El Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, afirmó hoy que la iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones que el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión para su análisis y discusión, así como el dictamen en el Senado, tienen la misión de reglamentar lo que dice la Constitución y con estricto apego a lo que en ella se establece.

“Que quede muy claro: la iniciativa de reforma del Presidente Peña Nieto y los esfuerzos que el Gobierno de la República está realizando en esta materia, tienen como principal destinatario al consumidor”; que el usuario tenga acceso a mejores servicios y precios, “y desde luego, que no se beneficie a los monopolios ni a las distorsiones que generan en el mercado”.

Indicó que las reformas de telecomunicaciones “se inscriben dentro del gran paquete de reformas a la competencia en nuestro país”, para que existan más ofertantes y más empresas que den servicios, y para que haya mayor calidad y mejores condiciones de precios para los consumidores.

Señaló que el régimen de declaración de preponderancia establecido en la Constitución obedece a la necesidad de reconocer las enormes asimetrías que hay, principalmente en los sectores de telecomunicaciones y en radiodifusión.

La preponderancia, añadió, no es el único instrumento para corregir distorsiones de mercado o para evaluar y sancionar prácticas monopólicas relativas o absolutas, ya que existe también la figura del poder sustancial, la denuncia de prácticas monopólicas “y una serie de dispositivos legales que le dan al régimen jurídico mexicano la certeza de que esta falta de competitividad en el sector, que la OCDE estima en 62 millones de dólares diarios, se corrija definitivamente”.

Recordó que recientemente el Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró ya al grupo económico América Móvil Telmex, como preponderante en el sector de telecomunicaciones, y a Grupo Televisa en el sector de radiodifusión.

En Conferencia de Prensa conjunta con la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el Vocero subrayó, a preguntas expresas de los medios de comunicación sobre la Reforma en telecomunicaciones, que la iniciativa de reforma, en concordancia con la modificación constitucional, le ofrece a los ciudadanos enormes ventajas ya que de aprobarse en los términos del dictamen que se tiene actualmente, a partir del 2015 se eliminarían los cobros por larga distancia, lo que representa 19 mil millones de pesos al año.

“Si no se aprueba la ley en los términos, ese ahorro que tendrían los consumidores se perdería y los monopolios lo seguirían teniendo en su poder”, enfatizó. “De ese tamaño es el calado de la Reforma; de ese tamaño es el compromiso del Presidente Peña Nieto que está con los consumidores y, desde luego, en contra de los monopolios”.

Sánchez Hernández, apuntó que la ley de Telecomunicaciones se inscribe en una gran Reforma de Competencia “que le da a México viabilidad, tanto para recibir inversión y generar empleo, como para que los ciudadanos, los usuarios, los consumidores, tengamos servicios de mejor calidad y a mejores precios”.

Reiteró que el Gobierno de la República es respetuoso del proceso legislativo, y destacó que corresponde a ellos hacer el análisis correspondiente; “estamos seguros de que el resultado de este análisis será positivo para México”, afirmó.

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA TIENE LA OBLIGACIÓN DE MANTENER EL ESTADO DE DERECHO Y DE CUMPLIR LOS ACUERDOS

Al abordar el tema de la detención de José Manuel Mireles, el Vocero reiteró que “el Gobierno de la República dialoga y dialogará siempre. Pero, también, el Gobierno de la República tiene la obligación de mantener el Estado de Derecho y de cumplir los acuerdos”.

En el caso del doctor Mireles, él y un grupo de personas que lo acompañaban violaron esta disposición, “violaron la ley, se les sorprendió armados en tránsito en el Estado de Michoacán y, por esa razón, la acción de la justicia”, declaró, al recordar que el pasado 14 de abril, en una reunión presidida por el Comisionado Alfredo Castillo con los grupos de autodefensa, incluido José Manuel Mireles, se acordó establecer el 10 de mayo como fecha a partir de la cual se detendría a cualquier persona que estuviera en tránsito y fuera sorprendido con armas.

“El doctor Mireles, recordarán ustedes, alzó la mano, celebró incluso el acuerdo con un aplauso, y el 10 de mayo entró este acuerdo en vigor”, señaló, al reiterar que corresponde a las instancias de administración de justicia escuchar la acusación del Ministerio Público, a la defensa de José Manuel Mireles, y valorar las pruebas que ambos aporten para tomar una resolución al respecto.

“El Gobierno de la República está comprometido con el Estado de Derecho, como lo está también con el diálogo; y en ese sentido, no daremos pasos atrás para construir y seguir construyendo las condiciones para que el Estado de Michoacán se desarrolle”, finalizó.