En los últimos 30 años, el país ha experimentado importantes transformaciones políticas. El resultado más importante es que México ha pasado por un proceso pacífico de transición democrática. En la actualidad, nuestro sistema político cuenta con representantes populares provenientes de diversos partidos, y existe un sistema judicial sólido que mantiene el balance de poderes.

Aunado a esto, México ha logrado un desarrollo institucional sin precedentes, ampliando el desarrollo de organismos autónomos que promueven y protegen la estabilidad monetaria, justicia electoral, competencia económica y transparencia.

En aras de fortalecer un Estado de Derecho pleno, el pasado 12 de mayo, en el marco de la Cumbre Anticorrupción, México se convirtió en miembro fundador de la “Alianza de Contrataciones 5 (C5)”, junto con Colombia, Francia, Ucrania y el Reino Unido.

Esta alianza es una red de países que buscan implementar, de manera efectiva, el Estándar de Contrataciones Abiertas (OCDS, por sus siglas en inglés), para eliminar la corrupción de los procesos públicos de contratación.

Dicho Estándar implica la liberación de datos -interoperables, estructurados y reutilizables- que se relacionen directamente con el ciclo completo del proceso de contratación, desde la planeación inicial hasta el contrato de licitación y la construcción final. Si bien esto parece un proceso técnico y complicado, la idea es precisamente hacer que el proceso de las obras públicas se vuelva más abierto y transparente. 

Como parte los esfuerzos para promover el Estándar de Contrataciones Abiertas, México implementa dicho estándar en dos de los proyectos de infraestructura más importantes de la presente administración: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y la Red Compartida de Telecomunicaciones.

Es importante destacar que la Alianza C5 no es asunto exclusivo de México. C5 aspira a crear una comunidad global dedicada a asegurar la implementación de las contrataciones abiertas. Esto debido a que la corrupción funciona a nivel transnacional, por lo que nuestros esfuerzos para combatirla deben ir más allá de las fronteras nacionales.

Vale la pena anotar, también, que la implementación del OCDS no es un esfuerzo aislado. México ha hecho diversos compromisos internacionales para garantizar que la opacidad termine y prevalezca el Estado de Derecho. Por ejemplo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas del año pasado, México lanzó la Carta Internacional de Datos Abiertos como un mecanismo para combatir la corrupción a escala global.

También se han implementado esfuerzos continuos para promover la transparencia en las industrias extractivas al insertarse en el proceso para formar parte de la Iniciativa Internacional de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés).

Estos son sólo algunos de los esfuerzos, a nivel internacional, que el Gobierno de la República está implementando con el objetivo de impulsar la transparencia al interior del país y a nivel global.

Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Estos marcan el comienzo de una nueva ruta para México, donde la transparencia se vuelve característica central de todas las políticas públicas.