir con toda regularidad los juicios para que la administración de justicia sea pronta y expedita, así como ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos y otras facultades, entre las que destaca su papel de representante de la sociedad.

En este papel, me permito referir a ustedes lo que considero un breve diagnóstico general de la situación que guarda la procuración de justicia a nivel Federal, con un antecedente.

Durante muchos años, este país no requirió ni de estructuras profundas, ni de coordinaciones, porque su nivel de delincuencia era muy similar al promedio mundial. Fue el emergente surgimiento de una delincuencia con poder y dinero, el que propició que esa misma emergencia generara que los gobiernos en cada uno de sus momentos, y me refiero a todos y desde hace mucho tiempo, tuviesen que actuar en base a la coyuntura. Y empezar a actuar respondiendo ante la circunstancia que generaba el conflicto.

Esto, propició las condiciones del diagnóstico que voy a leer:

En las instituciones encargadas de las tareas de seguridad pública, procuración y procesamiento de información, de información estratégica, obviamente, en las que parecen una desarticulación que impiden la correcta y eficaz coordinación que es imprescindible para enfrentar con éxito sus funciones e impide, también, contar con objetivos claros y resultados medibles.

Lo más grave, es que sucede lo mismo al interior de éstas, y esto provoca una clara desvinculación entre la integración de la investigación y su planteamiento ante las autoridades judiciales, lo que, conforme a las cifras que acaba de leer el señor Secretario de Gobernación, nos muestra que se abona brutalmente la impunidad.

La Procuraduría General de la Justicia de la República arrastra a través de los años, de muchos años, una estructura que no corresponde a la realidad actual, porque fue acondicionándose, como lo dije antes, de manera desordenada para responder a la coyuntura; provocando hoy una fragmentación descoordinada que bloquea y desfasa el ejercicio de su función en el detrimento claro del cumplimiento de sus funciones.

La emergencia de la coyuntura provocó, también, este efecto en el crecimiento, en algunos casos, desproporcionando y, en otros, desconfigurado, pero siempre ausente de objetivos generales, permanentes, sistémicos.

A todo esto, y efecto de lo mismo, se produjo un incremento en la calidad de policías y ministerios públicos. En la prisa, no logró la calidad de sus elementos ni en el mejoramiento de los procedimientos con, por lo menos, la suficiencia para enfrentar una delincuencia creciente en posibilidades y recursos.

La Reforma Constitucional del 2008 ordenó las líneas genéricas para la modificación del Sistema de Justicia Penal, dando ocho años para su implementación. A la fecha, en el ámbito general, los avances son insuficientes.

Esfuerzos de capacitación se estrellan ante la ausencia de definición precisa que tendrán que hacer las leyes que reglamenten el modelo constitucional conforme a las condiciones de la realidad mexicana.

Las prácticas, repito, de muchos años, de elaboración y resguardo de los documentos fundamentales del proceso, propician la fuga, falsificación y uso indebido de éstos, como un elemento más de corrupción e ineficiencia.

Perdimos el propósito central de la investigación y lo tuvimos que cubrir con medidas extraordinarias que han producido un efecto perverso, al convertirse en mecanismos casi únicos de consignación, violentando, con frecuencia, derechos fundamentales, situación que nos muestran claramente las dramáticas estadísticas sobre el tema.

El Presidente de la República ha ordenado revisar este tipo de figuras a la mayor brevedad, para darles consistencia, capacidad y moldearlas conforme a los recursos modernos y jurídicamente adecuados, para que el respeto a los derechos humanos, a la integridad de la persona y a la implantación de un auténtico sistema de derecho, se apliquen en forma inmediata y corrijamos las figuras que esto propicia.

Siendo la averiguación un instrumento que requiere de salvar, con la reserva, la presunción de inocencia y los derechos de terceros, esto no impide que la actuación de la autoridad deba ser transparente, pública y medible.

Aunado a todo esto, el sistema penitenciario, además de insuficiente, perdió a característica, por más utópica que parezca, de la reinserción social. Y hoy, a los Centros de Readaptación Social, esto no se le da la suficiencia para poderlo atender.

Finalmente, al hablar de utopías, considero que los propósitos centrales de las instituciones que tienen que ver con la justicia deben tener como meta, aunque sea ideal, la justicia plena; que consiste, en esta materia, en que no haya un inocente en la cárcel y que el delincuente tenga la sanción adecuada. Es así de simple y así de difícil, pero no es imposible.

Muchas gracias.

-SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Gracias, señor Procurador General de la República.

Por acuerdo previo, informo a todos, los señores gobernadores designaron para hablar a nombre de todos ellos, del Jefe de Gobierno, de los gobernadores electos, al señor Gobernador del Estado de Chihuahua, al licenciado César Duarte, a quien le cedo el uso de la palabra.

-GOBERNADOR CÉSAR DUARTE JÁQUEZ: Muchas gracias, señor Secretario.

Señor Presidente de la República; señores Secretarios de Estado; señor Procurador General de la República.

Agradezco la deferencia que mis compañeros Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, me han encomendado para participar en este Consejo el ánimo que priva en los gobernadores.

La manera en el que la Secretaría de Gobernación nos ha presentado un diagnóstico, la forma en que se ha revisado experiencias exitosas, pero, también, la condición crítica para desechar aquellas que no tuvieron resultados.

El liderazgo y el planteamiento que suma a la pluralidad que refleja en la presencia de los Gobernadores, fortalece el ánimo pero, sobre todo, con una visión regional.

La naturaleza de los delitos, el comportamiento de las organizaciones delictivas obedecen, también, a un patrón geográfico. Y nos parece muy acertada la estrategia de regionalizar las estrategias de seguridad, y no llevar, de manera generalizada, problemas a donde no existen o no coinciden con otras latitudes, pero sí afinar, con inteligencia y con estrategia, cada una de éstas en las regiones que se ha generado crisis a partir de la inseguridad.

Nos parece que es un paso fundamental, y llevar a las regiones las decisiones, la revisión de las estrategias y el seguimiento puntual, dará, sin duda, también, mayor eficiencia. Pasando, obligadamente, por el fortalecimiento al Ministerio Público; Ministerio Público Federal, como bien lo ha dicho el señor Procurador.

Asumir el compromiso en los estados del fortalecimiento al Ministerio Público de cada una de nuestras entidades. Atender y fortalecer, también, la función del Poder Judicial.

Parece elemental que en esa coordinación no puede haber ausentes en la mesa, cuando es indispensable tener un ánimo, el cual, suma al liderazgo que el Presidente nos ha marcado en el combate con inteligencia a la inseguridad.

En ese sentido, fortalecer, en sí, la corresponsabilidad e ir alentando, estimulando, lo que se esté haciendo bien. Replantear, en ese sentido, la manera de calificar los avances en materia de seguridad. Y que esto, a la par, se convierta en una política de Estado. Estimular los avances es fundamental; estimular al policía, estimular a las instituciones.

Salirnos de la agenda sólo mediática de la violencia, o que refleje a un país en la que no es la agenda de todos los mexicanos, de ninguna manera, ni debe ser, la violencia. Al contrario, la seguridad genera riqueza. Sin seguridad no hay actividad que prospere.

Ese planteamiento priva, en el ánimo de los Gobernadores, a ratificar nuestro compromiso, señor Presidente, a que la estrategia se afine a los estados a los cuales requerimos mayores fortalezas en la estrategia, pero, también, reorientar esta campaña a favor de la tranquilidad de los mexicanos.

Estamos complacidos, señor Presidente, porque, sin duda, al inicio de su Gobierno, a dos semanas, construir un acuerdo, en el cual genere expectativa, asume el ánimo de compromiso de todos los gobernadores a cerrar filas, independientemente de colores o posiciones en los temas trascendentales.

Se han construido los acuerdos, se han tendido puentes de comunicación y se ha generado, sobre todo, confianza. Y eso nos parece elemental para que todos juntos enfrentemos este reto.

Muchas gracias por la oportunidad, señores gobernadores. Hay temas fundamentales como el tema de las armas que ha sido un asunto que se ha venido desplazando. Hoy, vemos un hecho que lamentamos con nuestros vecinos del Norte, pero que es, precisamente, un tema que debemos traer a la agenda binacional en cómo hacer más eficaz esa estrategia.

Sin duda, que nos permitirá en ese sentido, insisto, con la regionalización, puntualizar nuestras fortalezas y atender las debilidades que, en ese sentido, desgraciadamente, se han generado.

Muchas gracias, de nueva cuenta.

Estoy seguro del éxito que habremos de tener.

-SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Gracias, señor Gobernador.

El siguiente punto del Orden del Día, se refiere al conocimiento de la propuesta de acuerdos, de esta II Sesión Extraordinaria, que fueron circulados, con anterioridad, entre todos ustedes.

Les recuerdo que tenemos a su consideración 12 acuerdos que se refieren, en términos generales, a lo siguiente:

Uno. La incorporación de representantes de la sociedad civil a este Consejo. El Programa Nacional de Prevención del Delito. La Revisión de la Normatividad en materia de Otorgamiento de Licencias y Permisos a nivel municipal, local y Federal. La creación de instancias locales para dar cumplimiento a la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos. Los mecanismos de coordinación policial para la designación de mandos. La creación de un Servicio Profesional de Carrera Policial. La consolidación de los Esquemas de Evaluación y Certificación Policiales. La elaboración de un Programa Nacional de Capacitación. La elaboración de protocolos de actuación policial. La consolidación de las unidades especializadas de combate al secuestro. La consolidación de Plataforma México y la obligación de las entidades federativas de suministrar, actualizar, sistematizar y consultar las bases de datos. La creación, número 12, de cinco instancias regionales de coordinación.

Le solicito que quienes estén a favor de la aprobación de los mismos en los términos propuestos, lo manifiesten como estamos acostumbrados.

Gracias, señores integrantes de este Consejo.

Por unanimidad de votos, quedan aprobados los acuerdos.

Solicito, atentamente, al señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Presidente de este Consejo, licenciado Enrique Peña Nieto, se sirva dirigir su mensaje y efectuar la Declaratoria de Clausura de los trabajos de esta II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

(A CONTINUACIÓN, HIZO USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO. SU DISCURSO SE TRANSCRIBE POR SEPARADO)