El Presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Foro Internacional: Equidad para las víctimas en el debido proceso, en la Ciudad de México, promovido por la Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien le hizo entrega de la Iniciativa de Ley General de Víctimas del Delito.

Reconoció que el Estado mexicano ha tenido, en respuesta precisamente para las víctimas, un ordenamiento jurídico que está diseñado y pone al centro del mismo a las víctimas.

Al inicio de esta Administración, se promulgó la Ley General de Víctimas, en la que se hace un reconocimiento amplio a los derechos de las víctimas directas, indirecta o potenciales.

Sistema Nacional de Atención a Víctimas

Opera en varios pilares.

  • Asesoría Jurídica Federal, para asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que se tenga contacto con la autoridad.
  • Creación del Registro Nacional de Víctimas, para garantizar que tengan acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda.
  • Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación para resarcir daños a las víctimas y a quienes han padecido violaciones a sus Derechos Humanos.
  • Apoyo Integral: psicológico, médico y jurídico.

Ante los retos y desafíos que enfrenta la sociedad y el Estado Mexicano del siglo XXI, hay que ajustar normas y modernizar marcos normativos para cambiar realidades que hoy no podemos permitirnos en este siglo.

Nuevo Sistema de Justicia Penal

Este cambio jurídico es clave para asegurar la equidad en el debido proceso penal, para que las víctimas no estén en desventaja frente a los inculpados.

Es necesario que este nuevo modelo de justicia funcione correctamente para que no haya inocentes en las cárceles, ni criminales en libertad.

Los órganos de procuración de justicia y de administración de justicia tendrán la alta responsabilidad de ser mucho más profesionales, de poder realmente llevar averiguaciones debidamente sustentadas y soportadas en evidencias eventualmente científicas, que las indagatorias periciales deban arrojar para realmente probar la culpabilidad de todo inculpado o de toda aquella persona señalada de presunta responsabilidad ante la comisión de un delito.

"El Estado mexicano ha tenido, en respuesta precisamente para las víctimas, un ordenamiento jurídico que está diseñado y pone al centro del mismo a las víctimas".

"Las necesidades que tiene el Estado mexicano para asegurarse que el inculpado realmente sea culpable de la comisión de un delito, está, en buena medida, en la tarea que tienen que hacer las áreas de procuración"