Los bosques y selvas son de gran importancia para el país por su diversidad biológica, su valor económico, cultural y biológico. Cubren un tercio del total del territorio mexicano y en ellos habitan alrededor de 11.04 millones de personas, de las cuales un porcentaje considerable presentan carencias sociales (OECD, 2013; PRONAFOR, 2014). Estos ecosistemas son relevantes desde el punto de vista social, ya que son manejados por comunidades locales y son sustento para las personas que viven en condiciones de rezago social en las zonas rurales. Además son fuente de provisión de insumos, ayudan en la regulación del clima y provisión de agua, además de aportaciones culturales para la población. Por lo anterior, la conservación de los servicios ambientales y el uso sustentable de los bosques y selvas son primordiales para el desarrollo social del país.
En cuanto a la conservación de los servicios ambientales que proveen los bosques es relevante que, para la implementación de la política pública se cuente con alguna referencia de su valor económico. En particular de sus servicios ambientales, definidos como aquellos aspectos de los ecosistemas utilizados (activa o pasivamente) para producir bienestar humano (Fisher et al., 2007). Resaltando dos factores clave: i) que los servicios son un fenómeno ecológico, y ii) no tienen que ser directamente utilizados. De esta manera, dicha definición incluye la organización o estructura del ecosistema, así como los procesos y funciones ecológicas. En consecuencia, las funciones o procesos se convierten en servicios ambientales si existen individuos que se beneficien de ellos, es decir, sin individuos beneficiarios, no hay servicios.
De la provisión de estos servicios depende gran parte de la dinámica y funcionamiento de las actividades económicas, sociales y biológicas. A pesar de su importancia, hoy en día varios ecosistemas se encuentran en un estado de degradación por encima del nivel socialmente deseable. Esta situación es consecuencia de distintas fallas de mercado y de política, entre las que destacan que: i) los usuarios de los servicios ambientales no asumen los costos por los daños que producen sus actividades productivas a los ecosistemas; ii) falta información sobre los beneficios que generan estos ecosistemas; y iii) la ausencia de regulación en el derecho de uso y explotación de los mismos.