Boletín Conjunto

México, D.F., 11 de Septiembre de 2013

 El Subsecretario de Inclusión Laboral firmó el Convenio de Colaboración para el Proyecto “Formación de Gestores Comunitarios en Derechos Humanos, Laborales y Agrarios con Perspectiva de Género”.

A fin de mejorar la calidad de vida de los jornaleros agrícolas del país, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social suscribió el Convenio de Colaboración para el Proyecto “Formación de Gestores Comunitarios en Derechos Humanos, Laborales y Agrarios con Perspectiva de Género”, con la Procuraduría Agraria, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

El Subsecretario de Inclusión Laboral, Ignacio Rubí Salazar, resaltó la suma de esfuerzos institucionales para la formación de dichos gestores, quienes asesorarán a trabajadores agrícolas en su comunidad de origen, durante el tránsito a las entidades destino y en los centros de trabajo.

A través de este Convenio, que tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2018, se pretende apoyar la certificación de competencias de jornaleros agrícolas, así como promover y procurar la defensa de sus derechos humanos, laborales y agrarios, con perspectiva de género, apuntó.

El funcionario federal destacó como componentes esenciales en este esfuerzo la Seguridad Social y la productividad, condición indispensable para contribuir al crecimiento económico y con ello mejorar los niveles de bienestar de los más de 500 mil trabajadores agrícolas migrantes, principalmente de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

“El contenido de este Convenio y sus alcances están enmarcados en los objetivos Plan Nacional de Desarrollo: apoyo a personas en condiciones de vulnerabilidad, la defensa de los derechos humanos y el impulso a la empleabilidad de los mexicanos, entre otros”, sostuvo.

Por su parte, el Secretario General de la Procuraduría Agraria, Eduardo Alviso Rentería, aseguró que para su dependencia es de primordial importancia dicho convenio, en virtud de está orientado a favor de los jornaleros.

El número de estos trabajadores agrícolas que son sujetos a derecho contemplados en la Ley Agraria, es relevante y su capacitación para que conozcan sus derechos es vital para ellos, dijo Alviso Rentería, quien asistió con la representación del titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar.

Tras enfatizar que la Procuraduría Agraria se suma al esfuerzo para atender a este sector de la población de una manera coordinada, mencionó que esa dependencia pone a disposición a sus 900 visitadores y 280 abogados en la materia, como fuerza de operación para el Convenio.

En su turno, la Presidenta de Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, consideró que el Convenio profundizará las acciones para cortar las brechas que separan a las trabajadoras jornaleras de su derecho al trabajo, a la autonomía económica, a la tenencia de la tierra y a permanecer en sus lugares de origen.

Las jornaleras, señaló, tienen una mayor vulneración a su derecho a la igualdad, ya que las expresiones de discriminación y violencia de género se recrudecen en el campo y en las personas indígenas, por lo que se tiene que trabajar con las comunidades y sus autoridades para revertir esta tendencia.

La funcionaria federal invitó a las titulares de las instancias estatales y municipales de la mujer a sumarse a este acuerdo para abarcar toda la República Mexicana y, de esa manera, aplicar los programas en cada una de las comunidades donde existe abuso hacia las jornaleras y sus familias.

El convenio fue signado además por el Director General para la Igualdad Laboral de la STPS, Sergio Saldaña del Moral; el Director General de Asuntos Jurídicos de la CDI, Francisco Cedillo Tecayehuatl; el Director General de Organización de la Procuraduría Agraria, Javier Elías Pérez Galindo, y la Directora General de Transversalización de la Perspectiva de Género del Inmujeres, María Guadalupe Díaz Estrada.

Al evento también asistió el Coordinador de Delegaciones de la Procuraduría Agraria, Francisco García Manilla; la Directora de Derechos Indígenas del CDI, Ismerai Betanzos Ordaz, y la Directora de Desarrollo Humano Sustentable, María del Carmen Juárez Toledo.