-MODERADORA: Queda en uso de la palabra el licenciado Alejandro Martí García, Presidente de México SOS.  

-LIC. ALEJANDRO MARTÍ GARCÍA: Muy buenas tardes a todos ustedes.

Señor Presidente de la República:

Sea usted muy bienvenido.

En atención al tiempo, y ya por haber sido presentados los miembros del pódium, que tanto nos honran con estar aquí, me evitaré nombrarlos personalmente de nueva cuenta.

Estimados amigos y amigas de la sociedad civil; jóvenes estudiantes; policías, funcionarios públicos:

A nombre de la Red Nacional de Juicios Orales, de RENACE, y de la Fundación México SOS, sean ustedes bienvenidos a este 8º Foro Nacional de Seguridad y Justicia.

Muy honorable Embajadora Roberta Jacobson:

Sea usted muy bienvenida.

Este foro, es un foro muy especial. Es el último que nace desde el inicio de la reforma, hasta la conclusión de la primera etapa que mandata la Constitución y, a su vez, es el primero con el que arrancamos la consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal; Octavo y Primero simultáneamente.

Quisiera hacer un reconocimiento muy especial a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por estos años de acompañamiento en tan trascedente proceso para la justicia de nuestro México.

Muchas gracias.

Aprovecho, también, para agradecer a todos aquellos ciudadanos con o sin cargo público, que pusieron lo mejor de sí para llegar a este momento. Fueron ocho años, desde la promulgación del Mandato Constitucional, pero muchos años atrás para llevarlo al término de dictaminación; un gran esfuerzo del que me es imposible nombrar a todos y cada uno de los que participaron. Pero para para ellos, pido un aplauso.

Hoy, en lo personal, es una fecha simbólica que me mueve y me remueve en carne propia, por la historia de mi familia; se cumplen los primeros ocho años para la implementación de la Reforma Penal, casi en la misma fecha de la muerte de Fernando, mi hijo.

Buscar la justicia para él, me hace estar aquí. Desde entonces, en cada uno de estos ocho foros, ciudadanos comprometidos con nuestro país hemos luchado por un cambio radical en la impartición y administración de la justicia.

En los primeros foros, el objetivo era, precisamente, luchar para que no echaran abajo la reforma del 18 de junio.

Los siguientes foros han tenido objetivos específicos, que han logrado importantes acuerdos y acciones puntuales que han contribuido a una mejor implementación; impulsar la creación de un Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Único, llevar a cabo una decidida transformación policiaca, dar a conocer las prácticas exitosas en los estados, entre otros logros.

Qué ha traído de bueno la Reforma Penal en estos ocho años.

Gracias a este nuevos Sistema de Justicia Penal, que busca una justicia pronta y expedita para todos, se provee equidad jurídica entre víctimas y victimarios; esto es, que no se privilegie a unos sobre los otros, que los derechos humanos sean para ambos.

Gracias al nuevo Sistema de Justicia Penal, se hacen transparentes los procesos. La ciudadanía, así como los medios de comunicación, pueden conocer en tiempo real los juicios sobre determinados casos.

Los mecanismos alternos de sanciones permiten a muchos primodelincuentes menores, cumplir con su deuda social sin pisar las cárceles. Por ejemplo, con datos de la SETEC, en 2013, en los estados en lo que llevaba en operación el nuevo sistema un año o más, 15 mil personas evitaron la experiencia de la prisión preventiva, que tanto daño nos ha hecho.

Coahuila, Michoacán, San Luis Potosí o Querétaro, son testimonios del cambio real en buenas investigaciones y eficacia policial, respectivamente, por mencionar algunos ejemplos.

Quiero resaltar que, en este nuevo Sistema de Justicia Penal, que es un proceso continuo y paulatino, todos y cada uno de los actores que intervienen en su implementación y operación, tienen una responsabilidad específica, y que es compartida.

Policías, Ministerios Públicos, defensores, jueces, procuradurías, peritos, Magistrados y Ministros; todos tienen una tarea que están obligados a cumplir a cabalidad, teniendo siempre por centro a la persona, a la verdad, a la justicia y a los derechos humanos.

Y con esto quiero decir que estoy plenamente convencido y a favor del debido proceso.

Lo que no podemos permitir es que, por error, por ignorancia, por corrupción o malformación, policías, MPs, defensores, jueces y Magistrados, tergiversen la ley evitando procesos justos y privilegien componendas, teniendo como consecuencia resultados desastrosos.

Hoy, tenemos ejemplos espantosos de abusos de autoridad. Desde el policía que tortura, el MP que integra mal la investigación, hasta el juez que interpreta a modo la ley, y prefiriendo la justicia académica e ignorando pruebas indubitables en algunos casos, descuida la verdad y, con ello, la verdadera justicia.

Todos esos errores, por razones que sean, causan dolor, mucho dolor, además de una gran frustración e impotencia. Estos actos de irresponsabilidad profesional y ética en la que, repito, recaen todos, causan dolor, porque sobre el alma y el cuerpo heridos, se vuelve a victimizar al ciudadano ofendido.

Como todo gran proyecto nacional, tuvimos y tenemos funcionarios públicos auténticos, trabajadores, y con una alta responsabilidad social que atendieron y atienden a cabalidad la implementación de este nuevo sistema. Sin embargo, otros más fallaron por indolentes. Lamentable, muchos de estos viven sin responsabilidad alguna ante la ciudadanía, sólo queda en sus propias conciencias.

Sin embargo, tenemos casos ejemplares, como es el caso de Sonora. En el foro pasado, señalamos la irresponsabilidad de su exgobernador, con un avance de cero en la reforma. Y hoy, en unos cuantos meses, la Gobernadora actual ha puesto especial empeño, y ya implementó el sistema en la entidad.

De acuerdo a los datos de la SETEC, los estados con mayor rezago en la implementación, son: Baja California Sur, Oaxaca y Nayarit. En el lado opuesto, los mejores evaluados en términos son: Yucatán, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila.

Tomemos en cuenta que entre 2015 y este 2016, tendremos 21 gobernadores nuevos que tienen la gran oportunidad de acelerar o consolidar, según sea el caso, el Nuevo Sistema de Justicia Penal en su entidad.

Culmina la primera etapa de implementación y se abre un segundo momento para consolidar lo que ya se ha sembrado, poniendo delante de nosotros nuevos retos, con metas muy puntuales por cumplir en los que, desde la sociedad civil, conminamos a los tres Poderes a asumir y responder a la parte que a cada uno le toca.

A partir de hoy, no podemos bajar la guardia. Esto no ha terminado. Empieza. Son cinco retos, a mi consideración, cinco puntos concretos:

Las prisiones en México.

Ya se ha empezado por poner el reflector en uno de los eslabones del sistema judicial: las cárceles.

En México SOS, desde más de un año hemos insistido en este rubro. Necesitamos continuar con la transformación integral del sistema penitenciario. Cuántas veces hemos dicho que, si no podemos controlar a los delincuentes encerrados, cómo podremos hacerlo estando ellos en libertad.

Segundo. La transformación de las policías.

Todavía tenemos mucho que hacer e invertir en capacidades tecnológicas, de investigación científica, profesionalización, infraestructura, mística de nuestros cuerpos policiales, sobre todo, en función del nuevo rol que tienen.

El tema de policía no es trivial. Hoy, a ocho años, quedamos a deber entre lo que tenemos y lo que deberíamos haber logrado. La policía es parte fundamental del sistema, pero hoy, todavía lleva a cabo sus funciones poco capacitada y no valorada como debiera.

Recordemos que antes, la prueba máxima era la confesión. Hoy, es la investigación y las pruebas del delito. Es el policía el primer contacto. Capacitemos, pero, sobre todo, formemos y dignifiquemos a quien es pieza clave para la seguridad en nuestras calles.

Lo hemos dicho siempre, y es menester repetirlo claro y fuerte: debemos entrarle sin dilaciones y de fondo, especialmente a la dignificación de la labor policiaca. Cómo queremos que nos cuiden, si no los cuidamos.

Sin policías bien preparados, bien pagados, con aspiraciones de crecer dentro de las instituciones, con una verdadera mística y con anhelos de labrarse una carrera y un futuro digno para ellos y sus familias, no podremos dar el paso desde el origen, a un auténtico y eficaz sistema de justicia penal adversarial y acusatorio.

Aún está inconcluso, por cierto, el compromiso sobre las cinco escuelas regionales de policías. Sólo dos se encuentran en operación: Ciudad Juárez y San Luis Potosí.

El Tercer punto. La coordinación interinstitucional.

Otro pendiente, es fortalecer la coordinación de todos los operadores, con un sistema de información transversal de todo el acontecer judicial. La coordinación ha sido esencial para lograr los avances que hoy se tienen, sumando los conocimientos, experiencias y capacidades de los tres Poderes de la Unión y de los Poderes de las entidades federativas. De ahí, que la continuidad sea fundamental para esta nueva etapa.

Por ello, se precisa, enfáticamente que se mantenga el Consejo de Coordinación para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, el bien llamado COCO, que todos conocemos en la jerga de la reforma.

Una reforma tan trascendente y paradigmática, requiere un seguimiento ejemplar en los próximos años. Sin este Consejo, donde concurren los Poderes Federales, la academia y la ciudadanía, no podremos garantizar fehacientemente el éxito en el cambio de mentalidad, en la corrección de pequeños detalles para lograr la justicia que tanto requiere la ciudadanía de nuestro país.

Es por esto que exigimos a los tres Poderes de la Unión para que realicen y fortalezcan el acuerdo para que esta instancia continúe. Por cierto, este próximo jueves, es el último Consejo.

Les pedimos que demuestren su voluntad política y accionen lo necesario para que antes de que venza el plazo constitucional, del 18 de junio, ya tengamos los ciudadanos la certeza de la renovación de este Consejo, sin que falte nadie de los tres Poderes.

De no hacerlo, todo lo ganado e invertido en casi ocho años se podría perder, y los que falten, tendrán esa gran responsabilidad histórica.

Las leyes pendientes. Punto Cuatro.

Adecuar la Ley de Amparo al nuevo sistema, refrendar el compromiso del Estado con las víctimas de los delitos y a tomar las medidas necesarias para garantizar sus derechos.

Asimismo, a los Legisladores del país, a efecto de que sea reformada la ley, y se cuente con los mecanismos para que las víctimas puedan hacer efectivos sus derechos y acceder de manera eficaz a ellos, así como los fondos para la reparación del daño. Hoy, estamos muy atrás y muy en deuda con las víctimas.

Pero también, muy urgente; una Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada. No parches a una Ley Federal, en donde para su mejor versión, deben concurrir y acordar los actores principales.

Esta ley no es un tema de sacarla de escritorio. De mantenerse como está actualmente la propuesta, se corre el riesgo de que, a mediano plazo, los operadores primarios puedan incurrir en ilicitudes que luego los jueces irremediablemente sancionarán con libertades, y si esto sucede, la ciudadanía volverá a gritar y a reclamar. Basta ya de doble victimización para los afectados y para la sociedad.

Es una verdadera bomba de tiempo el no contar con estos ordenamientos jurídicos. Precisamente, en este año que entra en vigor en todo el país el Código Nacional de Procedimientos Penales, grandes pendientes con altísimas implicaciones y responsabilidad.

Señoras y señores Legisladores:

Es un llamado, una súplica. Hay que hacerlo bien.

Poder Judicial, como último punto.

Conscientes de que persisten abusos de poder por parte de algunas autoridades, llevando a prisión a muchos inocentes y que estas violaciones deben ser castigadas.

También es cierto, y lo estamos viviendo y padeciendo, que muchos maleantes reclusos, mediante argumentos falsos por parte de sus defensores, arguyen tortura, provocando ya en varios casos, su liberación. La liberación de un delincuente que argumenta tortura sólo debe ser viable cuando no existan pruebas en su contra más que la declaración o la confesión. Sólo así. De lo contrario, el Estado estará castigando a las víctimas que nada tienen que ver con los hechos y que tan sólo piden justicia.

La ciudadanía corre el riesgo de sufrir más delitos en su agravio por la creciente impunidad con la que se han generado liberaciones de delincuentes. Existen algunos jueces y magistrados que interpretan a modo los criterios de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación, o bien, hacen elásticas las leyes nuevas o antiguas, según la conveniencia de los abogados defensores de los criminales, así como extrapolar jurisprudencias que favorecen al delincuente, y revictimizan a los afectados.

Reitero: no estamos en contra del debido proceso, pero sí estamos en contra del proceso indebido para lastimar doblemente a las víctimas en la sociedad.

El catedrático italiano Luigi Ferrajoli, creador de la Teoría del Garantismo Penal, y su esposa Marina, cenaron con las víctimas Fernanda y Tamara Zamudio Martín del Campo, y los sobrevivientes Madai Morales Albino y Noemí Lara Muñoz.

Ante ellas, reiteró que el Garantismo Penal está contra el abolicionismo penal. Ya que el Derecho es lo único que defiende a los más débiles frente a la barbarie. Reafirmó que los derechos humanos de las víctimas imputados y de la sociedad a la seguridad, sólo se pueden dar en el marco de los derechos para todos.

México tiene que ser ejemplo de equidad jurídica entre victimarios y víctimas. No más privilegios a los criminales.

Precisamente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un mural llamado: En búsqueda de la justicia, obra del maestro Ismael Ramos, en donde aparece en la parte derecha superior, Fernando, mi hijo.

Coincidentemente, el mismo día que se estaba inaugurando, estando yo ahí, presente, recibí la llamada telefónica en donde me informaron que habían encontrado a mi hijo en la cajuela de un auto robado, ya con varias semanas de muerto.

Como me pasó a mí en carne propia, hay historias terribles de miles de víctimas. Estoy seguro que todos los mexicanos, víctimas y autoridades, queremos lograr la paz con justicia, no sólo morir en su búsqueda.

El Sistema Penal Acusatorio no cambiará radicalmente a México de un día para otro. Llevará tiempo para romper con las inercias de un sistema vil y corrupto, que se enquistó durante tantos años. Debemos romper el anhelo corruptor en el propio sistema.

No hay duda alguna que hay miembros en el Sistema Judicial que son verdaderos héroes para cumplir con su trabajo. Ser hombres que juzgan a los hombres, es labor suprema. Ser hombres cabales que exponen sus vidas por otros, es vocación heroica.

Sin embargo, así como requerimos un verdadero esfuerzo de cambio y mejoramiento en las instituciones policiacas y en los ministerios públicos, en el Poder Judicial mismo, en su estructura, se debe romper, también, viejas costumbres, como el nepotismo y, por ende, la selección y reclutamiento de Jueces y Magistrados.

La apuesta y decisión que hemos tomado como país hace ocho años, es muy grande, de miras muy altas. Démosle, entonces, el contenido necesario. Luchemos a brazo partido por conquistar los grandes ideales de justicia que permitirán a las personas confiar y aspirar a la verdad, a la paz, a la plenitud.

La confianza en nuestras instituciones es fundamental para una auténtica vida democrática.  De ahí, lo importante en no quedarnos donde estamos; éstas deben estar a la altura para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Concluyo, compartiendo una frase, cuyo autor se desconoce: Hemos de alfabetizar a aquellos que saben leer libros, pero no saben leer el dolor de los hombres.

La inseguridad, la injusticia, la impunidad y la corrupción, le duelen a México. La insensibilidad del Estado, lo lacera.

Somos muchos los protagonistas y luchadores por la grandeza de nuestro país, y seguiremos firmes, con la esperanza renovada y con la certeza de que esta nueva etapa venidera en la consolidación de un nuevo sistema de justicia hará cada vez más tangibles los beneficios para cada mexicano.

Muchas gracias.

 -MODERADORA: Corresponde la siguiente intervención al doctor investigador Miguel Carbonell Sánchez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

-DR. MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ: Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Señores Alejandro Martí y Ernesto Canales; distinguidas autoridades del presídium de honor.

Señoras y señores:

El tiempo nos alcanzó.

Parecía lejana la fecha del 18 de junio de 2016 y aquí estamos, a escasos 11 días de que venza el plazo para tener funcionando en todo el país y para todo tipo de delitos el nuevo procedimiento penal, basado en las audiencias orales y la aplicación de los métodos alternos de solución de controversias.

Luego de miles y miles de horas de capacitación, de cientos de foros y seminarios de análisis, de cambios legislativos de enorme magnitud, de haber invertido más de 21 mil millones de pesos llega la hora cero, el minuto inaugural del nuevo procedimiento penal mexicano.

A partir del primer momento del 18 de junio, sabremos si todos los actores estuvieron a la altura del enorme desafío que supone dotarnos de un procedimiento penal más transparente y más justo.

Aunque no hace falta esperar hasta entonces para saber que algunas autoridades nos quedaron a deber.  Por ejemplo, el Poder Legislativo Federal prefirió faltar a su compromiso de tener las principales leyes del nuevo Sistema de Justicia Penal aprobadas a tiempo.

No se trata de las saquen al vapor, sobre las rodillas, apenas unas horas antes de que fenezca la Vacatio Legis, simplemente no les dio la gana aprobar con suficiente antelación leyes tan importantes, como la que habrá de regir todo el  todo el procedimiento para adolescentes en conflicto con la ley penal, la que regirá la ejecución de las sanciones o por citar solamente un ejemplo más, las indispensables reformas al marco jurídico de la lucha del Estado mexicano contra la delincuencia organizada. 

Es una lástima que ni eso hayan podido hacer nuestros representantes populares. Tuvieron tiempo suficiente y de sobra, pero sus intereses y atenciones parecieron estar en otro sitio.

Hagamos votos para que puedan remontar dichas omisiones en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso, que habrá de empezar dentro de unos días.

La reforma de nuestro procedimiento penal tiene como objetivo central reducir la impunidad, lograr un respeto absoluto a los derechos humanos, racionalizar las penas y en particular el abuso de la prisión preventiva; tener un sistema más eficiente, al concentrar el poder punitivo del Estado en los delitos que más dañan a los individuos y a la comunidad, así como generar confianza ciudadana.

La mayor responsabilidad recae en las entidades federativas. Son de su competencia. El 92 por ciento de todos los asuntos penales del país; un dos por ciento adicional corresponde a conductas de adolescentes en conflicto con la ley penal, y un seis por ciento son de la competencia del fuero Federal.

En el México plural que vivimos, hemos visto gobiernos locales muy comprometidos con la Reforma Penal, otros que han cumplido a duras penas y otros más que simplemente han preferido dejar que el tiempo pase sin hacer nada, para heredar a sus sucesores el problema.

Cabe felicitar a estados como: Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Yucatán, que han hecho un buen trabajo implementando la Reforma Penal. Lamentamos el enorme rezago y la falta de compromiso que se observa en estados como: Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala.

Una de las piezas centrales del nuevo Sistema de Justicia Penal son los métodos alternativos de solución de controversias. En la llamada justicia alternativa trabajan en todo el país mil 225 personas, quienes con datos de 2014, atendieron 136 mil 115 casos en 27 entidades federativas; el 61 por ciento de esos fueron casos resueltos por medición y el 15 por ciento por conciliación.

A partir de este dato, podemos comenzar a responder la pregunta de si es o no es importante haber implementado bien la Reforma Penal.

Miremos, precisamente, lo que nos dicen los datos.

El 39 por ciento de los casos en Chihuahua fueron desahogados por métodos alternativos, gracias al buen trabajo de implementación realizado, pero solamente el 0.51 por ciento fueron resueltos por la Justicia alternativa en Sonora, como sabemos, el estado más rezagado en el tema.

Hay otros datos que apuntan en la misma dirección, mientras que en Chihuahua hay 18.8 Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes, en Sonora hay apenas 2.9.

El promedio nacional es de 10, y es más alto en los estados en los que la Reforma Penal ya funciona, 16 en Yucatán, 14 en Chiapas, 12en Morelos y en Durango.

Mientras que en el sistema tradicional se resuelve una de cada seis averiguaciones previas, en el nuevo sistema se resuelve una de cada cuatro carpetas de investigación, aunque aquí las variaciones son muy grandes, por ejemplo, 66 por ciento de carpetas de investigación resueltas en Oaxaca, ya con la Reforma funcionando, contra 6 por ciento solamente de averiguaciones previas resueltas en Tabasco, sin reforma todavía.

Falta mejorar nuestro diseño institucional, sobre todo, para fortalecer a las defensorías públicas, 84 por ciento de ellas en nuestro país dependen indebidamente del Poder Ejecutivo en las entidades federativas.

Su presupuesto representa apenas el 2 por ciento del total destinado a los operadores del sistema penal, lo que equivale para el año 2015, a 921 millones de pesos.

Solamente en seis estados, las Defensorías Públicas tienen peritos propios. Los estados en los que ya funciona la Reforma, hay en promedio 3.06 defensores por cada 100 mil habitantes.

En los estados sin reforma, hay 2.46. En los estados con reforma, cada defensor público debe atender 60 casos anualmente. En los estados sin reforma, debe atender 174 casos. En los estados con reforma, los defensores públicos ganan en promedio 20 mil 136 pesos. En los estados sin reforma, ganan 10 mil 744 pesos al mes en promedio.

Uno de los grandes protagonistas del nuevo sistema es el llamado Procedimiento Abreviado.

En las causas que ya se han ventilado bajo la competencia de autoridades Federales, el 90 por ciento se ha resuelto mediante este tipo de procedimientos.

En las entidades federativas hay muchas variaciones, ya que mientras en Baja California el 62 por ciento de los asuntos se van por procedimiento abreviado, esa cifra es apenas del 17 por ciento en Guanajuato, o del 21 por ciento en Tabasco.

Lo cierto es que son pocos los casos que llegan a la etapa de juicio oral, lo que viene a demostrar que las salidas alternas y el procedimiento abreviado están funcionando de manera adecuada en términos generales.

En el Estado de México una de cada siete causas que ingresan a su Poder Judicial termina llegando a la etapa de juicio oral. En Baja California hay un juicio oral por cada 102 casos que ingresan a su conocimiento de su Poder Judicial.

Menos casos llegan, por tanto, a sentencia dictada en la etapa de juicio, pero se trata en casos en los que se ventilan delitos de mayor impacto social. La sanción promedio pasó de 420 días de prisión en el sistema anterior, a 679 días de prisión en el nuevo sistema.

Es vital que las autoridades de las procuradurías y fiscalías del país estén bien preparadas para presentar sus casos ante los jueces, porque de lo contrario, los abogados defensores les van a comenzar a ganar cada vez más casos.

En el sistema antiguo, recordemos que el 93 por ciento de todas las sentencias penales en el país de primera instancia eran condenatorias. El órgano acusador tenía enormes ventajas para obtener una sentencia de ese tipo. Con el nuevo sistema, la cancha se empareja.

En Morelos, el 56 por ciento de las sentencias son absolutorias y en Tabasco el 90 por ciento lo son. Pero, por ejemplo, en Baja California, que sí ha implementado bien la reforma, solamente el 11 por ciento de las sentencias son absolutorias bajo las reglas del nuevo sistema.

No se trata, por tanto, de un problema de diseño del propio sistema, sino de capacidad institucional para hacer buenas investigaciones y presentar sólidas teorías del caso.

El Nuevo Sistema Penal permite ganar celeridad en la impartición de justicia. En el anterior sistema, un proceso penal duraba en promedio 185 días en su primera instancia. Hoy los mecanismos alternativos nos permiten obtener soluciones justas en solamente 30 días.

Hemos ganado, también, en términos de costos económicos. Cada proceso del sistema inquisitivo mixto costaba en promedio 15 mil 198 pesos. En los asuntos resueltos mediante métodos alternativos bajo el nuevo sistema, el costo se redujo hasta un monto de mil 566 pesos por asunto en promedio.

Hemos ganado, también, al aplicar medidas cautelares distintas de la prisión. Cada interno en nuestras cárceles cuesta diariamente en promedio 220 pesos, pero medidas cautelares distintas a la privativa de la libertad tienen un costo diario de 11 pesos en Morelos y de 40 pesos en Baja California.

Gracias al Nuevo Sistema Penal, entre el año 2008 y el 2016, unas 70 mil personas evitaron sufrir prisión preventiva. La tasa de presos en prisión preventiva ha bajado del 45 por ciento al 25 por ciento en Nuevo León, y del 47 por ciento al 29 por ciento en Morelos.

Señor Presidente.

Señoras y señores:

El 18 de junio no finaliza nada. Por el contrario, arranca una nueva etapa de la consolidación de nuestra justicia penal, una etapa en la que habrá que seguir haciendo esfuerzos extraordinarios y respecto de la cual todos tendremos tareas pendientes de la mayor relevancia.

A partir de esa fecha, habrá que trabajar al menos en los siguientes seis puntos:

Primero. Informar a la sociedad del nuevo sistema y de las reglas que se aplicarán a partir de esa fecha, sobre todo en materia de prisión preventiva y de presunción de inocencia, incluyendo en ello, sobre todo, a nuestros amigos de los medios de comunicación.

Dos. Formar abogados que dominen las técnicas de litigación oral para evitar que sigan leyendo en las audiencias y que el principio de defensa adecuada siga siendo una quimera.

Tres. Capacitar a funcionarios públicos para que hagan investigaciones profesionales, recaben pruebas científicas y se desempeñen con éxito en las distintas etapas del procedimiento penal.

Cuatro. Como decíamos, complementar el marco jurídico para que las reglas de funcionamiento del sistema estén claras y sean conocidas por todos los operadores.

Cinco. Desarrollar interpretaciones jurisprudenciales para que los órganos del Poder Judicial de la Federación definan criterios de aplicación de la nueva normatividad.

Y Seis. Contar con mecanismos de evaluación y seguimiento de la marcha cotidiana de la reforma, casi, casi en tiempo real, ésta puede ser la tarea que haga la SETEC cuando venza su mandato legal, lo que ocurrirá antes de finalizar el año.

Nunca en la historia jurídica de América Latina se había intentado una reforma del alcance de nuestra transformación del procedimiento penal. Se suelen citar los casos de Colombia y de Chile, pero sus condiciones geográficas, su número de habitantes, la extensión de sus países y hasta su forma de gobierno, se trata de países centralistas, no federales como México, hacen que la comparación sea imposible.

En el 2008, México decidió emprender una transformación jurídica de proporciones heroicas, nos toca ahora, entre todos, convertir tales propósitos en realidades cotidianas.

No nos demoremos. La tarea no ha terminado. Apenas comienza.

Muchas gracias.

 -MODERADOR: Escuchemos las palabras del Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

-MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES: Muy buenas tardes. Muchas gracias.

Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Señores funcionarios; representantes de la sociedad civil y todos lo que nos acompañan en este foro.

El Foro Nacional de Seguridad y Justicia se ha convertido en un referente crítico y propositivo de la escena jurídico-penal de nuestro país.

No me cabe duda que dentro de este foro no debe omitirse el tema del nuevo Sistema de Justicia Penal, que está a escasos días, si no es que a horas de entrar en vigor en todo el territorio de nuestro país.

Creo también que este nuevo sistema debe ser objeto de disección y análisis en las jornadas por venir, a cuyo desenvolvimiento y conclusiones hemos de estar muy atentos, para que las experiencias enriquezcan y se apliquen en el ámbito de nuestras responsabilidades y competencias.

Desde el año 2008, los tres Poderes de las Unión y las entidades de la República están comprometidas ante el pueblo de México para cumplir con las disposiciones del Constituyente Permanente para dar comienzo y culminar una revolución procesal sin precedente ni punto de comparación en toda la historia jurídica de nuestro país.

El plazo llega a su fin. Y hemos dado los pasos necesarios en la justicia Federal para modificar una inercia poco satisfactoria de un paradigma y una instrumentación de justicia penal que ya no ha podido poner énfasis en la atención de las necesidades de seguridad y justicia en el marco moderno del ejercicio y respeto de los derechos fundamentales.

Por ejemplo, en cuestiones tan sensibles como la justicia pronta y completa, así como lograr el equilibrio de derechos y potestades de la víctima y el acusado, dentro del proceso o la restricción máxima de la prisión preventiva.

Todas estas cuestiones significaban ya problemáticas estructurales que requerían soluciones de la misma envergadura.

Las labores que hemos desarrollado en la justicia Federal en estos últimos ocho años, y especialmente en este año y medio reciente, han sentado las bases para ellos, en múltiples aspectos, que han llevado al Consejo de la Judicatura Federal en pleno a crear una estructura física y humana para satisfacer la nueva justicia penal Federal. Y por ello, me permito anunciarles que ya contamos con centros de justicia penal Federal en todas y cada una de las entidades federativas y juzgadores para atenderlas en condiciones óptimas.

Hoy, en 28 entidades ya están en funcionamiento salas de Justicia Penal Federal que suman, en esas 28 entidades, 31 centros con jueces especializados y seleccionados. Y en las cuatro entidades de la República restantes, que son Baja California, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas estamos a punto de la puesta en funcionamiento, que será no el 17, sino el 14 de junio, dentro de una semana, para que abran sus puertas seis centros más ubicados en esas cuatro entidades, además de la Centro de Justicia Penal en las Islas Marías, que también corresponde a la jurisdicción Federal.

Desde luego, están designados para atenderlos 118 Jueces de Distrito, que pasaron por 14 rigurosos procesos de selección y capacitación.

Con ello, no sólo hemos cumplido con la ley, sino que, además, hemos evitado e impedido, porque así lo queremos, cualquier influencia en la designación de los jueces que no sea su preparación, su capacidad y, desde luego, haciendo a un lado cualquier posibilidad de nepotismo o de designación indebida.

Capacitación, además, que se dará de manera continua para elevar siempre el nivel de calidad en la actuación de los juzgadores Federales.

Los resultados de estos esfuerzos están a la vista y serán materia de análisis en las distintas mesas de trabajo que tendrán lugar a continuación, por lo que de momento no me detengo mayormente en ellos.

Sólo quiero destacar que las poco más de cuatro mil causas judicializadas hasta la fecha en el Sistema Penal Federal en tan sólo poco más de un año y medio, han arrojado ya experiencias suficientes como para generar interesantes reflexiones y, en algunos casos, ya las acciones consecuentes.

Hemos instalado, además, en la página Web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un acceso directo en el Semanario Judicial a todos los criterios que ya se han estado sosteniendo en relación con este nuevo Sistema y, además, un capítulo sobre la jurisprudencia relativa por derecho humano protegido y reconocido por nuestra Constitución.

Las acciones que hemos considerado importantes, son éstas:

Primera. Que el diálogo entre los diferentes operadores es fundamental para un inicio adecuado y uniforme. Por ese motivo, hemos emprendido una intensa comunicación entre los juzgadores del nuevo sistema y los que ejercen el control constitucional a través del amparo, que se ha visto coronada con un ejercicio inédito de interlocución con los juzgadores, además del fuero de las entidades de la Federación, de manera presencial en cada una de ellas.

Con ello, hemos querido extender la mano de colaboración a los Tribunales Superiores de Justicia de los estados para lo que ha habido, y lo reconozco, una respuesta extraordinaria.

Segundo. La respuesta de los juzgadores Federales en el trámite de las causas que se someten a su decisión, hasta ahora ha sido adecuada, en un contexto en que prácticamente la totalidad de los casos han involucrado flagrancia.

El desafío está en mantener constante el flujo de solución de conflictos de índole penal, una vez que se incrementen los procedimientos, como resultado de las labores de investigación de la policía y del Ministerio Público, labor que, desde luego, los jueces sólo atendemos, pero no realizamos.

Tercera. Hasta ahora, los delitos de las causas judicializadas son, diríamos, de menor entidad, pues casi el 60 por ciento corresponde a delitos relacionados con portación de arma de fuego, mientras que otro 30 se compone de delitos de narcomenudeo federal, narcotráfico, aunque por cantidades de narcóticos bajas y, especialmente, robo de hidrocarburos.

Aquí, quiero hace notar, por ejemplo, que, en las dos salas o centros de justicia, uno en Puebla y otro en Guanajuato, es donde el número de causas es mayor, precisamente, por el robo de hidrocarburos.

Esto tiene notables implicaciones en dos aspectos. Por un lado, que fluyan de manera adecuada los diversos mecanismos alternativos, ya que el procedimiento abreviado y la suspensión condicional del proceso están cumpliendo su misión, tanto de solución, como a la vez de descongestión del sistema a fin de que el juicio como tal se reserve para un número reducido de casos, como ha sucedido ya.

Por otro lado, la prisión preventiva se ha disminuido hasta poco menos del 20 por ciento en materia federal, y hoy, en el nuevo sistema, menos de uno de cada cinco imputados enfrenta el proceso en libertad, sujeto a medidas cautelares.

Tema de análisis, es que si ese porcentaje se podrá reducir todavía una vez que empiece a funcionar la Unidad de Medidas Cautelares para el ámbito federal, para que correlativamente el reto sea conservarlo en bajos niveles de prisión preventiva cuando se judicialicen causas con delitos de mayor relevancia, entre ellos los de prisión preventiva, oficiosa, como establece la Constitución y el Código Nacional.

Cuarta. Desde el comienzo nuestros Centros de Justicia Penal Federal y nuestros jueces de Distrito, quiero subrayarlo, están preparados para conocer de todos los delitos del orden federal, incluidos los de delincuencia organizada, que hasta ahora no se han judicializado, ya que tenemos sólo tres causas por delitos de este tipo, uno en Guanajuato, uno en la Ciudad de México y uno en el Estado de México, de más de cuatro mil causas que ya conocen los jueces especializados, lo que impide hasta ahora hacer cualquier evaluación de cómo está reaccionando el nuevo sistema, ya que en sede judicial estos delitos no han sido promovidos.

Quinta. Es indudable que, en esta renovada esfera jurisdiccional, como acto de autoridad, como cualquier otra, las decisiones de los jueces de proceso son un acto de autoridad, la última palabra estará en manos de los jueces de amparo, quienes tienen la alta misión de velar porque todos los postulados constitucionales se cumplan absolutamente con rigor. Así lo ha señalado ahorita don Miguel Carbonell y Alejandro Martí; que los derechos humanos deben respetarse absolutamente. Esa es la labor de los jueces de Amparo.

En sus distintas competencias los jueces de amparo son garantes de que se respeten los derechos reconocidos por nuestra Constitución y, con ello, realmente, se castigue al culpable, mediante el respeto a la presunción de inocencia y que si bien los mecanismos de solución de controversias hagan fluir el sistema, a la vez, no deje de repararse el año, de que cuando se opte por el juicio se busque la verdad mediante el esclarecimiento de los hechos, pero sin ceder un solo espacio a pruebas ilícitas.

En suma, están llamados a velar por los intereses de todos los involucrados, destacadamente del imputado y especialmente, creo yo, de la víctima, pero también de los fines de una sociedad que ha apostado por un Estado de derecho y ha depositado esta delicada tarea en los jueces, quienes ahora claramente deciden, de cara a la sociedad, y deben ser evaluados por virtud de las razones y de sus decisiones.

El debido proceso legal no es un obstáculo ni un pretexto. Es una garantía para todos y cada uno de los habitantes de este país.

El debido proceso hace que las cosas se hagan bien, no por presunciones, por inferencias mediáticas o porque se cree que alguien es culpable. Mientras no existan pruebas licitas que así lo demuestren, los jueces no podrán seguir un camino fácil de condenar a alguien por su propia apariencia.

Es y ha sido una mala práctica descalificar a los jueces fuera del contexto en el que han juzgado, lo que no contribuye al interés de lograr un mejor Sistema de Justicia Penal, y haciéndolo, ese juzgamiento de los jueces, sin conocimiento muchas veces directo de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto, y sin percatarse de las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales que los rigen obligatoriamente.

Reglas construidas sobre las disposiciones de la ley y de la Constitución, y tras largos debates de interpretación, favoreciendo, como lo dice el Artículo Primero, la interpretación más favorable a la persona humana, sustentadas todo, en los principios y derechos reconocidos por nuestra Carta Suprema.

Por supuesto que los jueces no son infalibles. Cuando se ha demostrado que han fallado, se les ha sancionado con rigor, porque no aceptamos jueces corruptos o torpes, que indebidamente aplican mal la ley, o que lo hacen en un sentido doloso.

En el tiempo en el que he estado yo al frente del Poder Judicial de la Federación, se han sancionado a tres Magistrados, a tres jueces y a diversos funcionarios con destitución del cargo por su mala conducta.

Son pocos los casos, afortunadamente, porque creo que merecen dichos castigos. No se puede, de esta manera, hacer una descalificación generalizada de los jueces, porque, además, la calificación, la confianza en los jueces es la que le da legitimación a este nuevo sistema, en el que todos ustedes y yo creemos, y se ha construido para ello.

Si el camino se pavimenta de acusaciones de corrupción por sólo disentir de sus decisiones, pero sin razones y pruebas fundadas, lo que nos serviría, inclusive para imponer las sanciones, en nada contribuirá a la legitimidad de los operadores, que al menos en el ámbito Federal constituyen el eslabón más fuerte de esta cadena que soporta lo que ustedes mismos, todos, destacados representantes de diversos sectores, confluyeron para idear, diseñar, impulsar y hacer una realidad este nuevo Sistema de Justicia Penal.

Estamos por concluir la etapa de implementación con éxito, gracias a la labor coordinada de todos los involucrados.

Debemos seguir, y estoy seguro, continuaremos por una senda de profunda responsabilidad en la que estamos inmersos.

El Poder Judicial de la Federación tiene, además, a su cargo, la Defensoría Pública y, en esto, se ha especializado un esfuerzo real de darles una capacitación continua en todos los nuevos aspectos del nuevo Proceso Penal Acusatorio.

Además, los defensores en materia Federal sólo pueden ejercer su función dentro de este sistema. No pueden ejercer la profesión libremente. Tienen buena remuneración y una vigilancia que hace que se les avalúe periódicamente cada tres meses para saber su desempeño.

México, que no es otro, sino su pueblo, su gente, hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, exige y merece una justicia penal madura, protectora, sí, pero no solapadora.

La sanción que nuestras leyes determinan para quienes dañan, agravian a la sociedad, deben ser impuestas no sólo como un castigo al responsable, sino especialmente como una forma de equilibrar el orden social y restaurar la paz que se pierde por la comisión del delito, por el agravio a las personas, por el peligro que implica la conducta antisocial, buscando el equilibrio de los derechos de todos los involucrados, de todos los afectados, reconociendo que todos son igualmente importantes, que todos deben ser respetados.

No tenemos duda en la justicia Federal que los derechos de los acusados de un delito son fundamentales, pero no es menos cierto e incontrovertible que los de las víctimas tienen la misma importancia, trascendencia y altura humana, y deben ser respetados con la misma aplicación y cuidado, responsabilidad e intensidad. De lo contrario, la decisión perdería su cualidad de verdadera justicia.

Con la implementación del Nuevo Sistema Penal, estamos en la realidad concreta, en el camino correcto para cambiar la inercia histórica que nos llega de hace siglos, que no por eso es mala, sino porque el desarrollo del reconocimiento y avance en el respeto a todos los derechos obligó a repensar y orientar un camino diferente, que permita satisfacer los anhelos de una sociedad participativa cada vez más, más informada y más exigente.

El Poder Judicial de la Federación asume, y ha asumido cumpliendo, el compromiso. Lo estamos haciendo, y no cejaremos en nuestro propósito de cumplir con el pueblo de México.

Muchas gracias.