-MODERADORA: Interviene enseguida la doctora Ana Laura Magaloni Kerpel, profesora investigadora del CIDE.

-DRA. ANA LAURA MAGALONI KERPEL: Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; maestra Arely Gómez, Procuradora General de la República; distinguidos miembros del presídium.

Señoras y señores:

El esfuerzo de consulta que se detonó a partir de la solicitud que hizo el Presidente de la República al CIDE el 27 de noviembre, es un esfuerzo inédito. Es inédito en dos sentidos: por la pregunta que planteó y por el vehículo de aproximación a su respuesta.

La pregunta fue: Cuál es la experiencia de justicia para los mexicanos en su dimensión más inmediata y cotidiana.

No se trata de entender los problemas de justicia desde los grandes indicadores, ni desde las evaluaciones sistémicas del aparato de justicia a nivel nacional.

Se trata de entender y evaluar la justicia de todos los días, la más próxima, la que se encarga de pacificar y resolver los conflictos que tienen las personas en su interacción cotidiana con otros y con sus autoridades inmediatas.

Me refiero por ejemplo, a la disputa para que una madre soltera pueda hacer efectivas las obligaciones económicas que tiene el padre de sus hijos, o los conflictos de un pequeño empresario para cobrar a un deudor el dinero que le debe, o una trabajadora doméstica a la que no le pagan lo acordado o no le respetan sus días de descanso.

Es decir, estamos hablando de los conflictos que se encuentran en la base de la pirámide social. Ningún ejercicio de diagnóstico y de reforma judicial en el México democrático, había colocado su mirada en la justicia cotidiana.

Como bien señaló el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la justicia cotidiana, es la justicia olvidada.

Lo inédito de este ejercicio, también tuvo que ver con la ruta de aproximación que se eligió, para encontrar respuestas. Es una ruta simple, pero novedosa. Se trata de ponerle rostro a la demanda de justicia insatisfecha. Es decir, reconocer las historias y testimonios de los ciudadanos en todo el país, con respecto a sus conflictos cotidianos y las limitaciones que experimentaron para acceder a un tribunal, y una vez ahí, para encontrar soluciones justas, razonables y útiles.

Veamos brevemente unos cuantos de estos testimonios.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

-DRA. ANA LAURA MAGALONI KERPEL: Dio inicio el proceso de consulta. Durante estos meses hemos recibido testimonios de la mayor parte de los estados de la República, sobre una agenda variada de temas a través de una plataforma virtual. Además, le dimos una ruta itinerante e incluyente al proceso de consulta.

El CIDE, junto con 17 instituciones más, convocó a siete foros temáticos en distintas entidades del país. Aguascalientes fue testigo de las preguntas sobre los conflictos laborales desde la perspectiva de los trabajadores.

En Guanajuato reflexionamos sobre los conflictos de los ciudadanos con sus autoridades administrativas inmediatas.

En Tijuana hablamos sobre las enormes asignaturas pendientes de la justicia familiar.

En Monterrey se analizaron los conflictos a que se enfrentan los emprendedores de nuestro país en tres ámbitos: conflictos laborales, corrupción administrativa y ejecución de contrato y cobro de deudas.

Tuxtla Gutiérrez nos recibió para hablar de los conflictos de convivencia entre vecinos.

Y finalmente, en el Distrito Federal, analizamos tanto los conflictos más recurrentes en las escuelas del país, como los desafíos de la justicia para proteger y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos más vulnerables.

Paralelamente, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia llevó a cabo ocho foros en distintas entidades federativas, en donde participaron centralmente jueces y magistrados locales.

El doctor Pedro Salazar y el doctor Sergio López Ayllón, después de mi intervención, hablarán de algunos de los resultados más relevantes de este ejercicio.

Señor Presidente de México.

Señoras y señores:

La demanda de justicia insatisfecha es una realidad insoslayable en nuestro país. La reforma a la justicia cotidiana es impostergable.

El desafío mayor de la misma tiene que ver con que el responsable central de esa justicia es el tribunal más olvidado de nuestro sistema: el Juzgado de Primera Instancia Local.

Es ahí donde los ciudadanos deben acudir para resolver la inmensa mayoría de sus conflictos con otros; 80 por ciento de los casos que se resuelven en esos Juzgados, no llegan a segunda instancia ni mucho menos al amparo.

La pregunta es: Cómo mejorar de manera uniforme en todas las entidades federativas del país la accesibilidad y la calidad de los muchísimos y heterogéneos Juzgados de Primera Instancia que existen.

Cómo vencer las enormes carencias e inercias existentes en la base de la pirámide judicial. Ello sólo va a ser posible a través de un acuerdo político fundamental, un pacto por la justicia, que involucre la determinación del Gobierno Federal y de todos los poderes estatales, para entender cabalmente la marginalidad jurídica en la que se encuentran muchos, muchísimos mexicanos.

Por qué valdría la pena invertir capital político, en la reforma a la justicia cotidiana.

La respuesta es sencilla, la marginalidad jurídica es uno de los lastres más importantes para el crecimiento económico, y para la paz social en México. No hay forma de prosperar económicamente, si se vive fuera de la protección de la ley.

No hay manera en que las personas puedan utilizar sus talentos y sus habilidades para progresar, si no cuentan con mecanismos jurisdiccionales, accesibles y efectivos para proteger su patrimonio, y su entorno afectivo más íntimo, frente al atropello y el abuso de otros.

La justicia, es la plataforma básica para que las familias puedan construir con su trabajo un piso mínimo de seguridad económica. También, es un ingrediente clave para que las oportunidades económicas no se concentren en la élite.

Además, la justicia es indispensable para construir una sociedad más igualitaria y pareja en derechos. Un México próspero, incluyente y en paz, como el que se ha propuesto construir la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, es, necesariamente, un México con justicia para todos.

Muchas gracias.

-MODERADOR: Sean tan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros, escucharemos las palabras del doctor Pedro Salazar Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

-DR. PEDRO SALAZAR UGARTE: Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; señores Secretarios de Estado; señora Procuradora; señores Gobernadores.

Señoras y señores funcionarios; colegas académicos; señoras y señores:

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, participó de manera activa y comprometida en el desarrollo de los foros convocados y organizados por el CIDE.

Lo hicimos con la convicción universitaria de que la autonomía, la independencia, la libertad y el rigor de pensamiento son instrumentos valiosos para aportar soluciones a los grandes problemas nacionales.

Sabemos que la academia tiene una responsabilidad ineludible ante los retos que provienen desde la realidad.

Nuestra función social no puede ni debe limitarse al universo de las ideas, por el contrario, nuestra misión y acción cotidianas exigen cable a tierra y vocación transformadora, sobre todo cuando se trata de ofrecer soluciones ante retos tan sentidos para las personas, como lo es la injusticia cotidiana.

De ahí, la pertinencia y relevancia del informe que el Director General del CIDE, Sergio López Ayllón, presentará a continuación.

Después de leer el documento me queda claro que el tema que nos convoca es tan complejo, tan presente en los distintos ámbitos de la convivencia social y tan variado en los diferentes contextos en los que viven los mexicanos, que sólo mediante una política integral será posible superar la situación en la que nos encontramos.

Por eso, si no me equivoco, debemos entender a las propuestas como un conjunto armónico y no como un abanico de iniciativas aisladas.

Lo que México necesita es una verdadera política de Estado, integral, coherente, para sortear una profunda crisis de injusticia social, una crisis que es real, estructural y general.

Por eso, el ejercicio que el Presidente de la República encomendó al CIDE y al que bajo su iniciativa nos sumamos diversas instituciones académicas y sociales constituye una oportunidad histórica, es mucho lo que está en juego y más lo que podemos perder.

En el fondo, el reto que encaramos es el de evitar una ruptura, un divorcio entre la sociedad y las instituciones del Estado.

Si las autoridades se vuelven autistas ante la vida y los reclamos cotidianos de las personas, y éstas abandonan la vía institucional como medio para superar sus conflictos, lo que nos espera es la regresión o el caos, o peor aún, ambas cosas.

La generación de mexicanos del presente, que ha visto madurar el proyecto de la transición democrática tiene, tenemos, la responsabilidad de consolidarla, para lograrlo es imprescindible reforzar los puentes entre la vida de las personas y la gestión de las autoridades.

Dichos puentes son instituciones y, por ello, tiene sentido decir que lo que México necesita, es apuntalar a su democracia mediante un verdadero Estado de Derecho y no se trata de una idea abstracta o de una fórmula vacía.

El Estado de Derecho son acciones concretas como las que hoy se proponen, de hecho es la condición necesaria para lograr la justicia cotidiana. Una justicia entre ciudadanos iguales, en la que no caben la cultura clientelar ni la lógica del privilegio. Por eso, el Estado de Derecho debe traducirse en una sociedad de derechos.

Derechos, llamémoslos humanos o fundamentales que debemos bajar desde las normas hacia la realidad y desde los discursos hacia los hechos. Los derechos no pueden seguir siendo promesas ni fórmulas retóricas.

Y para convertirse en realidad, dependen de decisiones y acciones políticas concretas. Para decirlo sin ambages: En los hechos, los derechos son políticas públicas.

Las propuestas que hoy se presentan, señor Presidente, probablemente no son originales, no tenían y no podían serlo, porque no es necesario inventar el hilo negro. Lo importante es que algunas y todas en su conjunto son necesarias y realizables.

Algunas, de hecho, llevan años esperando una decisión política que las ponga en vigencia. Pienso, por ejemplo, en la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que daría dignidad y derechos a las trabajadoras domésticas.

También en la reforma constitucional y legal que, mediante la colegiación obligatoria de los abogados, garantizaría calidad profesional y desempeño ético al ejercicio de la profesión jurídica.

O también en la edificación de un verdadero servicio de defensoría pública de calidad, sin el cual no hay, no existe sistema de justicia moderno que funcione.

Son muestras de algunas de las propuestas que se encuentran explícita o implícitamente recogidas en el documento y que están en espera de las decisiones políticas que las pongan en movimiento.

Señor Presidente.

Señoras y señores funcionarios.

Colegas y amigos:

El principal problema de las reformas estructurales que este Gobierno y esta generación de políticos mexicanos, en el contexto del Pacto por México, han impulsado, es que no están completas. Les falta la pieza fundamental: hacer realidad eso que llamamos justicia cotidiana.

Sin ese basamento social, el andamiaje institucional que promete llevar a México a la modernidad política, civil y económica, podría desfondarse.

Sumar esfuerzos para evitar que este derrumbe suceda es responsabilidad de todos.

Asumo que por eso estamos aquí y espero que tengamos éxito. De ello depende el futuro de nuestra democracia

Muchas gracias.

-MODERADORA: A continuación, el doctor Sergio López Ayllón, Director del Centro de Investigación y Docencia Económicas hará entrega del documento con los resultados, de la Consulta en Materia de Justicia Cotidiana, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto.

(ENTREGA DE DOCUMENTO)

-MODERADOR: Les invitamos a ocupar su lugar para escuchar la intervención del doctor Sergio López Ayllón, Director del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

-DR. SERGIO LÓPEZ AYLLÓN: Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; doctor Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; distinguida Procuradora General de la República; señores Secretarios y miembros del Gabinete; señores Gobernadores.

Señor Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; señor Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia; señoras y señores Rectores; Directores y Presidentes de las instituciones académicas, gubernamentales y sociales que nos acompañaron durante el proceso de consulta; señoras y señores.

Estamos aquí para entregar al Presidente de la República, los resultados de la encomienda que nos formuló en noviembre de 2014.

Hicimos una amplia convocatoria al lado de otras 17 instituciones, desarrollamos 15 foros presenciales de consulta y mantuvimos permanentemente un foro virtual. Fue un ejercicio para escuchar a los ciudadanos basado en la diversidad.

Adelanto dos ideas:

La primera. Que encontramos un escenario profundamente preocupante sobre la justicia cotidiana, sus instituciones y sus efectos en la vida de las personas.

Estamos obligados a reconocer que hoy, la mayoría de los mexicanos carecemos de los medios y condiciones para solucionar nuestros conflictos a través de las instituciones.

La segunda. Que la justicia cotidiana corresponde principalmente, al ámbito de los gobiernos estatales y que por ello, muchas de las soluciones pasan por fortalecer las capacidades de los sistemas de justicia local.

Existen muchas razones que explican por qué nos encontramos en este punto, quisiera únicamente subrayar que el primer gran obstáculo para una justicia cotidiana, es que las personas desconocen sus derechos y cuando los conocen, difícilmente saben cuáles son las vías para reivindicarlos.

El siguiente eslabón es, paradójicamente, el momento en que las personas se acercan a las instituciones de justicia, los procesos son largos y onerosos, los servicios de representación jurídica inciertos y de mala calidad y las sentencias frecuentemente incomprensibles, cuando no inejecutables.

Así, el conflicto que dio origen a la intervención institucional permanece y peor aún, se generan otros nuevos.

Estos procedimientos además, tienen lugar en instituciones con capacidades limitadas, abandonadas en términos presupuestales y con una independencia frágil.

Las instituciones de justicia no tienen las condiciones para pacificar y resolver problemas de personas, sino que administran formalismos y procedimientos.

Es ahí, en esa orientación, donde sucede la tragedia de la discriminación sistemática o la perpetuación de las desigualdades sociales, en el acceso a la justicia y en sus condiciones de vida.

El caso de la justicia laboral y de los salarios mínimos, es muy elocuente de esta situación.

En este contexto, las posibilidades de que el Estado logre dar vigencia plena a los derechos, mejore las condiciones de vida de la población, propicie un entorno favorable al crecimiento económico y construya un auténtico Estado de Derecho, simplemente se desvanecen.

Por ello, si queremos articular el tejido social, dar sentido de pertenencia y confianza a los ciudadanos, así como ofrecer perspectiva de futuro a la vida en común, tenemos que atrevernos a dar un salto hacia adelante y transformar esta realidad.

Cómo salir de esta situación.

Cómo tomar ventaja de los avances institucionales que, sin duda, ha tenido el país y no quedarnos a medio camino.

Cómo resolver los dilemas que enfrentan cada día quienes imparten justicia a lo largo y ancho del país.

Éstas son, entre otras, las preguntas que una y otra vez impulsaron la reflexión de los expertos que participaron en el ejercicio, y que comparten la convicción de que es posible superar este aparente callejón sin salida.

En nuestra historia reciente tenemos muchas contribuciones para atender la falta de acceso a la justicia en México; la mayor parte de ellas han optado por sugerir una revisión estructural.

El enfoque que adoptamos en los foros fue distinto. Esta vez empezamos por identificar los problemas de las personas. A partir de la experiencia de cercanía y de la conciencia de que el objetivo debe ser resolver problemas concretos, hemos formulado recomendaciones que pretenden transformar, paulatinamente, las condiciones de acceso a la justicia de la mayoría de los mexicanos.

Conforme a este enfoque, sabemos que no hay respuestas perfectas, sino medidas graduales que tienen que ser identificadas y modificadas periódicamente. Sabemos, también, que tampoco existen soluciones universales aplicables a todos los problemas, y que importa reconocer que la mayor parte de los conflictos se desarrollan en un ámbito local.

Tenemos plena conciencia que no podemos perder de vista el horizonte, pero, también, de que importa corregir las injusticias palpables sin tener que esperar al diseño institucional perfecto.

Cualquier decisión sobre justicia tiene que estar anclada, no sólo en la decisión de un legislador, sino en el diálogo razonado que permite el debido proceso entre los afectados por esas decisiones.

El catálogo de problemas que encontramos es largo, heterogéneo y complejo. Por ello, las respuestas también son diversas y abarcan un amplio espectro de medidas que, en algunos casos, implican cursos de acción alternativos.

Las 217 recomendaciones que se desprenden de los foros y que ahora entregamos al Presidente de México, y ante todos ustedes, constituyen más un programa de acción de largo aliento, que puede servir de base para elaborar una política pública nacional de acceso a la justicia.

Éste es el principal reto que se deriva de la consulta, y es la recomendación más importante del ejercicio.

Consideramos, por otro lado, que la construcción de esa política debe responder a una agenda y, por ello, identificamos cuatro temas que consideramos prioritarios.

Uno. La creación de centros de asistencia jurídica temprana, que podrían evolucionar a constituir una defensoría pública y vigorosa.

Dos. Regular el ejercicio y la responsabilidad profesional de los abogados.

Tres. Revisar la operación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Y cuatro. Diseñar un nuevo modelo de justicia familiar.

La atención de cada uno de estos temas es complejo y requiere deliberación y acuerdos políticos, pues la competencia para resolverlos está fragmentada en muchas instituciones, tanto estatales, como federales.

Por ello, le proponemos al Presidente de la República que convoque a una instancia nacional de diálogo y concertación que diseñe, proponga y evalúe los resultados encaminados a estos objetivos.

Pero el diseño de esa política no es condición para iniciar acciones que permitan mejorar las condiciones concretas de acceso a la justicia.

Nuestro planteamiento se complementa con otras ocho acciones precisas, competencia plena del titular del Ejecutivo Federal y otras seis, que implican esfuerzos conjuntos de los gobiernos estatales y la Federación.

Estas acciones y otras que se encuentran en el informe, buscan resolver injusticias concretas y avanzar en resolverlas.

Señor Presidente de la República:

Las recomendaciones que contiene el informe general y las acciones que sugiere el plan de acción inmediato, constituyen un esfuerzo heterodoxo; pero honesto y comprometido con la justicia del país.

Es el resultado del trabajo de muchos mexicanos, que generosos ofrecieron su tiempo y conocimiento convencidos de que es posible transformar la realidad para acercarnos a un país más justo.

Sería imposible agradecer a todos y cada uno, a los ciudadanos, investigadores, funcionarios, expertos, abogados, jueces y al personal de apoyo por el esfuerzo realizado. La recompensa es el compromiso político del Gobierno de la República para hacer de la justicia cotidiana una prioridad.

Reconozco también a los rectores, presidentes y directores generales de las 17 instituciones que nos acompañaron. Gracias por su solidaridad y desinteresada participación en este ejercicio.

Quiero hacer una especial mención a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y a su Presidente, así como el apoyo que nos brindó la OCDE.

Finalmente, agradezco a la comunidad del CIDE por su apoyo y compromiso con nuestra misión como centro público de investigación.

Con este acto, damos cabal cumplimiento a la petición del Presidente Peña Nieto y damos cuenta a la Nación de sus resultados.

Termino con una conclusión aún más general. La agenda de la justicia debemos ponerla al centro del debate público y debe permanecer ahí.

La discusión sobre la necesidad de fortalecer al Estado de Derecho debe ser más concreta, más específica y terrenal.

No se agota en la aplicación de la ley y pasa por lograr que las personas confíen en la manera en que trabajan en sus instituciones, porque ello tiene efectos justos, equilibrados, pacificadores y convincentes; que cumplir las normas y dirimir institucionalmente los conflictos conviene a todos, especialmente a los más débiles.

Ésta es la gran agenda pendiente de nuestra democracia constitucional y, me atrevería a decir, la agenda de la que depende en parte su vigencia. Es la base sin la cual los grandes problemas nacionales no podrían encontrar su solución.

Muchas gracias.

-MODERADORA: A continuación, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto; el Director General del CIDE y el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, harán entrega de reconocimientos a las instituciones que acompañaron en este ejercicio al Centro de Investigación y Docencia Económicas.

(ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS)

(A CONTINUACIÓN HIZO USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, SU DISCURSO SE TRANSCRIBE POR SEPARADO)