Con relación al caso del programa de vigilancia conocido como Pegasus, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisa lo siguiente:
El programa Pegasus es una plataforma de origen israelí adquirido en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto en 2014 por el CISEN, hoy CNI. Su licencia venció en 2017, sin que se renovara posteriormente. Según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el sistema fue comprado por la entonces Procuraduría General de la República, institución que fue obligada a desinstalarlo por instrucción del INAI y en virtud del cúmulo de quejas que se recibieron sobre el uso discrecional que se le dio a Pegasus.
Actualmente existe una investigación abierta por la adquisición del sistema Pegasus y su posterior destino, la cual obra en la indagatoria (FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017), a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), y con la que la SSPC coopera al aportar toda la información necesaria a efecto de contribuir al esclarecimiento de este asunto y, en su caso, sancionar a los responsables que hubiesen incurrido en irregularidades o delitos.
Vale la pena aclarar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como sus organismos desconcentrados como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Nacional, no cuentan con el servicio del sistema Pegasus; en ningún momento se ha hecho uso de las herramientas de vigilancia que posee dicho software, ya que el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador decidió no renovar la licencia de operación.
La presente administración, congruente con sus convicciones y principios, seguirá cumpliendo con el compromiso irrenunciable de abandonar toda práctica de espionaje político o de intimidación de posibles adversarios con esquemas de vigilancia; eso es cosa del pasado. En la actualidad, los servicios de inteligencia se emplean de forma legal y transparente, sólo en beneficio de la seguridad de la población y con respeto a los derechos humanos.