En las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey y Guadalajara, la concentración de ozono y de partículas suspendidas rebasa continuamente los límites establecidos en las normas mexicanas e internacionales para proteger la salud de la población y en estas tres metrópolis habita más de una cuarta parte de la población del país, que está expuesta a los riesgos que representa respirar aire contaminado. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportados para 2010, las partículas suspendidas son responsables de más de 3.2 millones de muertes prematuras en todo el mundo, siendo las partículas finas, con un diámetro menor o igual a 2.5 micras (PM2.5), las que ocupan el noveno lugar en la lista de los factores de riesgo asociados con los índices de mortalidad a nivel mundial, principalmente por enfermedades cardiovasculares (Lim et al., 2012).
Dado lo anterior, es necesario implementar acciones de política pública para reducir las emisiones y los precursores de estos contaminantes a la atmósfera y, por ende, los impactos negativos que causan en la población. Considerando que las acciones de política involucran costos y beneficios, las económicas de los impactos de la contaminación atmosférica son un elemento fundamental en la toma de decisiones de la política ambiental en varios países. Al respecto, el documento presenta una evaluación del impact económico por lo beneficios en salud alcanzados por la disminución de las PM2.5 en las ciudades analizadas.