-MODERADOR: Hace uso de la palabra el licenciado Monte Alejandro Rubido García, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- LIC. MONTE ALEJANDRO RUBIDO GARCÍA: Con su venia, señor Presidente.

Muy buenos días, señores consejeros; invitados especiales; representantes de los medios de comunicación; señoras y señores:

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su 33 Sesión, aprobó un acuerdo para incorporar como invitados permanentes a cinco representantes de la sociedad civil.

Posteriormente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitió una convocatoria para incorporar a los representantes ciudadanos, para la que recibió un total de 112 postulaciones.

Un Comité de Expertos, compuesto por el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, escogió a 15 postulantes para ser considerados como representes permanentes en la Sesión del Consejo.

De los 15 postulantes, la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana acordó los cinco representantes que se incorporan como invitados permanentes.

En esta Sesión, me permito dar la bienvenida a este Consejo a los cinco representantes de la sociedad civil.

Como ya se señaló, Andrea Ambrogi Domínguez, Presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla.

Edna Jaime Treviño, fundadora y Directora de México Evalúa y exdirectora del Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC.

Alejandro Joaquín Martí García, fundador y Presidente del Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana.

María Elena Morera de Galindo, fundadora y Presidenta de Causa en Común y expresidenta de México Unido contra la Delincuencia.

Y finalmente, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, exdirector del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León.

Como siguiente punto del orden del día, me permito informarle, señor Presidente, que de conformidad con el registro de asistentes, hay una notoria mayoría de miembros del Consejo Nacional. Por lo tanto, de acuerdo con lo que establece el Artículo 15 de la Ley General del Sistema Nacional para la Seguridad Pública, existe quórum para celebrar ésta 34 Sesión de Consejo.

De acuerdo al orden del día, me permito presentar a la consideración de los señores consejeros para su aprobación, la propia orden del día, el cual se hizo de su conocimiento con anticipación y que se encuentra para su lectura en las carpetas.

Por lo que les pido a los señores consejeros que estén de acuerdo con la aprobación de dicha orden del día se sirvan manifestando levantando la mano.

Gracias, señores consejeros.

El orden del día ha sido aprobado.

En el mismo sentido, me permito someter a la consideración de los señores consejeros, el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 17 de diciembre de 2012, misma que también se hizo de su conocimiento con anticipación, por lo cual pido su aprobación en este acto.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Aprobada.

Gracias, señores miembros del Consejo.

El acuerdo, entonces, queda en los términos siguientes:
El Consejo Nacional de Seguridad Pública acuerda, en sus términos, el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 17 de diciembre del año próximo pasado.

Como siguiente punto en el orden del día, hace uso de la palabra el señor Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong.

-SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto; señores representantes de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señores Secretarios de Defensa, Marina, Hacienda; señor Procurador, señor Comisionado; señor Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; señores Gobernadores, señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Saludo, también, a los invitados permanentes de la sociedad civil que se integran formalmente a este Consejo, a partir de hoy.

Señoras y señores:

Tal y como instruyó al inicio de su Gobierno, señor Presidente, para devolver la seguridad de los mexicanos no hay tiempo que perder.

Hay acciones conjuntas, estrategias claras y definidas que parten de una efectiva coordinación. Pero, sobre todo, parten de la confianza, misma que se logra a partir de la disposición, el compromiso y la transparencia en el actuar.

Hoy podemos afirmar que existe trabajo conjunto de parte de los Gobernadores y autoridades Federales. Que mantenemos una coordinación permanente, porque nada está por encima de la tranquilidad y de la seguridad de las familias.

Hemos honrado la palabra de no mezclar el tema de la seguridad con la política. Tenemos claro que la aplicación de la ley es una obligación de la autoridad, nunca una opción del gobernante.

Todos hemos entendido el objetivo de la nueva política de seguridad y nos apegamos a ella para funcionar mejor.

No es unilateral. Es incluyente. Parte de lo local a lo nacional. Incorpora todas las aportaciones y planteamientos que la hacen ya la guía del trabajo del Estado mexicano.

Me permito enumerar las estrategias fundamentales de la nueva política de seguridad y procuración de justicia, que parte de los propósitos fundamentales de reducir la violencia, el combate eficaz de los delitos y el restablecimiento de la paz en nuestro país.

Partimos de un programa nacional sin precedentes en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, que genere condiciones de bienestar social e inhiba los múltiples factores sociales que generan la delincuencia.

Contempla acciones de alcance nacional, en el entorno escolar, de las adicciones y de violencia familiar, de género y en el noviazgo; así como la detección y atención temprana de problemas de aprendizaje y conductuales; tareas de recuperación de espacios públicos, proyectos productivos; ampliación de horarios en escuelas y la promoción del deporte y la cultura.

Con la participación de nueve Secretarías y un presupuesto en conjunto de 118 mil millones de pesos, estamos atendiendo 57 demarcaciones del país que requerían mayor apoyo en el corto plazo.

Para una justicia penal eficaz implementamos, por mandato constitucional, un nuevo sistema de justicia que abata la impunidad y garantice que la administración de justicia sea pronta y expedita; así como una nueva política de procuración de justicia que permita incrementar las capacidades de investigación y recuperar la confianza de la sociedad, a partir de una transformación de la Procuraduría General de la República, sobre cuyos avances más adelante el Procurador comentará.

En materia de profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos policiacos, partimos de la formación, capacitación y entrenamiento de las policías del país, así como del impulso hacia el Mando Único estatal y la creación de la Gendarmería Nacional y un esquema de condiciones mínimas de trabajo y seguridad social para policías que les provea de elementos necesarios para desarrollar su trabajo con eficacia y dignidad.

Iniciamos la transformación del sistema penitenciario con una nueva política para prevenir y atender fenómenos de sobrepoblación, delincuencia y autogobierno en los centros penitenciarios Federales y estatales, así como acciones para lograr una auténtica readaptación social de los internos, tales como la implementación de políticas de respeto a sus derechos humanos, mejora de instalaciones, disciplina, capacitación de personal y empleo penitenciario.

Promovemos y articulamos la participación ciudadana, vinculando a la sociedad a las tareas de reconstrucción del tejido social, la denuncia anónima y la aportación de información para la captura de criminales.

Trabajamos de la mano de las organizaciones de la sociedad civil en la revisión de las políticas concretas de esta estrategia. Alentamos la organización en comités vecinales, para coadyuvar en el diagnóstico de las necesidades de sus barrios, colonias y comunidades, así como el fenómeno de proyectos de servicio social y la convivencia entre vecinos.

Mediante la cooperación internacional, el Gobierno de la República intensifica la cooperación con otros países, particularmente con los de nuestra región, con quienes establecimos estrategias compartidas y acordadas para atender fenómenos como el tráfico de armas, drogas y personas, así como las redes criminales internacionales que operan en México.

La nueva política de comunicación brinda información que sirva al ciudadano. Hacemos énfasis en informar puntualmente sobre índices delictivos y las cifras que permitan a la sociedad conocer los resultados más importantes de la estrategia a nivel nacional y local.

Con transparencia y oportunidad, damos a conocer los datos del comportamiento de los principales delitos. Trabajamos estrechamente en coordinación con los gobiernos estatales, las organizaciones de la sociedad civil y con expertos en la materia en la elaboración y perfeccionamiento de protocolos de comunicación que garanticen los objetivos de informar sin hacer apología de la violencia y el crimen, con una estricta observancia de los derechos humanos.

Avanzamos en la coordinación entre autoridades. Se estableció un sistema de cooperación entre las instituciones del Gobierno de la República, así como con las autoridades de los estados, del Distrito Federal y los municipios, para tener orden, confianza, responsabilidades y competencias claras.

Atendiendo su instrucción, señor Presidente, el Gabinete de Seguridad ha realizado 26 reuniones: 21 regionales y cinco especiales; y semanalmente, todos los gobernadores y el Jefe de Gobierno, realizan reuniones en sus entidades con los delegados federales.

A partir de la regionalización, coordinamos operativos, estrategias y acciones en consenso con las entidades federativas. Para ello, dividimos el territorio nacional en cinco regiones, atendiendo los aspectos locales con políticas focalizadas.

Finalmente, a través del fortalecimiento de la inteligencia, privilegiamos la información por encima de la fuerza, como elemento fundamental para reducir la violencia y la impunidad.

Trabajamos en el incremento sustancial de la capacidad de procesar datos para la toma de decisiones y la mejora constante de las plataformas tecnológicas que permitan el intercambio de información entre instituciones federales y entre los gobiernos locales.

Ya se han integrado los centros de inteligencia en las regiones Centro y Sureste para coordinar estas tareas, con el propósito de optimizar todos los recursos financieros, humanos y materiales, así como optimizar y potencializar las capacidades.

La nueva estrategia de seguridad y procuración de justicia hace énfasis en el respeto a los Derechos Humanos.

La nueva estrategia mantendrá una evaluación permanente, que permita hacer ajustes oportunos; así como mecanismos de retroalimentación con la sociedad civil y con los gobiernos estatales y municipales.

Por ello, hoy les informo de los avances de los acuerdos convenidos en la Segunda Sesión Extraordinaria de este Consejo Nacional, celebrada el 17 de diciembre pasado.

Cumplimos con siete: cinco de ellos que tenían plazo específico y avanzamos en dos más.

El primero. La inclusión de la sociedad civil en este Consejo.

Segundo. Contamos ya con un Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el que nos comprometimos, el cual comenzó su aplicación en el nivel más importante: el municipal.

Mediante la celebración regular de reuniones mensuales en las cinco regiones del país, se cumple con el compromiso de establecer un sistema de coordinación y cooperación.

Ya se completó la acreditación de todos los Centros de Evaluación y Control de Confianza en los estados. Todas las entidades cuentan ya con Unidades Antisecuestro, las cuales debemos ahora fortalecer con infraestructura, recursos humanos, soporte y equipamiento.

Se actualiza y sistematiza la consulta de la base de datos de Plataforma México, y se avanzó en la elaboración de los protocolos de actualización policial, de investigación, prevención y reacción.

Seguiremos trabajando. Estamos comprometidos con cumplir con el establecimiento de un modelo nacional de capacitación con calidad de los instructores, pertinencia de los contenidos y desarrollo de habilidades de investigación y operación para el trabajo policial.

Ya contamos con la propuesta de una academia de mandos, que será sometida a la consideración de este Consejo.

Señor Presidente:

En seguridad y procuración de justicia, así lo hemos convenido, no hay disputas, no hay protagonismos, ni se compite entre instituciones. Lo que sí hay es un objetivo que compartimos de disminuir la violencia y devolverle la paz a la sociedad, a las familias; dar seguridad a su patrimonio y a sus hijos, porque la seguridad es una parte del desarrollo.

Si la coordinación, la firmeza y la inteligencia, son los medios, los resultados y la tranquilidad de las familias se constituyen en los fines. Hay datos y cifras que nos señalan que vamos por el camino correcto.

Pero el verdadero dato duro se alcanzará cuando la sociedad se encuentre tranquila, en paz, con la convicción de que en materia de seguridad el país se encuentra mejor.

A esa evaluación nos atenemos. Por ese juicio social es por el que debemos seguir trabajando. Es una asignatura pendiente que reclama el esfuerzo de todos.

Como usted lo señaló, seremos tenaces y disciplinarios hasta cumplir con este objetivo.

Muchas gracias.

-MODERADOR: Muchas gracias, señor Secretario de Gobernación.

Para atender el séptimo punto del orden del día relativo a comentarios sobre la Estrategia de Coordinación en Materia de Seguridad, tiene el uso de la palabra el señor Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, licenciado Arturo Núñez Jiménez.

-GOBERNADOR ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ: Gracias.

Señor Presidente de la República; señores representantes de los Poderes Legislativo y Judicial; Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores; señor Secretario de Gobernación y demás integrantes del Gabinete de Seguridad; compañeros Gobernadores; señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal; señoras y señores Consejeros; Secretarios Ejecutivos; señoras y señores:

Como lo ha mencionado el Secretario de Gobernación como parte de la nueva Estrategia de Seguridad Pública, aprobada en sesión anterior por este Consejo Nacional, se han establecido cinco regiones para la adecuada coordinación para devolver a México la seguridad pública que tanto requiere.

Participo en la Región del Sureste con otros seis estados y reportamos importantes avances en esta estrategia.

En primer lugar, habría que decir que en el federalismo el sólo hecho de que concurran dos órdenes jurídicos y tres órdenes de Gobierno, obliga de entrada a la coordinación, tan sólo porque gobernamos a la misma población, en el mismo territorio, con distintos ámbitos geográficos. Sin embargo, también la interdependencia de los procesos obliga a ello.

Hoy, en el marco de la globalización que vive la humanidad, no sólo se globaliza la economía, las finanzas, la información, sino también las patologías sociales. El delito traspasa las fronteras nacionales y en el caso de un federalismo como el nuestro, las fronteras estatales y municipales, los límites. Por ello, es más que obligada la coordinación.

Hoy, la coordinación intergubernamental a nueve meses del actual Gobierno de la República, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que es parte de la solución para volver a tener un México en paz. A diferencia de otros momentos, en donde la descoordinación era parte del problema y dificultaba su atención y resolución inmediata.

Estas reuniones empiezan por caracterizarse por un intercambio de información y de diagnósticos claros y precisos de dónde nos hallamos ubicados.

Parte del supuesto que, si bien el delito tiene constantes generales en todo el territorio nacional, hay diferencias específicas, sin caer en determinismo geográfico, pero sí conscientes de que el contexto hace la diferencia. Y la regionalización, en esta lucha, ha resultado importante.

Como mecanismo de coordinación intergubernamental, nos permite a los órdenes de Gobierno Federal y estatal, en las reuniones regionales, en las reuniones de coordinación que tenemos a nivel de las entidades federativas, en las reuniones periódicas que tenemos con los Presidentes Municipales, poder compartir la información, los diagnósticos; intercambiar datos, intercambiar la información de inteligencia, para poder definir estrategias y líneas de acción, que nos permitan ser más eficaces en las tareas que cada quien tiene que realizar en su ámbito de competencias legales y de responsabilidades en seguridad pública.

De manera particular, quiero destacar que, incluso, de estas reuniones derivan a veces operativos coordinados, que nos han permitido también avanzar en la estrategia de llegar a tener un Mando Único en el ámbito de las entidades federativas, respecto de los servicios y cuerpos de seguridad pública en cada uno de nuestros estados.

El intercambio constante de información, el trato directo entre funcionarios Federales y estatales, en el ánimo de compartir solución a los problemas y, efectivamente, de no incidir en reclamos, ayuda a que podamos ser más eficaces.

Pero no sólo eso. No sólo facilita la comunicación intergubernamental de orden vertical, sino también la horizontal, entre las propias entidades federativas que concurrimos a estas reuniones, porque podemos saber lo que están viviendo nuestros vecinos, nuestros más cercanos estados en la región de la que formamos parte, respecto a los problemas de las patologías vinculadas a la delincuencia y qué acciones conjuntas podemos preparar, qué aprendemos de nuestros colegas a la hora de enfrentar el delito; qué experiencias tienen en mecanismos novedosos, donde a veces van a dar el destino de los objetos robados en los domicilios, en el robo de automóviles y en muchas innovaciones que nos han resultado útiles en nuestra propia experiencia para enfrentar el delito en los estados.

Creo que éste es el camino que requiere el federalismo, y que estamos recurriendo para lograr un México en paz.

Sin lugar a dudas, el federalismo tiene que ser cooperativo en nuestro tiempo, y qué bueno que en este ámbito del quehacer público lo estemos logrando.

Muchas gracias, señor Presidente, y señores consejeros.

-MODERADOR: Muchas gracias, señor Gobernador.

Para desahogar el punto sobre la nueva estrategia de comunicación en materia de seguridad, hace uso de la palabra el señor Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, licenciado Eduardo Sánchez Hernández.

-LIC. EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ: Con su permiso, señor Presidente.

Buenos días tengan todos ustedes, señoras y señores.

Por instrucciones del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la Subsecretaría a mi cargo estableció contacto con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con temas de seguridad, para conocer de viva voz sus inquietudes y propuestas en relación, entre otras cosas, con los datos públicos que muestran la incidencia delictiva nacional.

Está claro que una sociedad bien informada es más participativa.

Después de varias sesiones de trabajo intenso y entusiasta, en el que se compartieron puntos de vista, análisis y propuestas para buscar las alternativas más eficaces de informar a los ciudadanos, llegamos al esquema que hoy presentamos, convencidos de que el mismo constituye un avance muy importante de transparencia, que ayudará a informar a la población de manera muy clara sobre los índices delictivos que más interesan, y me refiero a los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos.

La información que se divulgará mensualmente, estado por estado, es la concentrada en el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y las fuentes son, precisamente, las Procuradurías o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.

Es importante destacar que, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, corresponde a los gobiernos estatales y al Distrito Federal alimentar la base de datos ya referida.

Cabe mencionar que los datos corresponden siempre a averiguaciones previas o carpetas de investigación. El compromiso que establecimos consiste en informar mensualmente, entre la tercera y cuarta semana posterior al mes que concluya, sobre los datos que reporta cada entidad federativa en materia de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos.

Es importante puntualizar que México es el único país de la OCDE que presenta estas cifras mensualmente, por lo que nuestro compromiso supera las prácticas internacionales en la materia, ya que generalmente los informes son anuales y se difunden con un año de posterioridad.

Los datos de los cuatro delitos que se estarán reportando refieren los siguientes elementos:

Las cifras de homicidio doloso contemplan todos aquellos casos en los cuales se priva intencionalmente de la vida a otra persona con independencia del móvil que genera el delito o las circunstancias del mismo; quedan excluidos, por lo tanto, los homicidios culposos, que son aquellos por los cuales una persona pierde la vida en un accidente.

Por lo que corresponde al delito de secuestro, los datos que se presentarán se refieren a sus diversas modalidades, como lo son la privación ilegal de la libertad para obtener un rescate, el secuestro exprés y los casos en los que se realiza o simula el delito con fines de extorsión.

Ahora bien, con relación al delito de extorsión es muy importante destacar que existe gran diversidad de tipos penales, dependiendo de la legislación de cada entidad federativa. Así, en esta categoría, caben las figuras coloquialmente identificadas como engaño telefónico, cobro de derecho de piso y chantaje, entre otras.

Por lo que hace al robo de vehículos distinguimos dos clasificaciones: el robo con violencia y el robo sin violencia.

La razón por la que se incorporó este último índice es porque, de acuerdo con el análisis de los expertos en la materia, este delito es altamente denunciado debido a dos factores fundamentales: al temor de que el automóvil robado se utilice para cometer algún ilícito, ya que el cobro de los seguros correspondientes requiere necesariamente de la presentación de la denuncia formal, esto sin contar con el hecho de que muchos otros delitos se cometen utilizando un vehículo robado y esta correlación es de interés para efectos de estudio y análisis.

Es importante destacar que este nuevo formato de información sustituye para efectos del público en general al formato anterior, en el que se destacaban principalmente los homicidios vinculados a delitos federales. No obstante ello, aquel ejercicio se seguirá realizando únicamente para fines de análisis e información interna y se dará a conocer sólo a quienes así lo soliciten.

Asimismo, la información respecto de aseguramientos, erradicaciones y decomisos se seguirá difundiendo mes con mes con datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, CENAPI, de la Procuraduría General de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

-MODERADOR: Gracias, señor Subsecretario.

El noveno punto del orden del día es la recepción de informes de las comisiones y de las conferencias.

Para el desahogo del mismo, me permito comunicar a los integrantes de este Consejo que el Secretariado Ejecutivo ha recibido los informes de las cuatro conferencias y de las tres comisiones que integran el sistema y el consejo, respectivamente.

Dichos informes, así como el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se encuentran en el disco anexo a sus carpetas.

Por lo tanto, me permito poner a su consideración el siguiente acuerdo:

Acuerdo: El Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene por presentados los informes de las comisiones permanentes de información, de certificación y acreditación, y de prevención del delito y participación ciudadana, y de las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del sistema penitenciario y de Seguridad Pública Municipal, así como el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los miembros del Consejo que estén a favor de la propuesta de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Aprobado.

Gracias, señores miembros del Consejo.

El décimo punto de nuestro orden del día es la presentación del tema: Código Único de Procedimientos Penales, por parte del señor Procurador General de la República, licenciado Jesús Murillo Karam.

-PROCURADOR JESÚS MURILLO KARAM: Muchas gracias.

Señor Presidente; señores Secretarios; señores Gobernadores; señores representantes de los organismos municipales y de la sociedad civil.

Generalmente entendemos la palabra federar como la división del país en entidades.

La palabra: federar significa unir. En consecuencia, el trabajo que hoy hacemos aquí es un trabajo de unidad y de coordinación entre las partes que integran la federación. En el más correcto sentido de la palabra.

En el sentido en que constantemente el Presidente se refiere a que no competimos entre las entidades, a que no rivalizamos, sino que buscamos la mejor manera de cumplir con una función que tenemos encomendada, de servirle a la sociedad, poniéndonos de acuerdo y organizando y coordinando nuestras actividades.

Y de eso se trata el Código de Procedimientos Único. Se trata de encontrar un sólo procedimiento nacional, que nos permita evitar una cantidad de problemas que genera la diversidad de procedimientos dentro de un propio país.

Primero. Lo primero que vamos a tener con clara eficiencia, si es que el proyecto de Código de Procedimientos se aprueba, con la información que tengo y puedo ofrecerles, queda claro que hay ya en la Comisión de Justicia del Senado de la República un proyecto que surge de varias iniciativas que se encontraban ahí, que ha sido consultado y al que nos han invitado a participar, tanto a las autoridades como a las organizaciones que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos, como a las entidades de la academia y a todos los que tenemos algo que ver con el derecho penal, en el que hemos aportado, en el que se ha discutido, en el que nos han acercado, y en el que hay un consenso que podríamos decir es bastante amplio, según sé, incluso, entre los Legisladores para poder sacar adelante este proyecto.

De darse, insisto, nos daría las ventajas que empezaba a señalar, y que la primera es la homogeneidad en cuanto al procedimiento. Manteniendo, y esto es importante aclararlo, la facultad en cada una de las entidades federativas para que éstas señalen los tipos penales en sus propios códigos, sean las conductas prohibidas o sancionadas que deban darse en función de cada una de las características de estas entidades.

En este Código de Procedimientos vamos a tener, además como ventajas muy claras, que el entendimiento de la protección de los derechos humanos, que contempla la Constitución, quedarán perfectamente claros y definidos.

Vamos a evitar que haya triquiñuelas jurídicas, lo que entre los abogados llamamos chicanas, para utilizar las diferencias de procedimientos como recursos, para mantener procedimientos eternos, y en casos extremos, incluso, hasta como pretexto para soltar a delincuentes, cuya culpabilidad es clara, montados en un problema de procedimiento. Es decir, vamos a facilitar el procedimiento, de manera tal que evitemos trampas y triquiñuelas.

Vamos a lograr, en esta Federación, en esta unidad de procedimiento, un planteamiento, también, crucial para el país. La superación y la capacidad de quienes litigan y administran justicia al poder especializarse en un solo procedimiento y no en 32.

La facilidad de que hoy en un mundo que no sólo crece en cuanto a la integración de sus entidades, sino, incluso, internacionalmente, tenga el conocimiento de un solo procedimiento.

E independientemente de todas estas ventajas, garantizará derechos iguales a todos los nacionales, definirá funciones precisas, y nos llevará a un procedimiento que la Constitución, también, ya define en el que se crearán condiciones nuevas, para que la adversalidad, el propio juicio oral, sean, también, homogéneos en el país.

Pero este propósito es, también, imprescindible y necesario en la reestructuración de los órganos. Por lo que se refiere a la Procuraduría General de la República, por instrucciones del señor Presidente, desde hace meses estamos trabajando seria y profundamente en una reestructuración, pensando ya en lo que es, o lo que debe hacer el nuevo procedimiento que ordena la Constitución con las características que señalo.

Es una reestructuración que tendrá que hacerse por etapas para hacerla bien, para hacerla con el cuidado que merece, que acredita la situación difícil de la seguridad en el país.

Para ello, hay dos áreas fundamentales, serán las primeras que atacaremos: la investigación y la integración.

En cuanto a la investigación, ya autorizó el Presidente de la República el hecho de que fortalezcamos las áreas que tienen esta tarea. De manera tal, que podamos ligar la información con el análisis de la información y la ciencia y la tecnología de los peritajes; es decir, crear una verdadera área de investigación y, lo más importante, tenerla en todo el país.

Es decir, que éstas tres, unidas en una sola agencia de investigación, estén presentes, primero, en las regiones, y con el paso del tiempo, en cada uno de los estados, de manera tal que la integración, la coordinación entre los estados y la Federación se dé ya no sólo en la cooperación física, sino fundamentalmente en el acceso al que se refería el Gobernador de Tabasco, a poder tener el conocimiento pleno, autoridades locales y autoridades federales, de lo que significarán los bancos de información, la capacidad pericial, la capacidad investigadora, la posibilidad de la certificación e, incluso, de la calificación de nuestros mecanismos y posibilidades.

En esto estamos trabajando. En unos, yo diría semanas, podríamos tener la primera parte de esto, que es la creación de la Unidad de Inteligencia de la Procuraduría General de la República, que será puesta a disposición, insisto, primero, en las cinco regiones, y después en los 32 estados, con el sustento científico, tecnológico y de capacidad de inteligencia que se va a requerir.

Por eso, en la Conferencia de Procuradores, en donde asisten los Procuradores de todas las entidades, se planteó, como una propuesta para este Consejo, la necesidad ya de integrar una unidad en tanto, junto con la Conferencia de Seguridad Pública, para poder crear ya los lazos que requiere, que necesita el proceso penal al que vamos a entrar, en el que la policía tiene un papel muy claro, pero muy ligado al juicio.

La policía tendrá que surtir de pruebas a ambas partes: a la fiscalía y a la defensoría, para que estén en igualdad de condiciones, para que el juicio tenga la realidad plena de que el juez escucha y sostiene pruebas que a ambas partes les ha sido posible analizar, definir y utilizar, de ser necesario.

Para esto habrá que tener una enorme integración, porque la Procuraduría seguirá, en los términos constitucionales, al frente de lo que significa la investigación contra el delito, pero en las mismas condiciones que tendrá del defensor o que deberá tener quien es acusado.

Es, en este camino, en este cambio de ruta hacia una mucha mejor administración del derecho penal, en donde la tarea de todos los estados y la de la Federación tienen que conjugarse con mayor insistencia. En donde ha sido importante y crucial la participación de los miembros de la sociedad civil organizada, que han aportado de una manera importantísima sus opiniones y sus visiones al respecto.

Indudablemente, la enorme tarea que se ha echado a cuestas el Congreso de la Unión, y que ojalá y muy pronto pueda culminar con la presencia ya de un Código Único de Procedimientos Penales.

Muchas gracias.
-MODERADOR: Gracias, señor Procurador.

Para comentar sobre el mismo tema, cedo el uso de la palabra a don Alejandro Martí, representante de la Sociedad Civil e invitado permanente a este consejo.

-C. ALEJANDRO MARTÍ GARCÍA: Muchas gracias.

Con su permiso, señor Presidente.

Señor Secretario de Gobernación; señor Procurador General de la República; señores Secretarios; señores Gobernadores; señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal; señor Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad; estimados amigos y amigas, y colegas Consejeros Ciudadanos.

Desde luego, agradezco la oportunidad de estar nuevamente en este espacio de reflexión, discusión y toma de decisiones trascendentales para el país.

Vengo con nuevos ánimos y con toda la energía para seguir en la lucha por transformar nuestra realidad, y lograr un mejor futuro para nuestros hijos y nuestros nietos.

México ha cambiado significativamente en los últimos años. La presencia de cinco ciudadanos que representamos a la sociedad civil era impensable hace cuatro o cinco lustros.

Sin embargo, también las condiciones en las que nos encontramos en materia de seguridad y justicia son otras, lo que forzó la conformación de estos espacios donde podemos, juntos, poner sobre la mesa los temas más relevantes que nos afectan, positiva o negativamente a los ciudadanos.

Entiendo la enorme responsabilidad que implica ser portavoz de las inquietudes y necesidades de la ciudadanía.

Por ello en México SOS hemos puesto nuestro mayor esfuerzo y nuestros mejores talentos para incidir en el fortalecimiento institucional, de manera puntual, en la Reforma del Sistema Penal en nuestro país.

En la mejora y creación de leyes que funcionen eficazmente, y en una activación ciudadana que nos permita ejercer una corresponsabilidad comprometida con México.

En esta oportunidad, quiero tocar dos temas fundamentales, ambos relacionados íntimamente con la Reforma Penal:

La primera. La policía. Hemos estado presentes muchos años en este Consejo, y es desalentador, a veces, mirar y sobre todo vivir con resultados tan precarios en esta materia todavía.

Los ciudadanos no vemos con claridad los avances en relación al tema policial a nivel nacional. Especialmente, no vemos cristalizado los acuerdos surgidos en esta mesa. Por eso, nos preguntamos y exigimos respuestas sobre la homologación policial en todo el país, en salario, prestaciones laborales, y que corresponde al Séptimo Acuerdo de este Consejo, el 2 de agosto del 2012.

De los mandos únicos en las 32 entidades federativas, entendemos que ha habido problemas, pero es algo que sin esto no podemos seguir adelante. Es un acuerdo suscrito el 3 de junio del 2010, en la 28 Sesión de este Consejo.

Nos preocupa mucho qué ha ocurrido con la ley que permitirá contar con el Mando Único Policial Estatal. Exhorto que se hizo el 29 en este Consejo, de noviembre de 2010.

Y qué ha ocurrido con el Plan Nacional de Capacitación basado en el sistema, en el nuevo Sistema de Justicia Penal, que permitirá el desarrollo de habilidad de investigación y operación de las policías, acordado el pasado 17 de diciembre, que hoy el señor Procurador lo menciona.

Son sólo algunas preguntas que no han tenido una respuesta clara, pero le exigen la cabalidad de manera inmediata. La policía, estimados consejeros, permítame decir una obviedad; es un elemento trascendental dentro de la cadena de justicia.

Es esencial, para lograr una eficaz transformación en el Sistema de Justicia Penal. Ha sido un tema recurrente en los acuerdos a los que hemos llegado. Hay avances, pero no son suficientes.

Necesitamos, definitivamente, concretar una policía que tenga un mismo modelo a nivel nacional, una homologación de salarios y un mismo principio. Tenemos 440 mil policías, de los cuales tenemos 34 mil de la Policía Federal, como policía ejemplar. Ahí estuvimos en la última celebración, y es de orgullo ver que eso se esté dando, pero el trabajo de replicación y el trabajo individual en cada sección de la policía a nivel estatal, es fundamental.

Creo que es un tema toral para que la Reforma Penal, en aumento de su implementación, realmente funcione. Si no tenemos esa base, tendremos el grave riesgo de continuar con la impunidad en el país, y ni el sistema anterior, el inquisitorio, ni el acusatorio, funcionará si hoy no ponemos todo ese esfuerzo.

El Código Procesal Penal Único. La Reforma al Sistema de Justicia Penal cada vez se va consolidando de manera más firme en todo el país, y una herramienta que sea de gran utilidad para dicha consolidación, es la unificación del Código Procesal Penal.

El Código permitirá establecer procesos uniformes en todo el país, además de que establecerá pautas definitivas, tanto para los Poderes Federales, como para los estatales, sobre la implementación de la reforma con la justicia penal, quizá más importante en la reforma del último siglo.

Ya se han dado pasos importantes en el sentido de unificar el Código Procesal Penal, como es la reforma constitucional al Artículo 73, que permite al Congreso Federal emitir la legislación única en materia procesal penal y, de manera paralela, los trabajos de redacción del Código en el Senado.

A la fecha, quedan pendientes la aprobación del dictamen en el Senado, y posteriormente la aprobación en la Cámara de Diputados.

Estamos completamente convencidos, creo que hay, o las últimas informaciones que tenemos, es que 17 estados ya están a favor, y realmente esperamos y exhortamos a que sea de una gran mayoría, porque este instrumento será de gran utilidad para el país.

En los trabajos en el Senado en que han participado expertos, representantes de organizaciones civiles e instituciones del gobierno, muy en especial la Procuraduría General de la República, a la cual hago un reconocimiento, se ha obtenido un proyecto de código, el cual, desde su concepción, fue pensado como único, lo que da congruencia y consistencia a su contenido. Sin embargo, también establece claramente lo que queda bajo la competencia de los estados.

Otras ventajas importantes que se encuentran en el proyecto de Código Único, son:

Que se redactó considerando los principios del sistema acusatorio frente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que cuenta con la experiencia teórica y práctica de operadores directos en el Sistema Acusatorio Mexicano, y considera la experiencia de las entidades federativas, pues se tomaron en cuenta los códigos y las experiencias de todos los estados que ya habían empezado la reforma, lo cual generará mayor confianza en los estados que aún no lo han iniciado, independientemente del motivo.

Su relevancia es incuestionable. En los casi 203 años que tenemos de vida independiente, en nuestro Congreso nunca se había discutido codificación alguna en materia penal. Esa es una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo.

Por primera ocasión en la historia de México, se unificarán los procesos penales, reduciendo la impunidad que provoca la dispersión legislativa actual.

La forma en la que se ha construido el Código es, por sí, también histórica. Sienta un precedente de la participación ciudadana en la creación de un instrumento jurídico de tal envergadura, porque ha sido generado desde la ciudadanía y en que se ha establecido una estrechísima colaboración con las autoridades.

Y yo quisiera decirlo: esto es una muestra muy clara del nuevo México que estamos viviendo, que es un México de conciliación, es un México de unión de ciudadanía-Gobierno a intereses concretos.

Hoy, en la mañana, lo decía: Nadie de nosotros tiene la menor duda que el objetivo fundamental de este país, para todos, es la seguridad. Y en eso, hemos logrado una gran coincidencia. Y realmente saludo esa posición, tanto de Gobierno y ciudadanía.

Con este Código, se dará un paso definitivo para garantizar una justicia penal eficaz y eficiente, sin juicios farragosos e interminables, sin toneladas de papel archivados en miles de expedientes, sin inocentes en las cárceles, sin ministerios públicos desbordados por la burocracia y por la falta de capacidades para poder armar investigaciones con pruebas sólidas, y sin jueces que no participan en las audiencias ni en los careos.

Esa y otras razones convierten a este Código en una oportunidad histórica, que debe impulsarse con toda fuerza.

Es más, señor Presidente, me atrevo a decir que el Código de Procedimientos Penales Único sienta un precedente en la país, y que a raíz del compromiso que usted manifestó el día de su Toma de Poder, en el Código Procesal Único yo veía, en mi imaginación, muchísimos procedimientos de Gobierno que se pueden establecer como únicos, y la operatividad del país sería mucho más funcional y más medible. Y creo que este ejercicio, del Código, sentará la base para muchísimas cosas más, para el bien de México.

Desde México SOS, trabajaremos con un equipo fuerte de ahora en adelante, para desarrollar la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que nos hace mucha falta, que cierra una pinza crucial para el eficaz funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal, porque hay una diferencia enorme entre el fuero común y la delincuencia organizada, y hay que atenderla. Y es el riesgo. Y hemos recogido de los Gobernadores ese tremendo temor de que se nos mezclen.

Estimados miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública:

México necesita una policía digna y unificada, que sea modelo aspiracional y ético, que cuente con una homologación de criterios a nivel nacional para su salario, capacitación, seguridad social, formación y prestaciones que integren los elementos necesarios para su dignificación y eficacia.

México necesita la reforma constitucional al Artículo 73, para permitir la emisión del código. Ya se han sumado muchos estados desde este foro. Exhortamos desde la sociedad civil, con insistencia a los Congresos locales que aún no lo han hecho, para que aceleren su estudio y su promulgación.

México necesita y urge la aprobación de este código y, desde luego, muchísimas otras cosas pendientes en el Gobierno.

México necesita el compromiso formal desde los tres Poderes de la Unión, a nivel Federal y estatal.

México necesita que ciudadanos y autoridades trabajemos juntos, y aquí estamos para dar seguimiento a los acuerdos de este Consejo, para proponer acciones concretas que puedan incidir positivamente en las políticas públicas para reconocer los avances logrados por la autoridad, pero, también, para denunciar las fallas del sistema.

Muchas gracias.

-MODERADOR: Agradecemos la participación de don Alejandro Martí.

Para presentar el siguiente punto del orden del día, relativo a Mando Único Policial, hace uso de la palabra el señor Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, y Presidente de la Comisión de Justicia de la CONAGO, licenciado César Duarte.

-GOBERNADOR CÉSAR DUARTE JÁQUEZ: Muchas gracias.

Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto; señor Presidente del Congreso de la Unión; señor Vicepresidente del Senado de la República; señor representante del Poder Judicial.

Compañeros miembros de este Consejo Nacional de Seguridad:

La mejor coordinación entre las instituciones federales, por decirlo más claro: las no rivalidades entre la Secretaría de la Defensa, Marina, Procuraduría General de la República, CISEN, Policía Federal, y el replanteamiento en el esquema de regionalización en materia de seguridad, nos ha mostrado un mayor avance en el combate a la impunidad.

Se han generado permanentemente, aquí se ha dicho; estrategias de evaluación, una mejor coordinación entre los estados y la Federación, más de 350 acuerdos, más de 25 reuniones regionales y estrategias, como inspección a las casas de empeño, giros negros, yonkes, casas de juego, hoteles, moteles, lugares a los cuales la incidencia delictiva llama a la atención, para atender regionalmente la problemática, como el asunto migratorio, el tráfico de armas, de enervantes. En fin.

Nos ha llevado a que esos operativos de los tres niveles de Gobierno nos hayan permitido consolidar una mejor estrategia.

Es un reto generar un espejo en las entidades federativas, una mejor coordinación entre las Procuradurías de Justicia de los estados o fiscalías, con las policías municipales. Una mejor coordinación entre los Secretarios de Seguridad Pública. Una mejor relación, respetuosa de su autonomía, pero un seguimiento puntual para la eficacia en la administración de justicia.

Esto nos ha dado, sin duda, avances importantes. Hay mucho por hacer, lo sabemos, pero no se pueden negar los avances que se tienen.

Basta, desgraciadamente, un hecho violento, para que los medios de información generen una expectativa de preocupación en nuestra sociedad, pero también basta que la sociedad observe una coordinación de los tres niveles de Gobierno en el que se genere una expectativa de mayor respuesta y seguridad a la sociedad misma.

El Mando Único no violenta de ninguna manera la potestad que la Constitución otorga a los municipios. De hecho, en esta discusión que ha sido un debate muy amplio en el seno de la CONAGO, debemos distinguir las facultades o la competencia a la cual se tiene establecida a las policías municipales que era meramente administrativa, y como coadyuvante a las otras dos instancias para aplicar los códigos que corresponden tanto al fuero común, como al fuero federal.

Ha habido un amplio debate y se han hecho esfuerzos para pretender establecer en una estrategia, desde cada entidad federativa. Hay 16 entidades que han celebrado convenios, y de facto funcionan mediante estos convenios con los municipios, como policías, como Mando Único estatal.

Hay algunas constituciones estatales que aún mantienen las facultades en casos específicos a los ejecutivos estatales en este mando, pero también hay legislación de avanzada, como Aguascalientes, que ha establecido ya de manera formal el Mando Único en su estado.

A mí me parece que establecer una estrategia que verdaderamente nos lleve a consolidar el Mando Único, es en un cumplimiento a esta estrategia integral de coordinación plena entre la Federación, los estados y los municipios.

En estos acuerdos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en amplias discusiones que iniciaron desde Chihuahua, el Distrito Federal y Mazatlán, nos pronunciamos por el modelo de policía estatal acreditable de Mando Único coordinado, y un respaldo absoluto al Código Único de Procedimientos Penales.

Es cuanto.

-MODERADOR: Gracias, señor Gobernador.

Para desahogar el décimo tercer punto del Orden del Día, relativo a controles de confianza, se concede el uso de la palabra al Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, y Presidente de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, maestro José Guadalupe Osuna Millán.

-GOBERNADOR JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLÁN: Señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; señores representantes de los Poderes Legislativo y Judicial; distinguidos Secretarios de Estado; colegas Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, estimados representantes de la sociedad civil organizada; señoras y señores:

Desde septiembre del 2009 a la fecha, nos hemos reunido de manera periódica para desarrollar los trabajos de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, con el objetivo de conformar a nivel nacional una plataforma confiable para garantizar que sólo las personas más capacitadas puedan acceder a los espacios de la función pública en el tema de seguridad.

Para nadie es un secreto que, más allá de las diversas instancias de Gobierno, para el ciudadano común es una preocupación y una exigencia que quienes le provean de un servicio o sean los responsables de su seguridad, sean, en principio, personas e instituciones confiables, comprometidas con la legalidad, con el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de estándares profesionales.

Durante los últimos cuatro años, hemos trabajado intensamente para construir, desde sus cimientos en muchos casos, un sistema nacional de acreditación y control de confianza, lo cual ha sido posible con el apoyo y la convicción de los gobiernos municipales, estatales y, por supuesto, del Gobierno Federal; lo que nos ha permitido avanzar de manera trascendente hacia una mejor coordinación y homologación en todo el país del modelo nacional de evaluación y control de confianza.

Sabemos y estamos conscientes de que, independientemente del camino recorrido, la seguridad pública es una tarea dinámica, cambiante y multifactorial, sobre la cual no podemos ni debemos dejar de insistir.

Por ello, estamos de acuerdo en que lo que hemos ganado a la fecha debe evaluarse con seriedad y dársele el seguimiento adecuado, para continuar en un proceso de mejora continua. Un proceso que, al final, de manera paulatina, se refleje en la vida cotidiana de las familias que integran nuestra sociedad.

La confianza puede llegar a ser es eslabón más poderoso para unir a un pueblo pero, al mismo tiempo, de manera paradójica, puede convertirse en la línea más delgada si la autoridad correspondiente no toma decisiones precisas y si no involucra y comparte a la sociedad en sus objetivos.

Hablar de esquemas de control de confianza, es hablar del combate más efectivo contra la corrupción que se ha realizado en México en los años recientes. De ese tamaño han sido los esfuerzos, y de ese tamaño es el reto que sigue vigente.

En un acto de justicia y de congruencia, hoy, miles de jóvenes profesionistas en todo el país, hombres y mujeres se integran a los diversos espacios del servicio público en las áreas de seguridad, y lo hacen, porque ahora existe una motivación: porque saben que necesitan estar bien preparados para superar los exámenes que se les aplican, porque saben que pueden desarrollarse profesionalmente y servir a su patria.