Con relación a los sucesos registrados este jueves en la Estación Migratoria Siglo XXI cuando un grupo de migrantes africanos manifestaron sus inconformidades, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que en ningún momento se vulneraron sus derechos. Contrario a esto, se les brindó seguridad, orientación adecuada y se privilegió el mantenimiento de la paz.
La Guardia Nacional y la Policía Federal actúan en apoyo a los trabajos del Instituto Nacional de Migración. Dichas funciones están fundamentadas en el artículo 9 y 8 de sus respectivas leyes, que definen como atribuciones y obligaciones verificar, en coordinación con el INM, la estancia regular de personas extrajeras.
Tanto la Guardia Nacional como la Policía Federal participan en conjunto con autoridades federales, estatales y municipales, en la importante encomienda de combatir el tráfico de personas y a las bandas dedicadas a este negocio ilícito. El objetivo principal que busca la regulación de la migración indocumentada pasa precisamente por el combate a estos grupos criminales.
La política migratoria del Gobierno de México ha sido clara. El país enfrenta una emergencia humanitaria por el enorme flujo de personas que se internan de manera irregular a suelo mexicano. Este flujo es atendido por medio de la aplicación de protocolos de respeto irrestricto a los derechos humanos. Sin embargo, la entrada de extranjeros a territorio nacional debe darse de manera regulada y bajo el respeto de las leyes mexicanas.
México trabaja de manera coordinada con los países de Centroamérica en un Plan de Desarrollo Integral para atender los retos comunes en la región, no solo el ámbito del control migratorio sino en la generación de oportunidades de trabajo y desarrollo para atender las causas sociales que originan la expulsión de personas de sus países de origen.
Un ejemplo de estos esfuerzos es la implementación de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en distintos municipios de El Salvador y Honduras, todo esto financiado por el Fondo Yucatán que cuenta con 60 millones de pesos. Con los recursos de dicho fondo se está reforzando la infraestructura de atención migratoria, que había padecido un prolongado abandono en los últimos años.
Finalmente, respecto a los migrantes que están a la espera de resolver su situación migratoria en territorio mexicano ya se encuentra en marcha el punto de apoyo “Leona Vicario”, que brindará empleo, de acuerdo con las leyes mexicanas, a las personas que esperan por su resolución de asilo.