Boletín 225

México, D.F., 06 de mayo de 2014


• El titular de la STPS dio a conocer que se impuso una sanción de 13.4 millones de pesos a una mina de Grupo México, en San Luis Potosí.

La actuación de la autoridad laboral lleva implícito el cumplimiento de la ley y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, y con ello contribuir a contar con centros de trabajo cada vez más seguros, dijo el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, al dar a conocer la imposición de una sanción ejemplar de 13.4 millones de pesos como multa a la mina Charcas, de Grupo México, en San Luis Potosí.

En conferencia de prensa, Navarrete Prida subrayó que la STPS ha puesto especial énfasis en la verificación del cumplimiento de la normatividad en centros de trabajo mineros, toda vez que de enero de 2013 a la fecha, se han realizado 1,724 inspecciones a unidades mineras en todo el país, aunque anotó que si bien se ha logrado disminuir la siniestralidad en este tipo de actividad, lo cierto es que se siguen presentando accidentes, lamentablemente algunos de ellos fatales para los trabajadores.

El titular de la STPS recordó, en este contexto, el accidente ocurrido el pasado 12 de febrero en el área del tiro “Leones” nivel 18, de la mina de Charcas, ubicada en San Luis Potosí, propiedad de Industrial Minera México, S.A. de C.V. Entonces, la ruptura de los cables guía de una calesa, los cuales, con ocho toneladas de peso, cayeron sobre ésta, ocasionado la muerte de los trabajadores Benito Arriaga Gatica, Juan García Puente, Teódulo Rivera López, Isidro Rodríguez Ramírez y Blas Guzmán Gatica.

Mencionó que por este accidente, la autoridad laboral ordenó de manera inmediata una inspección extraordinaria correspondiente en materia de seguridad e higiene al centro de trabajo, la cual inició el día 14 de febrero y concluyó el 22 del mismo mes.

Derivadas del recorrido físico efectuado por las instalaciones de la mina se dictaron 32 medidas administrativas y 39 medidas técnicas de seguridad e higiene, de las cuales 11 son de aplicación inmediata y observancia permanente y que conllevan la restricción de acceso de los trabajadores al interior de la mina y a la limitación de operaciones de los recipientes sujetos a presión, añadió.

El encargado de la política laboral en el país puntualizó que “hasta en tanto el patrón o su representante legal acrediten ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, que se cumplen con todas y cada una de las condiciones de seguridad e higiene mínimas exigibles por la normatividad vigente continuará el cierre en el tiro ‘leones’, lugar del accidente”.

Hizo notar que desde el momento del accidente, la autoridad laboral, a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), ha venido acompañando a los deudos de los trabajadores fallecidos, para el pago de las indemnizaciones señaladas por Ley, en el Contrato Colectivo de Trabajo, además de otros apoyos especiales que Empresa y Sindicato se comprometieron a otorgar.

Aunque apuntó que, no obstante, la empresa indemnizó con montos superiores a los de ley, a los beneficiarios de los trabajadores fallecidos, la autoridad laboral “no puede ni debe pasar por alto que en ese centro de trabajo no se adoptaban las suficientes medidas de seguridad conforme a la normatividad aplicable y que, independientemente de las indemnizaciones, un accidente laboral cobró la vida de cinco trabajadores, consecuencia que pudo evitarse”.

El Secretario Navarrete Prida destacó que la dependencia a su cargo, en todo momento, ha contado con el apoyo y colaboración del Gobernador Constitucional de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, así como de las diversas autoridades gubernamentales vinculadas a esta actividad.

Observó que previo el desahogo del procedimiento administrativo sancionador correspondiente, el pasado 29 de abril la autoridad laboral resolvió, con base al Artículo 992 de la Ley Federal del Trabajo, individualizar, por cada uno de los trabajadores fallecidos, el monto de la sanción, por lo que se impusieron a la empresa multas por un total de 13 millones 445 mil 308 pesos.

Al responder preguntas de periodistas, rechazó que haya un ambiente de persecución u hostigamiento de carácter político contra líder alguno, y dijo que en el caso de Gómez Urrutia, se trata más bien de una orden de detención que quedó firme constitucionalmente, la cual no se generó en este gobierno, sino que ya existía desde el sexenio pasado.