Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022

  • Se enviará la iniciativa de Ley Orgánica del Centro Local de Conciliación para establecer sus funciones y las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial local para resolver conflictos de la materia
  • La Jefa de Gobierno comentó que con estas acciones se establecerá la implementación del nuevo Modelo de Justicia Laboral en la Ciudad de México, como ya existe en otros estados del país

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se enviará al Congreso de la Ciudad de México dos iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, a fin de establecer la regulación de este centro, incluyendo su integración y funcionamiento, con las características mandatadas por la legislación federal en la materia; y una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México relativa a la materia laboral y con ello generar los nuevos Tribunales laborales.

“El día de hoy queremos presentarles la implementación del nuevo Modelo de Justicia Laboral en la Ciudad de México, hay varios estados de la República que ya entraron a este nuevo modelo (…) Estaremos enviando, el día de hoy, dos iniciativas al Congreso de la Ciudad de México, que es la Ley Orgánica de los Centros de Conciliación; y, en acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el Poder Judicial, también una Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que puedan incluirse los Tribunales Laborales”, expresó.

Luego de firmar las iniciativas que serán enviadas al Congreso capitalino, Sheinbaum Pardo comentó que hay un presupuesto original para infraestructura que otorga el Gobierno de México y se ejercerán cerca de 11 millones de pesos para poder terminar el edificio que albergue el Centro de Conciliación entre trabajador y patrón. Asimismo, se contempla que el Poder Judicial, incorporé en su propio presupuesto las nuevas salas de Justicia Laboral.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, celebró este paso rumbo a la implementación de la reforma en la Ciudad de México, ya que significa atender la deuda histórica en la materia que se tenía en nuestro país por el rezago en términos de libertad, democracia, justicia laboral, y permitirá que se resuelvan los asuntos con el nuevo modelo laboral que apuesta por la conciliación.

“Venimos de la presencia de juicios eternos con promedios de seis años en resolver cualquier tipo de conflicto laboral, había un sistema secuestrado por intermediarios, coyotajes, ya muy atrasado que no beneficiaba a trabajadores ni a empleadores”, subrayó.

Con las iniciativas que se enviarán al Congreso de la Ciudad de México abrirán los Centros de Conciliación y Tribunales laborales que ahora van a depender del Poder Judicial, como ya operan en 21 estados del país -de la primera y segunda etapa de implementación del nuevo Modelo Laboral-. Además, explicó que estas acciones han permitido que el 75 por ciento de los conflictos se resuelvan a través de la conciliación, y los casos que llegan a juicio en seis meses, lo que contrasta con los seis años del modelo anterior.

Señaló que se ha trabajado de manera muy cercana con el Gobierno capitalino en materia laboral y dijo que se prevé que el 3 de octubre de este año la Ciudad de México cuente con el nuevo modelo laboral; en esta fecha se dejarán de recibir nuevos casos en la Junta de Conciliación y Arbitraje capitalino y comenzarán a recibirse bajo el nuevo Modelo de Justicia Laboral.

El secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León, dijo que ambas iniciativas detonarán el proceso legislativo en el Congreso local para garantizar los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras en la capital del país que se suma a la construcción del Centro de Justicia Laboral.

Detalló que actualmente se tiene un rezago de 140 mil expedientes con casos que tienen hasta 10 años, ya que es un sistema que tiene 50 años en la ciudad. Además, esta reforma dará la posibilidad de acceder a un modelo de justicia laboral diferente que juzgue con perspectiva de género y de derechos humanos laborales, acceso a la justicia y reducir los tiempos de espera.

La reforma en materia de justicia laboral es la más trascendental en esa materia, al suprimir las Juntas de Conciliación y Arbitraje e instituyendo a los Tribunales Laborales. Esta modificación a los Artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que antes de acudir a los Tribunales Laborales, las personas trabajadoras y patronas deberán comparecer a la instancia conciliatoria correspondiente, cuya función estará a cargo de un Centro de Conciliación especializado e imparcial, señala la iniciativa de Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

Establece que el Centro de Conciliación Laboral tendrá la naturaleza de un organismo descentralizado que gozará de personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía de gestión para el ejercicio de sus atribuciones y estará sectorizado en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE).

Se específica que el Centro de Conciliación tenga, entre otras atribuciones, la de realizar la función conciliadora en los conflictos laborales de competencia local, como una instancia prejudicial a petición de las partes o de los Tribunales Laborales competentes de conformidad con la normativa aplicable; e impulsar el diseño de políticas y acciones públicas con el propósito de difundir entre patrones y trabajadores la conciliación, como un mecanismo previo a acudir a los tribunales laborales, entre otras.

En tanto, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México tiene por objeto, realizar las adecuaciones pertinentes a efecto de estar en condiciones de implementar los nuevos Tribunales laborales, donde se tramiten y resuelvan los conflictos de la materia, así como preparar a las personas juzgadoras y demás personal responsable de aplicar el Derecho Social, garantizando eficacia, calidad y legalidad en los servicios que se presten a los justiciables, así como el respeto a los principios que rigen los procedimientos laborales.

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