Durante el foro, los autores del libro
intercambiaron ideas y opiniones sobre
políticas públicas, derechos humanos y
su relación con la educación.
Miguel Ángel Vértiz Galván, académico
de la Universidad Pedagógica
Nacional (upn), abordó el tema de la
educación indígena como un derecho
humano. Desde 2012 “la Ley General
de Educación establece muchas garantías
para la educación indígena. La Ley
de Educación de la Ciudad de México inclusive,
de manera muy avanzada, señala
que todas las personas tienen derecho a
recibir educación en su lengua materna.

La educación indígena
“Si hiciéramos un repaso, solamente
del tema jurídico, vemos que el derecho
a la educación de los pueblos indígenas
está muy bien reconocido. Habrá algunas
cosas que se puedan mejorar, pero
está muy reconocido si lo contrastamos
con la realidad, pues la población indígena
no recibe la educación en los términos
que se establece en la normatividad”.
Para el académico de la upn, esto
abre una pregunta: ¿por qué, si están
reconocidos los derechos de los pueblos
indígenas, los mecanismos de exigibilidad
no suceden?
“Si uno analiza la ruta jurídica para
hacer justiciable el derecho a la educación
en los términos que se establecen en derecho
a la ley, sería un verdadero viacrucis.
“Aunque es un derecho humano, la
educación se ve desde una perspectiva asistencial: el Estado es el que tiene que dar
la educación, pero no es el individuo el que tiene el derecho a ella, y el Estado te
la da en los términos en los que él decide, no en lo que al individuo le conviene”.

Exclusión y restricciones
De acuerdo con lo anterior, el ponente destacó dos puntos fundamentales: uno,
que llamó las restricciones institucionales que generan exclusión, pues “si bien está
reconocido el derecho, la forma en que se organiza el sistema educativo tiene una
serie de importantes restricciones institucionales que tienen que ver con la formación
docente, con la asignación del equipamiento en las escuelas, con la ubicación de
éstas, con los requerimientos burocráticos para poder darle educación a la persona.
“Hay elementos tan básicos como el acta de nacimiento que, no teniéndola,
es suficiente para que se eche a andar un mecanismo institucional que genera la
exclusión de las personas”.
Señaló que a esto habría que sumarle, como un segundo punto, los altos costos
de transacción para el acceso al derecho educativo, “que no son sólo los costos económicos,
aunque los incluye, pues existen una serie de elementos que tienen que
ver con la condición propia de marginalidad; es decir, no poder tener un domicilio
(los costos que genera regularizar su casa) y así acreditar una dirección.
“Este punto se centra en cosas que se pueden resolver, pero que son costosas en
términos de tiempo, dedicación, obtención de elementos, de documentos, etcétera.
Esta combinación de cosas genera un ambiente en el que las personas simplemente
son excluidas del disfrute del derecho humano a la educación”.

Derechos humanos y políticas públicas
En su intervención, María del Pilar Berrios Navarro, coordinadora del libro, destacó
la importancia del año 1991, momento en que México y 170 países más suscriben
la Declaración y Programa de Acción de Viena, en la cual los integrantes asumen
el compromiso de generar programas y políticas a favor de los derechos humanos.
Explicó que en ese año se comienzan a articular las organizaciones civiles. “En
ese momento aparecían de manera emergente las organizaciones ciudadanas, apoyadas
por un contexto cada vez más democrático. Muchas de ellas venían trabajando
desde 1960, pero es en el 91 que deciden articularse, y ya en 1994, el ex
presidente Ernesto Zedillo Ponce de León favorece la implementación del primer
programa de derechos humanos”.
En este tema, dijo, existe una diferencia entre una política con enfoque de derechos
humanos y políticas públicas, pues mientras la primera “es el marco axiológico
que va definiendo un deber ser, el enfoque de políticas públicas nos está marcando
el cómo, con quién y para qué hacerlo; en ese sentido, el binomio derechos humanos
y políticas públicas aparece”.
De igual forma, agregó que existe una “diferencia entre políticas de derechos
humanos y políticas con enfoque en derechos humanos. En las primeras encontramos
programas concretos y específicos, incluso actualmente existe una tendencia
donde cada Estado elabora sus propias políticas de derechos humanos; por otra
parte, las políticas con enfoque en derechos humanos significan que los programas
gubernamentales cuenten y respeten los derechos básicos, tales como la alimentación
y la educación”.
Carlos Ricardo Aguilar Astorga, también coordinador del libro, sostuvo que,
según los filósofos, la gran crisis de la posmodernidad es una crisis de conceptos, es
por eso que “la mayoría de las veces confundimos todo con todo. No sabemos qué
es políticas públicas y no sabemos qué son los derechos humanos, así que creemos
en las ocurrencias de los gobiernos, quienes te dicen que poner árboles en el camellón
es política pública pensada con enfoque de derecho ambiental, pero eso es sólo
un servicio que ofrece un agente gubernamental”.

Las políticas públicas resuelven problemas
Destacó que “las políticas públicas son construcciones colectivas que van a resolver
un problema específico de manera colectiva con una mutua ayuda entre sociedad
y gobierno. Aquí la sociedad civil es muy importante, porque si no existen
sujetos que se asuman como sujetos de derechos la política seguirá siendo vertical.
Si esto sucede entonces hablamos de políticas de gobierno, no de políticas públicas”.
Según lo anterior, Berrios Navarro puntualizó que una respuesta gubernamental
para resolver un problema social “debe contemplar las características, la cultura
y los intereses de los grupos a quienes va destinado ese conjunto de acciones. Necesitamos
políticas idóneas que sean producto de diagnósticos situacionales en donde
las definiciones de los problemas públicos, desde una perspectiva de los derechos
humanos, sean construidos de abajo hacia arriba”.

Un libro guía para hacer una tesis
Al concluir el foro, Aguilar Astorga invitó a los estudiantes a acercarse a este
tipo de temas, pues “cuando ejerzan su trabajo te van a pedir una tesis de marco
lógico, que llenes un árbol de problemas y uno de objetivos; hasta que expliques
cómo se están cumpliendo indicadores, cómo se están planteando metas, etcétera.
“Toda esta información de la programación que hay en la actualidad acerca
de cómo se ejerce la política educativa. Aunque la pedagogía se trate de la
relación alumno-docente, cuando salgan se verán inmiscuidos en relaciones de
poder y en políticas públicas enfocadas a la educación”.
Respecto al libro que presentan, María del Pilar Berrios explicó que en el texto
“logramos reunir una serie de trabajos e investigaciones con diferentes perspectivas,
pero todas coinciden en una preocupación: la falta de garantías de los derechos
humanos en México.

“Podemos encontrar materiales para
saber qué ocurre con la política social del
programa Prospera, sobre los derechos
humanos de las trabajadoras sexuales y
de la población lgttbi, siempre tomando
en cuenta cómo actúa el gobierno y
la sociedad".
Por su parte, Miguel Ángel Vértiz
detalló que al final del capítulo “propongo
una serie de elementos recabados
con la ayuda de las comisiones de derechos
humanos, para ofrecer información
y asesoramientos sobre cuáles son
las instancias donde se pueden solicitar
orientación y realizar procedimientos.
Reformas sobre simplificación administrativa,
acerca de formación, equipamiento
en las escuelas, etcétera”.
Coordinado por los doctores Carlos
Ricardo Aguilar Astorga y María del Pilar
Berrios Navarro, a lo largo del texto se
muestra cómo los marcos institucionales
y políticos que entraña la perspectiva
de derechos humanos son instrumentos
efectivos para atenuar, e incluso revertir,
la desigualdad real y también someter a
cuestionamiento profundo a las instituciones
sociales y públicas.
La positivación del derecho de los
derechos humanos ha logrado que existan
espacios institucionales que permiten
a diferentes sujetos sociales constituirse
en sujetos de derecho, lo que a su vez ha
dado instrumentos para su exigibilidad
y su consecuente vigencia, uno de ellos,
fundamental, es el espectro de políticas
públicas.