Ciudad de México, 12 de junio 2020

  • En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, encabezó la XXIV Sesión Ordinaria de la CITI
  • Durante la pandemia se han redoblado esfuerzos en los Programas Prioritarios. Algunos de ellos tienen total relación con la erradicación del Trabajo Infantil

En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, encabezó la XXIV Sesión Ordinaria de La Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (CITI), que se llevó a cabo de manera virtual, en la que refirió que la situación inédita por la pandemia no solo ha surtido efectos nocivos en el ámbito de la salud; sino también ha alterado la economía, en particular la situación laboral de millones de trabajadores. 

“La situación actual que vive nuestro país nos hace bastante conscientes del reto que tenemos hacia adelante, no una institución, no solo un gobierno, sino todas y todos como sociedad en conjunto. Sabemos muy bien que es inadmisible el mantener en nuestro país la posibilidad que orille a niñas y niños a la necesidad de trabajar, cuando la infancia debe ser un momento en la vida donde se debe dedicar al aprendizaje, al esparcimiento, al desarrollo integral”.

La encargada de la política laboral del país reconoció que es indudable que los hogares en situación de pobreza son los que están resintiendo con mayor fuerza la situación por la emergencia sanitaria, y por ello resaltó la importancia de la estrategia nacional de esta administración de atender de manera prioritaria a las personas en mayor pobreza y marginación, sobre todo los pueblos indígenas, las poblaciones rurales que históricamente fueron desatendidas.

Asimismo resaltó que dentro de la propia estratega para atender al Covid-19 y el impulso a la economía se han redoblado esfuerzos en los Programas Prioritarios, dentro de  los cuales, algunos tienen total relación con el tema del Trabajo Infantil, como las becas a los estudiantes en los diferentes niveles, el apoyo a  las madres trabajadoras, Sembrando Vida, la Escuela es Nuestra; además de la Política de recuperación de salarios mínimos, y los programas de autocumplimiento en los centros de trabajo de la STPS.

Alcalde Luján recordó que México ha suscrito numerosos compromisos internacionales en la materia, entre los que destaca ser país pionero de la Alianza 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que busca acelerar las medidas para erradicar el trabajo forzoso, la trata de personas y la eliminación de todas las formas de trabajo infantil.

En este sentido, el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) añadió el compromiso de las partes para eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio.

La competencia en temas de trabajo infantil es tanto federal como local, por lo que se señaló como necesario fijar la coordinación y comunicación efectiva entre todas las partes para poder actuar de manera articulada desarrollando programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil.

Para fortalecer estas medidas, en la sesión también se aprobó la Red Nacional de Comisiones Locales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, la cual permitirá el fortalecimiento institucional, así como focalizar medidas de prevención, erradicación y restitución. En el mismo sentido, con el fin de responder de mejor manera a la pandemia de coronavirus, se aprobó la creación de un grupo de trabajo emergente sobre la situación del trabajo infantil en el marco del Covid-19.

Finalmente, la secretaria Alcalde reiteró el compromiso del Gobierno de México en la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas, por una parte, atendiendo a las causas estructurales de esta problemática desde un enfoque de políticas redistributivas e inclusivas, y por otra parte a través de la fiscalización que la autoridad laboral lleva a cabo para garantizar el cumplimiento de la ley.

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