Boletín Conjunto
Ciudad de México, 26 de febrero de 2016
El Subsecretario del Trabajo, Rafael Avante Juárez, llamó a los laboralistas y a los funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de todo el país a trabajar intensamente en la cultura de la legalidad, a fin de materializar el acceso de los ciudadanos a la justicia cotidiana.
En su intervención en el Foro de Consulta para la Justicia Laboral Cotidiana, el funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social afirmó que “hacer justicia va más allá de una simple pretensión patrimonial, es restituir un orden, hacer lo que se tiene que hacer y lo que se debe hacer, no es una cuestión nada más de quien gana más o quien gana menos, de quien logró despojar al otro de algo, sino de cuál es el orden que debe prevalecer y al que todos estamos llamados a respetar”.
El Subsecretario del Trabajo comentó que este Foro, organizado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), representa un importante esfuerzo para avanzar de manera decidida en el tema de la justicia cotidiana, tomando como base las reflexiones, ideas y planteamientos de laboralistas, académicos y representantes de los sectores de trabajadores y de empresarios, así como de especialistas y personas interesadas en el tema.
Rafael Avante Juárez consideró que estas audiencias públicas y plurales darán mayor certidumbre y permitirán revisar qué ajustes se deben hacer en la normatividad, en los procedimientos y para la regulación de las simulaciones, donde los más perjudicados son el Estado, los trabajadores y los empresarios.
Sugirió, en ese sentido, sanciones más severas en lo personal y procesal para quienes mientan en los procesos; la revisión de la relación entre el abogado y su cliente, particularmente en el cobro de honorarios por parte del abogado, así como regular el tema de la oralidad para cuidar que no se vuelva un elemento retardador del procedimiento.
Entre otras reflexiones, el Subsecretario del Trabajo estimó importante revisar la forma en que se tramitan los desahogos en las probanzas, pero sobre todo en las periciales, para acabar con lo que denominó el “mercado de técnicos” o peritos.
“Hay que identificar conductas viciosas que lo único que buscan es retardar el procedimiento, u obtener una ventaja más allá de los que legalmente podría corresponder y que terminan afectando seriamente la impartición de justicia”, afirmó.
Por su parte, Taidé González Baca, Secretaria del Exterior de la Federación de Sindicatos Unidos de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), afirmó que los llamados “contratos de protección” se limitan a plasmar sólo las prestaciones establecidas en la Ley, lo que consideró un retroceso a la vida laboral y sindical del país, por lo que se pronunció por erradicarlos con el fin de evitar abusos indiscriminados.
Manuel Calderón Niño, del despacho Baker McKenzie, se refirió al régimen de subcontratación, el cual debe ser regulado, ya que -a su juicio- es una interpretación incorrecta de las actuales normas. También habló de la posibilidad de que las empresas puedan contratar personal con periodo de prueba y capacitación inicial; además de la imposición de fuertes multas a los abogados que actúen “de forma notoriamente improcedente” para prolongar, dilatar u obstaculizar la resolución de un juicio laboral.
En su oportunidad, Jorge Carvajal Smith, abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas, hizo un recuento de la situación jurídica de la desaparecida empresa Luz y Fuerza del Centro, y estimó necesario que en el futuro se tenga en cuenta en la Ley el costo social que representa una liquidación como la ocurrida en 2009.
Finalmente, Ana María Güemes Perera Oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), planteó una serie de ideas en torno al fomento de la lactancia materna y la paternidad en el ámbito laboral. Dijo que la protección a la maternidad y la paternidad es un derecho fundamental de acuerdo con el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
