En México, nuestra Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

También reconoce su derecho a preservar y difundir su cultura, tradiciones y costumbres en un entorno de igualdad y no discriminación.

Para que los más de 15 millones de indígenas de México puedan ejercer plenamente estos derechos, las acciones y programas del Gobierno de la República se enfocan al mejoramiento de su calidad de vida y a la generación de mayores oportunidades de desarrollo.

Con acciones específicas como erradicar el hambre y superar la pobreza extrema en los municipios indígenas, así como la construcción de la infraestructura básica en sus comunidades. La Cruzada Nacional contra el Hambre respalda a más de seis millones de personas de origen indígena.

También, se respalda con determinación su incorporación a la educación pública, a los servicios de salud y a una vivienda digna. Igualmente se impulsa su acceso a la justicia, así como sus iniciativas para elevar la producción y comercialización de sus productos y artesanías, con un enfoque de sustentabilidad.